Una ley con 40 años de vigencia

La política económica desplegada por la última dictadura cívico-militar dejó profundas modificaciones en el entramado social y económico de la Argentina. El país de la recuperación democrática de 1983 distaba bastante de aquel que existía en marzo de 1976: la quintuplicación de la deuda externa, la fuga de divisas, tasas de inflación de 3 dígitos, y una profunda redistribución del ingreso nacional entre el capital y el trabajo, dibujan alguno de los principales aspectos que habían cambiado a lo largo de esos años.

Entre todo ese legado hubo una reglamentación que en estos últimos 40 años no sufrió modificaciones sustanciales, la ley de entidades financieras sancionada el 14 de febrero de 1977. Esta norma fue, junto con la ley de descentralización de los depósitos sancionada en enero, quizá uno de los intentos más acabados y perdurables por parte la dictadura de modificar la conducta y las relaciones entre los sujetos, el mercado y el Estado.

Las leyes 21.495 (de descentralización de depósitos) y 21.526 (de entidades financieras) contenían entre sus principales características: la descentralización de depósitos, la liberación de los criterios para la fijación de la tasa de interés, una tasa de efectivo mínima del 45% para todos los depósitos, y la garantía de que los mismos fueran a ser cubiertos por el Banco Central.

Ambas leyes, junto con la 21.572 (de creación de la cuenta de regulación monetaria), y las 21.364, 21.547 y 21.571 (que modificaron la Carta Orgánica del Banco Central) constituyeron el cuerpo jurídico que habilitó a la reforma financiera impulsada por el equipo del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

Los objetivos declarados con estas reglamentaciones pasaban por la búsqueda de generación de mecanismos que permitieran la canalización del ahorro dentro del sistema formal, desincentivando tanto la compra de divisas como de bienes durables. El eje rector de los diferentes proyectos puestos en circulación se encontraba en la figura del inversor financiero como sujeto central de este nuevo sistema financiero que se pretendía crear.

En última instancia se buscaba la creación de un mercado financiero local competitivo, con tasas de interés reales positivas y atractivas para los ahorristas, que diera lugar a un aumento del crédito bancario. Un sistema financiero diametralmente opuesto al existente durante las décadas anteriores, vigente durante la etapa sustitutiva de importaciones, y con el mercado (mediante la aplicación de efectivos mínimos y operaciones mercado abierto) como único y eficiente asignador de recursos.

La ley y sus efectos durante 40 años

Los efectos inmediatos de la aplicación de estas reformas profundizaron aspectos del comportamiento económico que habían comenzado con el Rodrigazo de 1975. El alza en las tasas de interés muy por encima de lo buscado por equipo económico, que buscó en meses posteriores un acuerdo de tasas con los bancos, llevó a privilegiar las colocaciones de corto plazo, vetando la capacidad de financiamiento a largo plazo. El periodo de 30 días pasó a ser el habitual a la hora de pensar cualquier inversión.

La conformación de un mercado de capitales cortoplacista y volátil permitió que los grupos económicos locales tomaran créditos en el exterior (en un contexto mundial de aumento de los flujos financieros), aprovechando el diferencial de tasas, para luego depositar el dinero en la Argentina con una tasa mucho más elevada, y realizar de esta manera una renta financiera. Este excedente apropiado a partir del diferencial positivo entre las tasas de interés a nivel nacional e internacional era luego fugado del país.

Las décadas siguientes, particularmente durante los años ’90, incorporaron modificaciones a la Ley de Entidades Financieras. La liberalización se completó con la eliminación de requisitos adicionales para bancos extranjeros durante 1994 y con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, extremadamente limitado en un esquema de caja de conversión como el vigente durante aquella década.

Si al inicio de la reforma financiera existían en el país 723 entidades financieras, 30 años después el número se había reducido a 85, principalmente por la reducción masiva de cajas de crédito y sociedades de crédito, que se fusionaron o se convirtieron en compañías financieras y bancos. A la par, la banca extranjera vio incrementada su participación, aunque la misma presentó fluctuaciones ligadas tanto al contexto local como internacional.

El cambio no fue solamente una cuestión de cantidad, ya que no solo existió una concentración en torno a las entidades presentes, sino también en la actividad crediticia o la captación de fondos, donde 10 bancos centralizan estas cuestiones.

La transformación del sistema financiero produjo a su vez cambios en la estructura crediticia. La desregulación provocó un redireccionamiento del crédito hacia el consumo en detrimento de aquel destinado a la producción, afectando principalmente a pequeñas y medianas empresas.

La posconvertibilidad vio nacer algunos cambios en el mercado financiero, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que le otorgó mayores capacidades de intervención y regulación, el incremento de facultades de los organismos de control, y la reglamentación de una nueva ley de mercados de capitales, que entró en vigencia durante 2013.

Pese a estas cuestiones y a algunos tibios intentos de legisladores vinculados al kirchnerismo de presentar proyectos de ley para reformarla, la normativa sancionada por el Poder Ejecutivo en el verano del ’77 sigue organizando al sistema financiero argentino.

Leandro Navarro – @navarro_lean