¿Qué pasó con las jubilaciones?

Antes aún de que se oficializara la modificación planteada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en el cálculo del aumento semestral de las jubilaciones, el gobierno dio marcha atrás y se liquidarán los haberes normalmente.

Pero, como ante cualquier medida, hay por lo menos dos planos de análisis y de debate. Por un lado, la cuestión material, concreta: en este caso, cuál era la modificación a la norma propuesta y qué impacto podía tener sobre las jubilaciones y pensiones. Por otro lado, la dimensión simbólica: toda medida, por “técnica” que parezca, se construye desde una determinada visión del mundo, aporta a ciertos valores y sentido común, o tiende a cuestionarlos.

Repasamos algunos elementos para entender qué se estuvo discutiendo estos días respecto de las jubilaciones.

Un poco de historia

La Ley 26.417 estableció, desde su implementación en 2009 un mecanismo de actualización semestral -en los meses de marzo y septiembre- de los haberes jubilatorios. Esto puso fin a una secuencia de decretos que aumentaron paulatinamente el haber mínimo. La norma, por un lado, disminuía la discrecionalidad de los aumentos, al establecer un criterio único, claro y permanente. Además, el mecanismo de la Ley, ponía en debate en el Congreso lo que hasta ese momento fueron decisiones del Ejecutivo.

La normativa fijaba los criterios de aumento mediante un cálculo técnico que, simplificando, ataba los incrementos de los haberes a la evolución de los salarios y a la variación de los recursos de la ANSeS. Esa variación era oficializada mediante una Resolución semestral que indicaba el monto y porcentaje de los aumentos. Nunca fueron difundidos los parámetros para el cálculo, que aunque puede ser reconstruído, no es una tarea fácil ni al alcance de las mayorías.

No hay cálculos “erróneos”

El cálculo de esos aumentos establecido en la Ley puede considerarse justo o injusto, eficiente o ineficiente, beneficioso o perjudicial para las arcas del Estado, entre cientas de adjetivaciones posibles. Sin embargo, no podemos decir que era un “error matemático”: si en lugar del cálculo vigente se hubiera tomado como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se podría argumentar que es un cálculo que sobreestima los precios a consumidor final, subestima otras variables (salarios, recursos del Estado, etc.) y por ello es potencialmente perjudicial para las finanzas de la ANSeS. Pero no habría error posible en el cálculo. El debate en este punto puede ser, entonces, si es más o menos sostenible, o cuál es el cálculo que mejor se ajusta a la realidad económica del país. Pero no podemos plantear el debate entre un cálculo correcto vs. uno incorrecto.

Discusión técnica o efectismo político

Decir que “Macri redujo las jubilaciones por decreto” puede tener un efecto fenomenal en un zócalo televisivo. Presentar la cuestión como un tema técnico, específico y de cálculos actuariales, puede ser la forma de evitar un debate incómodo. Ninguna de las dos afirmaciones es correcta. Como siempre, el río revuelto deja poco margen para ser claro, y a más de un pescador le conviene la confusión. El supuesto decreto -o resolución de la ANSeS, que no es lo mismo, pero es igual, al menos a este nivel- modifica uno de los parámetros del cálculo fijado por la ley que, como resultado, da una suba menor de la que correspondería. Eso no puede ser leído como una rebaja. Pero tampoco se debe naturalizar que los aumentos de haberes sólo estén atados a las intenciones explícitas de aumentar o reducir las erogaciones del Estado.

El primer aumento por debajo de la inflación

El cálculo fijado por Ley nunca contempló la inflación en sí como variable, por lo tanto, la comparación entre ambos valores es útil, pero relativa. Como se dijo, los criterios tenían (tienen, mientras siga sin publicarse normativa contraria) que ver con la evolución de los salarios y con el crecimiento de los recursos de la ANSeS. Por lo tanto, sólo en la medida que esos valores crecieran por encima de la inflación los haberes podrían correr ese destino. De hecho, parte de las críticas que se hicieron desde el 2009 a esta parte, tuvieron que ver con este punto.

Tanto lío por $20

La reacción del gobierno ante su propia torpeza fue minimizar el impacto real de la reforma. La realidad es que al no contar con los datos utilizados para el cálculo, no es fácil afirmar el impacto real de la modificación (que se estima entre un 0,3 y un 3%). Aún asumiendo que, esta vez, el gobierno de Cambiemos esté diciendo la verdad y sólo la verdad y, efectivamente, este cambio implique una diferencia de $20, ya se dijo que no hay cálculos a corregir, sino criterios a modificar. Esto lleva la discusión al plano netamente político: Sea $1, $30 o $500, ¿deben ser perjudicados los/as jubilados/as y pensionados/as? Si el cálculo vigente corría de atrás a la inflación, ¿por qué el nuevo cálculo lo hace correr más de atrás aún?

De nuevo, en el punto de partida

Los haberes jubilatorios en Argentina están lejos de cubrir las necesidades de las personas pasivas económicamente. Desde que la reforma neoliberal arrasó con el 82% móvil con una ley a la medida de las AFJP, los y las jubiladas nunca más tuvieron una referencia concreta para la actualización de sus haberes. Cierto es que no es lo mismo una jubilación “congelada” en un contexto inflacionario que durante una etapa de estabilidad, ni tampoco da igual un sistema que mejore sus haberes, aunque con criterios discutibles o mejorables.

Pero, desde la reforma neoliberal y la “nueva” Ley de Jubilaciones y Pensiones (24.241), se logró una serie de “parches” normativos. Se montaron criterios más o menos progresivos, según el momento, pero no se atacó el origen del sistema injusto: una ley pensada por el neoliberalismo para beneficiar al sistema financiero a costa de los/as trabajadores/as. Incluso habiendo eliminado a las AFJP, la “cuentita” que determina el monto de los haberes es la misma que hace 20 años.

Matías Cassani – @matucassani