Nacionales

1 marzo, 2017

Rutas aéreas: imputan a Macri por asociación ilícita

El fiscal Di Lello imputó al presidente de la Nación y otros funcionarios del poder ejecutivo. También a miembros de la empresa Avianca y empresarios del sector aeronáutico por la presunta comisión de los delitos de: asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y tráfico de influencias.

El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente de la Nación y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. También a miembros de la empresa Avianca y empresarios del sector aeronáutico por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y tráfico de influencias.

El grupo Macair Jet -propiedad del grupo económico que encabeza Franco Macri- adquirió en 2016 el derecho a explotar una serie de rutas aéreas. Después fue vendida a la empresa colombiana Avianca. El fiscal entiende que esa maniobra no sólo perjudicó a Aerolíneas Argentinas, también sospecha que se necesitaron operaciones ilegales para conseguirlas.

Este miércoles, después del discurso de Macri ante el Congreso, Marcos Peña -jefe de Gabinete-, tuvo que salir a explicar ante periodistas que su “vocación es abrirnos a competir y no creemos que haya conflicto de intereses. La vocación es multiplicar los vuelos y lo importante es que se cumplan las reglas”.

Sin embargo Di Lello piensa de otra manera. La acción penal que impulsa es contra Mauricio Macri como presidente, Franco Macri como titular del grupo SIDECO, el secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al responsable de la línea aérea Avianca Germán Efromovich, entre otros; por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

La denuncia la realizaron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. Del dictamen de la fiscalía se desprende que los denunciantes encontraron otra conducta que se debe investigar: el gobierno nacional dejó de utilizar la flota de aviones presidenciales por “servicios de empresas privadas”.

El documento presentado por Tailhade y Cabandié señala que “la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de Macair Jet a la compañía de origen colombiano Avianca, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil”.

El fiscal explicó en su requerimiento que a todas estas conductas se le suma el hecho de desconocer el monto y la forma en que se pagó a la familia Macri. Ya los denunciantes habían considerado que “comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios”.

El lunes 13 de febrero la Administración Nacional de Aviación Civil oficializó la entrega de rutas aéreas a Avianca a través de los dictámenes de la Junta Asesora del Transporte Aéreo en la audiencia pública N° 218 por 15 años y sobre todas las rutas solicitas en las que, actualmente, opera Aerolíneas Argentinas.

En ese dictamen la Junta recomendó qué rutas aprobar, cuáles rechazar y cuáles aprobar con restricciones. El saldo, escribe el fiscal, fue que “entre otros conceptos, que de las 26 rutas solicitadas por Avian le fueron aprobadas el 100%, y de las 99 que pidió Fly Bondi, se le aprobaron 69, es decir un porcentaje de casi el 70%. Al respecto, se indica que Fly Bondi, que en los papeles es FB Líneas Aéreas, es de propiedad de Richard Guzmán, y socio de la misma es Mario Quintana, actual Secretario de Coordinación Interministerial”.

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