A tres años de la expulsión del vicedecano de Medicina de la UNLP

Por Manuel Fonseca*. En febrero de 2014, Adelina Dematti de Alaye -Madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los Derechos Humanos- dio a conocer documentos que involucran a Enrique Pérez Albizu -médico cirujano y entonces vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata- con la firma de certificados de defunción ilegítimos en el centro clandestino de detención «La Cacha». Con resoluciones de causas “naturales” en la muerte de personas “NN”, los certificados falsos encubrían el plan sistemático de torturas y desapariciones de centenares de militantes populares, develando una de las tantas formas de cooperación médica en la última dictadura cívico-militar de nuestro país.

Bajo un clima de tensión política generado por la aparición de los documentos, la Federación Universitaria de La Plata y el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas impulsaron en aquel febrero la toma del Rectorado de la Universidad para exigir la expulsión del Vicedecano, consiguiendo el día 27 su renuncia forzada. La fecha se transformó entonces en un símbolo histórico en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en esa ciudad.

Pérez Albizu fue vicedecano durante dos períodos de gobierno de la agrupación Hoja de Roble, organización política que expresa orgánicamente los intereses de la corporación médica privada en los ámbitos públicos de la Educación.

El primer decano de esta agrupación, Enrique Frutos Ortiz, escribió en los años 90 un libro titulado “Hombres y Cosas de la Facultad de Ciencias Médicas” donde construye el relato histórico de la institución y del país, a través de un recorte deliberadamente reaccionario, antieestudiantil y clasista; y de una pedagogía anclada en el elitismo universitario, en favor de los ingresos eliminatorios y del arancelamiento de la educación.

En ese libro se califica de “terroristas” y “extremistas” a los estudiantes comprometidos con la militancia política, y se invisibiliza a los más de 300 compañeros y compañeras de la Facultad detenidos y desaparecidos por la última dictadura militar. Dice Frutos Ortiz acerca de García Mutto, decano Interventor en el período dictatorial: “García Mutto se caracterizaba por sus particulares condiciones de sociabilidad, convivencia y espíritu democrático, lo que facilitó enormemente su tarea. Por otra parte, en nuestra Facultad el cuerpo docente no se encontraba comprometido con la subversión, por lo que en realidad no tuvo situaciones conflictivas con el mismo”.

En otro de los apartados del libro, el autor cita las palabras del consejero superior por el claustro de Profesores, que sobre el acceso a la Universidad Pública aseguraba por el año 1991: “Y yo […] no estoy dispuesto ya más a ser Profesor de una Facultad con 16.900 alumnos regulares; […] ni de alumnos semianalfabetos; […] ni de graduados que manejen taxis o mejor sea que manejen taxis. Yo ya no puedo tolerar más que so pretexto de la igualdad, no se permita destacar la capacidad, que para evitar crear una elite, se sumerja a los mayores en la imagen amorfa de la masificación; […] que se decidan cuestiones académicas por la cantidad de votos y no por la calidad de los que votan; […] que escudándose en el slogan de la Universidad para todos, se acoja indiscriminadamente a los que ni quieren ni deben ni pueden acceder a esa condición…”

En el libro se relata la inauguración del museo histórico de la Facultad, que lleva el nombre de Santiago Gorostiague: rector interventor de la Universidad de La Plata durante la dictadura del general Onganía, recordada en el plano de la discusión Universitaria por la Noche de los Bastones Largos y la supresión del Cogobierno y las entidades gremiales. Todavía hoy, ubicado en el primer piso de la Facultad, el museo lleva su nombre.

Esta rápida recorrida trasluce que lo de Pérez Albizu, más que una voluntad personal, fue la expresión genuina de un proyecto pedagógico oligárquico. Un proyecto que lejos de enseñar Salud desde una perspectiva integral, tuvo a la muerte y la enfermedad como requisitos indispensables para sobrevivir y consolidarse.

Esta clase de gestiones universitarias, en conjunto con los sectores concentrados de clínicas privadas y laboratorios farmacológicos, fueron parte activa de los intereses de una dictadura militar que tenía como objetivos económicos la concentración de la riqueza, la liberalización de la economía, la precarización y posterior privatización de amplios sectores del Estado como Educación y Salud. Para desarrollar ese proyecto era necesario desaparecer al factor de poder que en mayor medida obstaculizaba sus intereses y planteaba otro tipo de educación: la militancia estudiantil y los trabajadores y trabajadoras defensoras de la Salud Pública.

La oligarquía argentina ha encontrado desde siempre en la corporación médica una enorme herramienta de legitimación de su discurso y de perpetuación de un modelo socialmente injusto y económicamente concentrado. Necesita para desarrollarse a una sociedad medicalizada y obediente, trabajadores de la Salud obsecuentes e individualistas. “El Silencio es Salud”, como rezaban los carteles en el obelisco en la etapa de Isabel y López Rega, es quizás la síntesis más acabada de esta manera de ver el mundo.

En 2016 los consejeros estudiantiles de la Facultad hicieron un pedido: retirar del salón del Consejo Directivo los cuadros de los decanos interventores de las dictaduras militares. Además de la respuesta negativa, los estudiantes se encontraron con una reacción violenta por parte de algunos profesores.

Planteos gremiales de este tipo, o proyectos pedagógicos contrahegemónicos en Salud que la consideren como un derecho que el Estado debe garantizar, resienten sus intereses corporativos. Una Salud Privada de alto costo y un sistema público de salud vaciado y cada vez más precarizante requieren de una educación biologicista, hegemónica, opresiva y alejada lo más posible de una concepción de derechos.

Ejemplos como el de la Universidad de La Matanza, que ha contado entre sus filas con docentes de la talla de Victor Penchaszadeh -genetista defensor de las Derechos Humanos y creador del Índice de Abuelidad- encuentran por parte de estos sectores (avalados por las políticas del gobierno Nacional) un ataque feroz a sus estructuras pedagógicas y la persecución política a sus intentos de organización gremial.

Se trata, en última instancia, del histórico intento  de los grupos más beneficiados por este sistema de lucro alrededor de mantener una Pedagogía de la Enfermedad. Lo que en términos políticos implica colaborar para garantizar la Gran Enfermedad de los pueblos del Tercer Mundo: la Dependencia.

Vale recordar a Floreal Ferrara -docente de la Universidad de La Plata antes de ser expulsado y perseguido por la dictadura-, que cuando le preguntaban qué era para él la Salud, respondía: “Es la lucha incansable, individual y colectiva, contra las injusticias, los problemas e imposiciones que dificultan la felicidad de los pueblos”.

*Médico e integrante del Movimiento de Salud Irma Carrica.