EPH: la población con menores ingresos no podrá pagar un alquiler ni con todo su sueldo

En un año donde se espera que los alquileres aumenten entre un 25% y un 30% la Encuesta Permanente de Hogares de la Ciudad estimó que la población de menores ingresos, que se ubica en el primer decil, no alcanza a cubrir el costo de un alquiler ni con la totalidad de su sueldo.

Para una familia el “gasto soportable” que puede destinar a vivienda no debería superar el 30% de sus ingresos. Sin embargo, el consorcio inmobiliario estima que este año los alquileres aumentarán incluso por encima de la expectativa del gobierno nacional en materia de inflación.

El diario La Nación explicó esta semana que “los propietarios buscan recuperar así la rentabilidad perdida en 2016, cuando en promedio la suba del mercado se ubicó en 36,7%, según los datos interanuales a noviembre de la consultora Reporte Inmobiliario”. Los dueños se miden contra el 41% de inflación que calculó la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) advierte que las familias que se ubican en los deciles de 2 a 5 pueden pagar un alquiler pero superando el 30% de sus ingresos. Es decir por encima del “gasto soportable”. El Centro de Estudios Legales y Sociales -que difundió las estadísticas- entiende que “la mitad de la población sufre las consecuencias de un alquiler alto y de la falta de políticas públicas que lo regulen”.

A este escenario se suman los abusos del mercado inmobiliario. En los primeros meses del año el promedio para renovar un alquiler ronda el 40% de aumento. Precios elevados, desprotección jurídica, falta de políticas de Estado. Todo esto empuja a las familias al mercado informal del alquiler que linda con el hacinamiento.

La situación crítica de los inquilinos no desalienta a las inmobiliarias que creen que las operaciones podrán aumentar sus precios entre el 25% y el 32% durante el año. La Nación -en su informe- explica que “pese a lo que pueda creerse, los propietarios no son los malos de la película: hoy tienen la menor rentabilidad en 13 años por alquilar sus departamentos”.

Según la Encuesta en el segundo trimestre de 2016 había siete millones de inquilinos en el país. En la Ciudad de Buenos Aires un 35% de las familias está obligada a alquilar. Y la única legislación vigente es el Código Civil y Comercial que regula los contratos. Pero la ley pone en situación de paridad al inquilino y al dueño, desconociendo la relación asimétrica entre quién es propietario y quién no. A esto se suma la ausencia de un organismo del Estado que fiscalice el cumplimiento de los contratos y las prácticas abusivas.

En noviembre del año pasado el Senado dio media sanción a un proyecto para regular los alquileres. Ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. El gobierno nacional ya avisó que no acompañará la propuesta y que llevará al Congreso una más adecuada a su filosofía.

Mientras tanto la organización Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentaron un recurso de amparo contra la entidad que nuclea a las inmobiliarias porteñas. Lograron establecer la prohibición para las inmobiliarias de cobrar montos superiores a un mes de alquiler como comisión.

En una ciudad donde el valor promedio de un monoambiente llega a los 5800 pesos y a los 6800 en el caso de dos ambientes, la razón del propietario -que piensa en términos de rentabilidad- no puede imponerse a la lógica de una familia que, además del alquiler, debe pagar servicios, alimentos, ropa y un largo etcétera.

Para el CELS “esto solo puede resolverse mediante la intervención sobre las condiciones de reproducción de un mercado cada vez más agresivo y excluyente en dos vías: con un marco normativo que refuerce la protección a los inquilinos y con la intervención en la oferta del mercado para promover una oferta de alquileres accesible, acorde con la heterogeneidad de la demanda”.