FIPCA marchó al Lago Escondido contra la «privatización» ilegal de Lewis

Entre el 5 y el 11 de marzo una treintena de  integrantes de la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA) llevó adelante la iniciativa llamada Marcha Pacífica por la Soberanía a Lago Escondido, el ojo de agua que el magnate británico Joe Lewis pretende mantener ilegalmente como espacio privado y para uso personal.

Durante la conferencia de prensa brindada en Casa Rosada el pasado 17 de enero, el presidente Mauricio Macri planteó una defensa pública del millonario frente a las reiteradas denuncias por apropiación ilegal de un curso de agua que debería ser de acceso público para toda la población, tal como plantean el Código Civil y la Constitución Provincial (su artículo 73 sostiene que debe asegurarse el “libre acceso con fines recreativos a las riveras de espejos de agua de dominio público”).

Pero cuando Lewis adquirió las miles de hectáreas que rodean al Lago Escondido, en la zona cordillerana de Río Negro, consideró que el lago era privado y comenzó a prohibir el acceso público. En un momento mejoró el llamado camino Tacuifí y también prohibió la circulación de vehículos particulares por el mismo, considerándolo camino privado y no atendiendo los sucesivos fallos judiciales que lo obligan a abrirlo. Así y todo el presidente Macri, que se alojo varias veces en la mansión frente al lago y conoce perfectamente la situación, sostuvo que Lewis (a quien definió reiteradamente como su “amigo”) no sólo no obstaculizó el acceso sino que ahora el Escondido “tiene un mejor acceso del que tenía que antes que Lewis compre esa propiedad”, destacándose en especial “un acceso peatonal desde la ruta nacional”.

La larga marcha

Como había hecho hace algunos meses la senadora por Río Negro Magdalena Odarda, un grupo de integrantes de la FIPCA decidió probar directamente la falsedad de los dichos del presidente intentando recorrer el famoso “acceso peatonal” al lago, probando la transitabilidad del mismo y las condiciones de seguridad que presenta para garantizar el libre acceso de cualquier ciudadano al espejo de agua, como garantiza la ley.

La comitiva compuesta por 26 personas, entre las que se contaban entre personalidades de la cultura, el deporte, los derechos humanos, periodistas, investigadores, universitarios y ciudadanos de diferentes agrupaciones (Nuevo Encuentro, La Cámpora, Patria Para Todos, ATE Capital, Suteba, etc.), además del presidente de la Fundación, Julio César Urien, emprendió el día 5 el recorrido por el sendero del Cajón del Río Azul hacia Lago Escondido. Arribar al ojo de agua les llevó algo más de tres días, por un camino “de montaña” que implicaba un “esfuerzo enorme”.

Las dificultades de este acceso, por el que hay que atravesar arroyos, desfiladeros y sectores de escalada muy dificultosa, lo convierten en “intransitable para la población en general”, según afirman.

Al llegar al lago se encontraron con “varias hileras de personal de medio ambiente, gendarmería, policía de la provincia de Río Negro, y más atrás, personal de la empresa de Joe Lewis” (que suelen ser parte de la política de “amedrentamiento” del millonario para sostener la “privatización de hecho” del Escondido) que les informaron que no tenían derecho a acampar en la orilla. Defendiendo su derecho legal, los integrantes de la comitiva montaron su campamento en la cabecera del lago, donde estuvieron haciendo uso del agua durante dos días. Se nadó, navegó y pescó en esas aguas que Lewis considera privadas, con plena libertad de derecho.

Las lluvias caídas durante los dos días de acampe dificultaban aún más el camino de vuelta por lo que sólo 8 de los más avezados montañistas volvieron por el sendero del cajón del Azul, mientras que el resto intentó conseguir autorización para volver por el “camino privado” de Lewis. Según relatan: “La policía nos comunicó que si pasábamos la mitad del lago podía haber una confrontación con el personal de Joe Lewis. Ellos querían evitar eso y nos plantearon la necesidad de organizar una evacuación de acuerdo al protocolo de rescate”.

Se acordó con las autoridades que no se iba a implementar el rescate y que serían trasladados en lanchas (propiedad de Lewis) hasta el camino desde donde fueron evacuados en camionetas del municipio. Finalmente, “violando el acuerdo”, el protocolo fue implementado y “presentado por los medios relacionados con la empresa del lago, como una evacuación de emergencia”. “Todo eso fue una pantomima”, afirma el comunicado de la FICIP.

El texto destinado a hacer pública esta acción que apuntaba a demostrar que “el lago es público y pertenece al conjunto del pueblo argentino”, en sintonía con los reclamos que hace años vienen llevando adelante diversas organizaciones sociales de la región, concluye planteando: “Nosotros tomamos relación con las organizaciones sociales del Bolsón, en donde ratificamos la realidad de ese camino totalmente impracticable y la necesidad de abrir el camino del Tacuifí como ordena la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Río Negro, para que todos los argentinos puedan acceder al lago”.