América Latina

22 febrero, 2017

México: la política, la sangre y las encuestas (I)

Por Facundo Cruz, desde México DF. México vive un momento clave, atravesado por una intensa movilización social, el desprestigio presidencial y la inevitable respuesta represiva estatal. Se profundiza la articulación entre los movimientos sociales enfrentados a las reformas estructurales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por Facundo Cruz, desde México DF. México vive un momento clave, atravesado por una intensa movilización social, el desprestigio presidencial y la inevitable respuesta represiva estatal. Se profundiza la articulación entre los movimientos sociales enfrentados a las reformas estructurales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su capacidad de movilización a nivel local los posiciona como un actor central en la coyuntura actual.

La política con sangre que no mira las encuestas

El Valle del Mezquital, al suroeste del Estado de Hidalgo, en el centro de México, es reconocido por el intenso turismo que generan sus aguas termales. Esta región, con importante presencia de comunidades originarias otomíes, se erigió como referente nacional de la resistencia al gasolinazo por la furiosa reacción que estalló a comienzos de enero y que se extiende hasta el día de hoy. Apenas concretado el aumento anunciado por el ejecutivo mexicano, la población ocupó las rutas de la región.

Durante los días 2, 3 y 4 de enero, se sostuvieron los cortes de ruta. Las amenazas de represión policial solo incrementaron la afluencia de manifestantes a los bloqueos. El 5 de enero, el gobierno decidió probar su suerte e intentó el desalojo del bloqueo de la ruta México-Laredo en Ixmiquilpan. El enfrentamiento fue encarnizado y, luego de horas de combate, la pueblada cercó y obligó a replegarse a 400 efectivos policiales. Fredy Cruz García, de 22 años de edad, y Alan Giovanni Martínez Contreras, de 25 años de edad, fueron asesinados por la policía en la acción. Cuatro mil personas asistieron dos días después al funeral de los jóvenes. El corte de ruta continuaría.

El Valle del Mezquital es ejemplar no por su rareza, sino por sintetizar en su lucha la actualidad de la movilización social en México. Es difícil mensurar, si asumimos las anteojeras urbanas y nacionales, el arraigo y la radicalidad de la resistencia a nivel local. Todo el territorio nacional se levantó en los primeros días de enero en contra del aumento de las gasolinas. Las expresiones locales de ese movimiento se extienden hasta el día de hoy en forma de asambleas ciudadanas amplias y diversas, con gran apoyo de la sociedad y con la acción directa como estrategia común.

Congresos estatales fueron tomados en San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California y Zacatecas, Estado donde permanece la ocupación hasta el día de hoy. Los cortes de ruta se complementan con la ocupación y apertura de cabinas de peaje. Tampoco se detienen las tomas de gasolineras y estaciones de metro, marchas y asambleas semanales en muchos de los estados centrales de México.

A nivel nacional, se registraron movilizaciones el 30 y 31 de enero y el 5 de febrero en el Centenario de la Constitución de 1917. Es importante entender al movimiento social que se catalizó de forma decisiva por los aumentos en los combustibles como el articulador de múltiples luchas preexistentes de resistencia a las políticas neoliberales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con fuerte presencia y actividad nacional y regional, lleva largos años de lucha en contra de la reforma educativa. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un capítulo doloroso de esa pelea.

En Mexicali, Baja California, el movimiento en contra del gasolinazo también logró detener la privatización del agua y se enfrenta a las actividades económicas que insumen este recurso en grandes cantidades. Campesinos de Chiapas, que se enfrentan a la megaminería, han unido esfuerzos con las movilizaciones que enfrentan la suba de los combustibles.

El movimiento en contra del gasolinazo, de indudable arraigo social y una potente presencia en las calles, aún no tiene una coordinación nacional incontestable y se expresa en la forma de espacios asamblearios locales. Existen serios intentos de unificación de una estrategia nacional, que preserven el carácter democrático de cada organización local.

La Asamblea Nacional de las Resistencias que este 18 de febrero tuvo su segundo encuentro en Ixmiquilpan es uno de esos intentos de unificación y puede permitir percibir el alcance del movimiento. En ella participaron activistas de 12 estados e incluso estuvieron presentes mexicanos radicados en los Estados Unidos. Más allá de la representación territorial, es importante destacar la presencia de movimientos campesinos (como el Movimiento Social por la Tierra y múltiples comunidades locales), sindicatos (con presencia de los sindicatos de telefonistas, de trabajadores de la energía eléctrica, petroleros y maestros de la CNTE) y los flamantes movimientos ciudadanos que consolidaron su organización en el último mes. Sin dudas, se proyecta una poderosa confluencia social con objetivos políticos trascendentes a la exclusiva lucha en contra del gasolinazo.

Los nombres de los manifestantes muertos el 5 de enero en Ixmiquilpan apenas se suman a una larga lista de activistas y participantes del movimiento asesinados en todo el territorio nacional. La represión política está presente en México, donde el narcotráfico y la violencia estatal que lo utiliza como excusa recurren a la extorsión y el asesinato como técnicas para asegurar sus intereses. Las detenciones por las protestas durante este año se cuentan por cientos y los muertos en represión superan son decenas. La desaparición y el asesinato de activistas no son sucesos extraordinarios. Sólo la CNTE denuncia la desaparición del maestro Jesús Hernández Castellanos desde el 15 de enero en Hidalgo; el 18 de febrero fue asesinado Antonio Santiago González, representante de la misma organización en Oaxaca.

En este contexto, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende aprobar otra de las reformas estructurales, en este caso, sobre la seguridad interior. De hacerlo, le otorgaría poderes de policía a la Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Esta reforma, detenida provisoriamente en el Senado, vendría a legitimar y legislar para todo el territorio nacional una práctica que ya es costumbre en las zonas de presencia más virulenta del narcotráfico. Según el semanario Proceso, movimientos sociales y organismos de derechos humanos señalan que la participación de militares en tareas de policía sólo profundizaría el dramatismo de la violencia en el país y los abusos a la población civil.

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