Policía de la Ciudad: «Entre la normativa y la realidad se cuela el Fino Palacios»

Rafael Gentili, integrente del Laboratorio de Políticas Pública y ex legislador porteño del movimiento Proyecto Sur, analizó en diálogo con «Fuera de Servicio» (Radio Sur 88.3), la fusión de la Policía Federal y la Metropolitana.

– ¿Cómo es el tema de la jurisdicción entre la Federal y la Metropolitana ahora que se unificaron? Se ven uniformes de ambas fuerzas…

– Sí, en términos legales y operativos la parte de la Policía Federal que cumplía las funciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, lo que era la vieja Superintendencia de Seguridad Metropolitana y la Policía Metropolitana que creó Mauricio Macri cuando fue Jefe de Gobierno son una sola policía denominada Policía de la Ciudad, con una ley específica que votó la Legislatura. Está bajo el mando operativo y político del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más allá del proceso de adaptación en el tema de los uniformes, hay otro problema que es que también tiene que asimilar dos escalafones policiales diferentes, dos fuerzas que tienen una matriz de conformación diferente, con vicios diferentes.

Más allá de la cuestión de los uniformes, claramente la policía hoy depende de Horacio Rodríguez Larreta.

-Mencionabas el tema de los escalafones de las dos fuerzas que se unifican en esta nueva Policía de la Ciudad. ¿Cómo queda la situación laboral, cómo van a convivir? ¿Cómo se garantiza que los agentes de ambas fuerzas cobren el mismo salario por la misma tarea?

– No solamente es un problema con la Policía, sino con todas las áreas que por la Constitución de la Ciudad y por el proceso de autonomía de la Ciudad tienen que ser transferidas de Nación a la Ciudad. La Policía es uno de los casos pero también ahora se está discutiendo el traspaso de una parte importante de la Justicia nacional. Y tienen la garantía de que no se tocan los derechos adquiridos de los trabajadores que estaban bajo Nación. Lo que pasa es que muchas veces esos temores son ventilados y agrandados por sectores de estas corporaciones que se resisten a este traspaso no por cuestiones salariales, por un perjuicio en sus bolsillos y en sus derechos laborales, sino por el riesgo de perder algunas de sus quintas, de sus privilegios o tener la amenaza de ser controlados más de cerca de lo que lo son en el ámbito nacional.

Eso me parece que es lo que uno ve públicamente. En el caso de la Policía recordemos que ya en la gestión de Florencio Randazzo en el Ministerio del Interior se le sacó toda la gestión de los pasaportes y eso fue un golpe importante para la actividad de la Policía Federal.

El traspaso implica también sacarle algunas tareas que la Policía tiene naturalizadas como propias y que son una fuente de poder, como por ejemplo la potestad de recibir las denuncias. El proceso judicial por el tipo de procedimiento penal que tiene la Ciudad de Buenos Aires implica sacarle a la Policía muchas funciones de investigación, por lo que pasa a ser más un complemento de las fiscalías. Entonces todo eso quita autonomía a la fuerza policial que está muy acostumbrada a manejarse autónomamente del poder político y eso genera resistencias en muchos integrantes, sobre todo en la conducción.

Y estamos hablando de un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta que no se caracteriza por tener una visión antipolicial o considerar necesario implementar el acuerdo de seguridad democrática, que es uno de los pilares por los que se vino luchando hace mucho tiempo y que en la época kirchnerista más o menos se logró avanzar, con mucha dificultad, que implicaba el control civil sobre la fuerza policial.

Entonces ni siquiera estamos hablando de un gobierno que busca eso, pero sí el traspaso implica un mayor control sobre ciertas actividades de la vieja Policía Federal y eso genera resistencias.

– En ese contexto, ¿cuál es el marco regulatorio que va a tener la nueva policía en cuanto a los derechos humanos de los ciudadanos?

– El proceso de traspaso implicó una nueva ley de marco de actuación de la Policía y de funcionamiento en el cual intervinieron todos los bloques y fue votada por casi todos, intervinieron también organismos de derechos humanos… Diríamos que la ley no tiene demasiados problemas. El tema es que entre la normativa y la realidad se cuela el «Fino» Palacios. No hay un problema normativo. Tenés toda la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y todas las normas vigentes en la Argentina con rango constitucional. E interviene el Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en diferentes causas… Una de ellas Bulacio, por ejemplo, sobre la cuestión de las razzias, como las que se vivieron el otro día en el Paro Internacional de Mujeres.

Hay mucha tela escrita que debería enmarcar la acción de cualquier fuerza de seguridad del país. Lo que nos parece preocupante no es un tema normativo. No, la Policía pasa y el marco legal de actuación que tiene la Policía es mucho mejor que cuando estaba bajo el ámbito nacional.