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13 marzo, 2017

Ley de alquileres: “Las empresas no quieren que el Estado se meta”

Fernando Muñoz, a cargo de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue entrevistado por “Fuera de Servicio” (Radio Sur 88.3) sobre el estado actual del proyecto de ley de regulación de los contratos de alquiler que tuvo media sanción en el Senado a fines de 2016.

Fernando Muñoz, a cargo de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue entrevistado por “Fuera de Servicio” (Radio Sur 88.3) sobre el estado actual del proyecto de ley de regulación de los contratos de alquiler que tuvo media sanción en el Senado a fines de 2016.

– ¿Cuáles son las principales diferencias del proyecto de Ley de Alquileres con la normativa vigente actualmente?

– Lo que rige es el Código Civil reformado en agosto de 2015. Esas reformas fueron discutidas durante dos años aproximadamente y no hubo en todas las audiencias previas mención siquiera a la situación de los alquileres, por más que esté incluido.

La ley presentada por organizaciones de inquilinos, sobre todo las nucleadas en el Frente de Inquilinos Nacional es bastante precisa en algunos temas que el Código Civil ha dejado en el aire. Por ejemplo, el tema de las expensas. Fija que las extraordinarias las debe pagar el propietario y las regulares de todos los meses el inquilino. En los contratos, lo que  lo general se deja muy en abstracto, entonces al no especificar lo termina pagando el inquilino.

El otro punto importante es la devolución del depósito actualizado. Hay un problema muy grave en esta época con la devolución del depósito que deja el inquilino al comenzar el alquiler.  En el proyecto se asienta que 60 días antes de terminar el contrato se debe pactar la devolución del depósito al inquilino. Más allá que haya renovación o no, para dejar de especular con esto de que uno hasta el último día está esperanzado en renovar el contrato y después el propietario sale con una cifra brutal para renovar. Además hay una cláusula que implica un índice anual de aumento de los alquileres.

– El año pasado en el Senado fue votado por unanimidad, ¿por qué creés que se ponen tantas trabas para tratarlo en Diputados?

– En la historia de la regulación de los alquileres hubo 50 años, entre 1923 y 1973, que siempre hubo alguna manera de por lo menos hacer previsibles los alquileres. Siempre hubo índices. Fue Videla en 1976 que liberalizó totalmente, dijo que era un contrato entre dos personas y por lo tanto el Estado no se tenía que meter. Y a pesar de los años que llevamos en democracia nunca el Estado volvió a intervenir en lo que son los precios de los alquileres.

Hay una especulación muy grande, intereses muy poderosos, de empresas que interviene en construcción de vivienda y fija los precios y no quiere que se meta el Estado. Y después hay una cultura de la clase dirigente, donde los medios conservadores influyen, en que si se regulan los precios de los alquileres se pueden disparar.

Esto genera la necesidad de que las organizaciones tengan que hablar con cada uno de lo sbloques de diputado para explicar que esto no es una legislación terrorista sino una adaptada a una crisis brutal que viven los inquilinos a nivel nacional fruto de la arbitrariedad. Es una ley de emergencia, se fija un ajuste anual que es un mix entre el Índice de Precios al Consumidor y las paritarias. Como viene la mano, no va a favorecer tanto al inquilino, pero sí a frenar la arbitrariedad del mercado. Más que discutir si el índice que planteamos lo que queremos es que el Estado vuelva a recuperar la facultad de decir cuánto tienen que aumentar los alquileres.

– ¿El proyecto está frenado por el lobby imobiliario, que es afín al gobierno nacional?

– Sí, por el lobby, pero también porque hay una realidad que se está modificando en los últimos tiempos: hay un excedente de ganancia muy alto de algunos sectores por ejemplo el del agro, que ha invertido mucho en las grandes ciudades como Buenos Aires y Rosario. Y ese sector atraviesa a buena parte de la dirigencia política. Por día en la ciudad de Buenos Aires se inscriben tres sociedades anónimas dedicadas a construir y comercializar en el mercado inmobiliario y administrar edificios. Es un sector muy poderoso. Y no quiere que nadie se meta.

Con los contratos de alquiler que se están firmando, gran parte de los inquilinos firman con una gran incertidumbre de si van a poder cumplir con el contrato cuando se ajuste semestralmente. Ahora es aproximadamente un 15%, lo cual acumula un 32, 33% anual. Hay una situación social que no se puede negar.

– Se sabe también de un contraproyecto que está presentando el oficialismo, pero no se sabe mucho, ¿en Inquilinos Agrupados saben algo?

– Cuando se aprobó en el Senado, Clarín sacó una nota diciendo que el ministro de la Producción Francisco Cabrera se había reunido con la Cámara y la Unión Obrera de la Construcción, y que habían estado conversando un proyecto alternativo. Agitando el fantasma de que por un lado pueden aumentar los alquileres, por otro lado se puede paralizar la construcción.

Yo hablé con un dirigente importante de la UOCRA y dijo que de lo que único que habían hablado era la conservación de los puestos de trabajo. Ya ha habido un desastre en la construcción y también en los aportes jubilatorios, cada vez está más en negro. Para nada se había hablado de alquileres. Fue un rumor que los medios echaron a correr, que son voceros de los desarrolladores inmobiliarios.

Cuando hablamos con Daniel Lipovetsky, diputado del PRO que preside la comisión de Legislación General a la cual tiene que ir el proyecto, tampoco estaba anoticiado de ningún proyecto del Ejecutivo.

Insisto, los grandes grupos económicos son los jugadores de verdad en esta discusión. Los que tienen muchos edificios, muchas propiedades no quieren que haya ninguna ley. La ley son ellos mismos y el Estado no se tiene que meter. Dudo que haya un proyecto alternativo.

– ¿Cuándo esperan el tratamiento de la ley?

– Según dijo Lipovetsky, durante marzo, cuando empezaran las sesiones ordinarias, iba a poner en discusión el proyecto en la comisión. Si hay consenso en la comisión, debería salir en el primer semestre. Lo que hay que tener en claro es el volumen del que estamos hablando. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires hay 400 mil contratos de alquiler de vivienda. Cuanto más se atrasa la discusión, peor va a ser la situación social de los inquilinos. Para un inquilino cada mes es fundamental.

Imaginémonos que si el 1ro de marzo se venció el contrato de alquiler y el inquilino lo renovó, en un año y medio va a estar pagando el doble de lo que pagó en febrero. Ya de entrada ponen un 40% más en el alquiler, más 15% semestral. Nadie se puede imaginar que dentro de un año y medio esté en condiciones de afrontar algo así. Es una situación de emergencia. El Congreso debería tratarlo lo más rápido posible.

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