Comisaria de Pergamino: «Las muertes son responsabilidad del Estado provincial»

El jueves a la tarde siete personas que estaban privadas de libertad en una comisaría de Pergamino murieron encerrados durante un incendio. Las familias mostraron ante las cámaras los mensajes de texto dónde anunciaban que la policía los iba a matar apenas unos minutos antes de que las voces oficiales anunciaran las muertes.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado el viernes con el título “Las muertes de pergamino son responsabilidad del Estado provincial”. El organismo afirma en ese documento que “lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia”.

Personas privadas de libertad en comisarías -medida prohibida por la Corte Suprema desde el año 2005-, con colchones de material inflamable, con facas y fuego a disposición, hacinados y encarcelados por delitos menores -como tentativa de hurto agravado, daño, lesiones culposas o encubrimiento-.

Las vidas de Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre fueron puestas en peligro desde el mismo momento que un policía los llevó a la dependencia y un juez autorizó esa forma de alojamiento. La falta de condiciones dignas para vivir -y esto incluye la seguridad de las personas privadas de libertad- resulta una forma de castigo no estipulada en ningún código penal o procesal. Es, sencillamente, la consecuencia de la negligencia del Estado y el resultado de su política criminal.

Entre diciembre del 2015 y marzo del 2017 la tasa de encarcelamiento aumentó 13 puntos -pasó de 210 a 233 detenidos cada 100 mil habitantes-. El Servicio Penitenciario Bonaerense informa que hoy hay 38.089 personas en sus dependencias. Las cárceles federales también están colapsadas -y en un 60% por ciudadanos sin condena firme- y arrojan números de sobrepoblación.

La consecuencia directa de esta política es el trato inhumano, la violación de los derechos humanos y el riesgo sobre la vida de cada persona que llega a un dispositivo penal. Entre diciembre del 2015 y febrero del 2017 la población alojada en comisarías de la provincia de Buenos Aires aumentó de 1836 a 3014. Según datos oficiales, informa el CELS, hay 1105 camastros. Las comisarías bonaerenses están un 172,8% sobrepobladas cuando el número que -según la Corte Suprema- debería haber en esas dependencias equivale a cero. Nada. Ninguna persona.

Podría parecer que esto se soluciona con la construcción de más cárceles, mejor equipadas, más seguras. Pero el mismo fallo del 2005 de la Corte marca otro rumbo: «Se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen, lo que impide hacer cesar la violación de derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida y a la integridad personal de los presos, del personal de custodia y de terceros».

El CELS afirma en su comunicado: “Las muertes ocurridas son el resultado de este cuadro de situación, responsabilidad de los tres poderes del Estado de la provincia que endurecen el sistema penal, no controlan adecuadamente lo que ocurre en el sistema penitenciario y las comisarías y no protegen los derechos más básicos de las personas bajo su cuidado”.

El Poder Ejecutivo de la provincia -que encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal- declaró la emergencia penitenciaria. Los resultados fueron escasos. No hay plan para desalojar las comisarías ni para encontrar lugares más apropiados. La salida más inmediata -así lo propone el CELS- parece ser la sanción de una ley de control sobre la población de detenidos que pueda revertir la crisis humanitaria en las cárceles y comisaría.