Rusia y Trump: Jeff Sessions protagoniza un nuevo capítulo

La campaña, la transición y finalmente la presidencia de Donald Trump están marcadas por una gran cantidad de escándalos de distinta índole. Desde las declaraciones machistas y apologéticas del abuso sexual que el presidente hizo en una conversación con el presentador televisivo Billy Bush, pasando por la estafa de la “Universidad Trump”, hasta la discriminación contra una ganadora venezolana del concurso Miss Universo.

Trump se sobrepuso a todos, o por lo menos logró ponerlos en segundo plano en su camino hacia la Casa Blanca. Pero hay uno que no es capaz de sacudirse hasta ahora: el de la supuesta interferencia de Rusia en la campaña electoral contra Hillary Clinton.

Ahora, el protagonista del nuevo capítulo del escándalo es el fiscal general (equivalente al ministro de Justicia), Jeff Sessions. Durante las audiencias en el Senado para su confirmación en el cargo, el antiguo senador por Alabama había afirmado “no haber tenido ninguna comunicación” con funcionarios rusos.

Sin embargo, se hizo público que, durante 2016, mantuvo al menos dos reuniones privadas con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak. Estos encuentros no fueron ultrasecretos ni ocurrieron en un estacionamiento en penumbras a la usanza hollywoodense; fueron en su oficina del Capitolio y respondieron, aparentemente, a su rol como miembro de la Comisión de las Fuerzas Armadas en la Cámara Alta.

Como consecuencia de este descubrimiento, y ante los pedidos de renuncia de los demócratas y algunos republicanos, Sessions debió recusarse de la investigación por el hackeo de las cuentas de Clinton durante la campaña. Encargado de esta tarea está el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dependiente del departamento de Justicia.

El último de una larga lista

Sessions no es el primer funcionario del gabinete de Trump a quien se lo comprueba algún tipo de relación con Rusia. De hecho, sin dudas no es el que tiene el trato más fluido con el país euroasiático.

Otros, como el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el de Comercio, Wilbur Ross, construyeron amplios lazos de negocios con la oligarquía rusa. Tillerson, de hecho, recibió del propio Vladimir Putin la “Orden de la Amistad”, una distinción oficial. Ross, por su parte, integró durante la presidencia de Bill Clinton el directorio del fondo ruso-estadounidense de inversión, creado tras la disolución de la Unión Soviética.

Michael Flynn, el asesor principal de Seguridad Nacional de Trump, debió renunciar en enero luego de que se conociera que había discutido con Kislyak el posible levantamiento de las sanciones económicas contra Rusia por la anexión de Crimea, sin informarle al vicepresidente Mike Pence, que estaba a cargo del equipo de transición presidencial.

Mucho antes, cuando la campaña del magnate neoyorquino estaba en pañales, se hizo público que Paul Manafort, jefe de su equipo, había recibido 12,7 millones de dólares de parte del Partido de las Regiones ucraniano, liderado por el ex presidente prorruso Viktor Yanukovich. Su lugar fue ocupado por Stephen Bannon y Kellyanne Conway, que siguen teniendo importantes roles en la Casa Blanca.

Un largo prontuario

Aunque Sessions se hizo a un costado de la investigación respecto al hackeo de las cuentas de Clinton, su nombre todavía está en el ojo de la tormenta. Las críticas por las reuniones con el embajador ruso son las últimas de una larga lista que recibió el fiscal general.

Desde su designación, y previo a su confirmación, se conocieron hechos como que en 1989, el Senado le negó un juzgado federal tras escuchar un testimonio que afirmaba que había utilizado la palabra “nigger” para definir a personas afroamericanas. También se supo que había bromeado sobre el Ku Klux Klan, que “le caía bien” hasta que supo que fumaban marihuana.

Se lo acusó también de decirle a un asistente de la fiscalía afroamericano que “tuviera cuidado con cómo le hablaba a los blancos”, y de haber afirmado que la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) era “anti-estadounidense”.

Como fiscal general de Alabama, combatió duramente contra la realización de una conferencia por los derechos LGBT en la universidad estatal. En 2015, cuando la Suprema Corte se posicionó a favor del matrimonio igualitario, Sessions afirmó que se trataba de “un esfuerzo por secularizar, mediante la fuerza y la intimidación”.

Ya como senador por su Estado, apoyó fuertemente la implementación de la ley conocida como Alabama HB 56, la más dura a nivel regional respecto a la inmigración. Modelada a partir de una ley similar en Arizona (la SB 1070), permitía a la policía detener a cualquier persona de quien se tuviera la “sospecha razonable” de que era inmigrante ilegal.

Pero la política estadounidense es profundamente compleja, más aún en la era Trump. Y no fueron el racismo, la homofobia ni la xenofobia las cuestiones que pusieron a Sessions contra la espada y la pared. Fueron los rusos.

Nicolás Zyssholtz – @likasisol