13 febrero, 2017
Estados Unidos acusa de narcotraficante al vicepresidente de Venezuela
Este lunes, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el congelamiento de los bienes en EE.UU. del vice venezolano, Tareck El Aissami, y le prohibió la entrada al país, acusándolo de colaborar con narcotraficantes y terroristas.
Este lunes, en paralelo a que el Senado estadounidense confirmara a Steve Mnuchin, proveniente de Goldman Sachs, como secretario del Tesoro, el organismo anunció el congelamiento de los bienes en EE.UU. del vice venezolano, Tareck El Aissami, y le prohibió la entrada al país, acusándolo de colaborar con narcotraficantes y terroristas.
El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó este lunes a El Aissami -que asumió la vicepresidencia de Venezuela en enero- en su lista negra de «Narcotraficantes especialmente designados». De acuerdo a la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el vicepresidente de Venezuela «juega un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos».
Según explica un comunicado de la OFAC, las acusaciones se basan en que supuestamente El Aissami, cuando era ministro del Interior y luego gobernador del Estado de Aragua, colaboró materialmente con el tráfico de cocaína proveniente de Colombia y enviada a Europa y Estados Unidos a través de puertos venezolanos. También lo acusan de haber otorgado visas y pasaportes a personas de distintos países de Medio Oriente «con lazos terroristas» cuando estaba a cargo de las migraciones del país bolivariano.
«En concreto, El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled García», afirmó la OFAC y agregó que «también está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco».
La BBC, por su parte, informó que la medida «congela los bienes del vicepresidente en Estados Unidos y le prohíbe la entrada a su territorio, además de que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él y sus empresas».
En otras oportunidades, el propio El Aissami había negado cualquier vinculación con el tráfico de drogas y asegurado que se trataba de operaciones mediáticas y de la derecha. Además, había ofrecido ponerse a disposición de la justicia en caso de que alguien pudiera establecer alguna prueba de su participación en ilícitos. Al menos en lo publicado por el Tesoro estadounidense, no existe evidencia de ello.
La cancillería de Venezuela, en un comunicado, aseguró que «rechaza, condena y protesta enérgicamente las acciones arbitrarias y extraterritoriales» de la OFAC. Además, sostuvo que «pretenden validar la existencia vulgar e inadmisible de un Derecho Imperial, dotando de poderes policiales especiales a entidades del gobierno estadounidense, carecen de la más mínima legalidad internacional y vulneran flagrantemente el Derecho Internacional Público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones».
Desde el gobierno venezolano agregaron que se trata de «una infamia contra una altísima autoridad del Estado» y recordaron que El Aissami es «un prominente experto criminólogo, reconocido por su destacada gestión al frente de la seguridad ciudadana durante la presidencia del Comandante Hugo Chávez, por su firme combate contra el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano, que llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados en extradición por los EE.UU».
La OFAC también señaló a José Samark López Bello como testaferro de El Aissami, y aseguró que este «proporciona asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotráfico internacional». López Bello controla 13 empresas en Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido.
En la página web del empresario, un comunicado negó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que «parece estar políticamente motivado”. «La resolución no proveé ninguna evidencia fáctica ni justificación legal», agregó.
La analista internacional Eva Golinger, sostuvo que la medida del Tesoro es una muestra de cómo el gobierno de Donald Trump endurecerá la política de Estados Unidos hacia Venezuela.
Se los dije que Trump sería mucho más agresivo para Venezuela que Obama y Bush. Ahora estamos viendo como….y va a ser peor.
— Eva Golinger (@evagolinger) February 14, 2017
Desde Estados Unidos, por supuesto, negaron que la decisión tuviera contenido político. William R. Brownfield, embajador en Venezuela entre 2004 y 2007 y actualmente funcionario de la Secretaría de Estado norteamericana, afirmó a Bloomberg: «No es un mensaje político ni un mensaje económico. No es un mensaje entre gobiernos». Y agregó: «Ni siquiera es un mensaje diplomático, es un mensaje que dice que usaremos cualquier herramienta, cualquier herramienta legal en nuestro inventario, para perseguir a aquellos vinculados en el tráfico internacional de drogas».
Vale recordar que las políticas contra el narcotráfico han sido utilizadas históricamente por Washington para justificar tanto a nivel interno como en materia de política exterior, persecución a distintos fragmentos de la población y su intervencionismo militar.
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