#8M: “Hay un mensaje muy claro de criminalización de la protesta”

Este jueves se realizó una conferencia de prensa para denunciar las detenciones “arbitrarias, ilegítimas, ilegales y violentas” que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad en la noche del 8 de marzo.

Con la presencia de decenas de organizaciones feministas, sociales, políticas y de derechos humanos, en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), distintas referentes repudiaron y denunciaron el accionar violento de la policía luego de la movilización que convocó a 200 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Paro Internacional de Mujeres.

Paula Litvachky, abogada responsable del Area de Justicia y Seguridad del CELS, afirmó que “hay un endurecimiento en la respuesta estatal en contextos de protesta social”. “No se puede leer como otra cosa que como un mensaje que aporta incertidumbre sobre la garantía del derecho a la protesta”, planteó.

La policía, según denunciaron las voceras, realizó “detenciones masivas e indiscriminadas” en lo que calificaron como una situación de “descontrol con protección política”.

“Son prácticas policiales que están prohibidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Bulacio condenó a la Argentina justamente por la intervención en detenciones masivas e indiscriminadas sin orden judicial, conocidas como razzias”, explicó Litvachky.

Y aclaró: “Las razzias en un contexto post marcha son conocidas como cacería. Lo que se vio es eso. Una cacería policial dos horas después que había terminado la movilización”. Se producen de ese modo, sumó la abogada, “porque se aprovechan de la desprotección de las personas al haberse desarticulado la protesta y no estar acompañadas y contenidas por la movilización”.

“La intervención policial fue totalmente irregular, sin ninguna situación de flagrancia y con un accionar sumamente violento. También fueron discriminatorias, había tres chicas migrantes y otras del colectivo lésbico que contaron que fueron agredidas verbalmente por los policías. En las comisarías se dieron requisas vejatorias que también están prohibidas”, detalló la integrante del CELS.

A eso se suma que, para justificar la detención arbitraria la policía armó a posteriori de las detenciones “causas por resistencia, atentado a la autoridad, lesiones y/o daños”. “Esto da un mensaje muy concreto de criminalización de la protesta”, aseguró.

Por otro lado, criticaron la ausencia de interlocutores políticos o policiales a cargo del operativo y afirmaron que costó mucho conseguir tanto el listado de personas detenidas, como las causas por las que estaban detenidas.

En ese sentido, María Rachid, del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que estuvo -como la mayoría de las participantes en la conferencia de prensa- recorriendo comisarías por la noche del miércoles, aseguró que “no hubo ningún resorte administrativo ni del Poder Ejecutivo ni Judicial que permitiera una intervención para liberar a las compañeras y compañeros detenidos en todo el tiempo que estuvieron, entre las 23 y las 9.30”. “Estaba circulando un montón de información y videos como para aclarar la situación”, indicó.

“Se interpuso un hábeas corpus justamente para tener información, en el marco de las peores prácticas policiales”, agregó Litvachky que fue muy crítica con el desempeño judicial: “Quieren dar un mensaje sobre la protesta social, pero también reforzar la idea de ‘mantener el orden público’”, remarcó.

A la arbitrariedad de las detenciones -vale aclarar que se realizaron más de dos horas después de concluida la movilización y que muchas de las detenidas estaban o en pizzerías de la zona o eran periodistas intentando cubrir los hechos- se sumaron los maltratos físicos -una de las jóvenes tuvo que estar de pie toda la noche porque la celda solitaria en la que la ubicaron estaba cubierta de materia fecal, por ejemplo- y una gran deficiencia en la ejecución del procedimiento que les permitiera estar en libertad. Además, los policías no estaban identificados como la ley indica.

“Se busca un disciplinamiento a las mujeres que participamos en manifestaciones pacíficas, democráticas y masivas para reclamar por nuestros derechos y contra las políticas de ajuste. Quieren crear temor a otras”, afirmó a su turno Mariana Carbajal, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos y de la Comisión Directiva del CELS.

En la conferencia de prensa participaron dos de las jóvenes detenidas. Una contó que les hicieron firmar documentos sin permitirles leerlos antes. La otra que en varias ocasiones registraron que había sido detenida en Plaza de Mayo y cuando ella intentaba corregirlos, porque fue a unas cuadras, le decían que no importaba.

Desde el público intervino Horacio Verbistky, director del CELS que no sólo ratificó la identidad de Horacio Montagut (el varón que sostenía la bandera papal frente a la Catedral) como un trabajador del Ministerio de Seguridad de Nación y militante de la agrupación neonazi Bandera Vecinal, sino que aseguró que los hechos no fueron casuales. “Fue una provocación del gobierno nacional, organizada deliberadamente frente a la enorme manifestación”, dijo el periodista de Página/12.

“A una estudiante de un instituto terciario de Haedo, María Cardozo, que iba por primera vez a una marcha le dispararon tres balazos de goma desde el interior de la Catedral”, contó por su parte Laura Marrone, legisladora de la Ciudad por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). “No es casual que fuera al Argerich y que intentaran despegar lo que le pasó a ella y otras chicas de las detenidas”, apuntó.

Este jueves empezaron a intervenir oficinas de la Procuración General de la Nación: la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Con esas investigaciones específicas se buscará determinar responsabilidades policiales y políticas.

Desde el Ministerio Público de la Defensa porteño (MPD), además, en un comunicado denunciaron y rechazaron la violencia policial. «Fueron agredidas y detenidas dos trabajadoras del MPD, que habían ido a cubrir la marcha e intentaban registrar el accionar policial», para realizar las denuncias correspondientes ante la Procuvin.

Mientras la abogada de derechos humanos Nelly Minyersky expresaba su preocupación por lo que consideró “un retroceso histórico”, la integrante de Ni Una Menos, Mariana Carbajal, reafirmaba lo que el movimiento expresó desde que se conocieron los hechos: “El colectivo de mujeres ha demostrado que este tipo de acciones no desalienta sino todo lo contrario”.

Si estuviste presente durante la represión, la sufriste en primera persona o te detuvieron este 8 de marzo luego de la movilización, acercate a la Procuvin (Perón 667) o llamá al +(011) 5143-0803.