Beatriz Busaniche: «Los propios servicios de inteligencia ponen en riesgo a las instituciones»

En el marco de las escuchas difundidas en medios de comunicación en las últimas semanas al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, Radio Sur FM 88.3 entrevistó a Beatriz Busaniche, integrante de la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Servicios de Inteligencia (ICCSI).

La ICCSI, en la cual participan la Fundación Vía Libre, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, tiene como objetivo, según expresan en su página web, el “seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia de la República Argentina”.

Busaniche, que forma parte de la ICCSI desde Vía Libre, analizó la situación actual de los servicios de inteligencia, y las posibilidades de democratización del sistema. “Los servicios de inteligencia han sido parte de esas esferas que nunca se terminaron de democratizar después del fin de las dictaduras en toda América Latina”, aseguró y dijo que todas las preguntas sobre el tema son de “difícil respuesta” ya que se manejan altos niveles de secreto a los que calificó como “oscuros”.

– ¿Cuáles son los principales problemas del funcionamiento actual de los servicios de inteligencia?

– Para ver la gravedad de la situación de la Argentina en este momento doy un ejemplo. La CIA estadounidense, que conocemos su accionar, tienen más pautas de transparencia y sabemos públicamente más cosas de ellos que de la AFI/SIDE. Para pensar lo infundados que son los argumentos de la clase política para sostener las cláusulas de secreto.

En la Argentina hubo un intento, sobre el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de revertir esta cuestión con la última reforma de la Ley de Inteligencia, aunque llegó tarde y no resolvió problemas de fondo, además de que la lanzó en un momento de debilidad política. Además en un primer momento de los 12 años de gestión también usaron mucho al aparato de inteligencia para hacer espionaje político, más que para servir a los intereses de la nación y cumplir su rol.

Un servicio de inteligencia tiene que funcionar como un servicio de análisis, no de recolección, de potenciales peligros o circunstancias en los que un presidente -porque responde a la figura del presidente directamente- debe tomar ciertas decisiones estratégicas para favorecer al país y la administración del Estado. Prever un atentado terrorista, situaciones que puedan poner en riesgo a las instituciones de la república, etc. Sin embargo en la Argentina, han sido los propios servicios de inteligencia los que han puesto en riesgo a las instituciones a través de la vulneración de derechos fundamentales, la coerción de periodistas y jueces, la generación de impunidad en hechos judiciales. La trayectoria es oscurísima, es negra.

El decreto de Macri que modifica la ley de Inteligencia restaura toda la oscuridad. Una de las cláusulas de la reforma de la ley que se hizo en el Congreso establecía la transparencia en los fondos como norma, y el secreto como excepción para aquellas acciones que lo justifiquen. Todo eso fue revertido. El cambio sobre la responsabilidad de las escuchas, que fue sacada de la ex SIDE, trasladada al Ministerio Público Fiscal, el decreto de Macri lo llevó a la Corte Suprema. Fue una restauración de las viejas prácticas. Las escuchas de Angelici, de Parrilli, todo esto que se ha naturalizado, que audios que forman parte de expedientes judiciales, que son lesivos para los derechos de la intimidad de las personas, se publiquen y nadie cuestione, discuta e indague, es una de las peores prácticas. Las escuchas no se usan para el bien público sino para apretar a opositores, periodistas, jueces políticos.

– ¿Cuáles serían los primeros pasos para democratizar la inteligencia?

– Primero hay que establecer cláusulas de transparencia donde la transparencia sea la norma y el secreto sea solo justificable en cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas, actividades de inteligencia específicas. Esto aplica tanto a los perfiles integrantes de las fuerzas de inteligencia como, y especialmente, a la cuestión de fondos reservados. Después decir claramente qué se espera de los servicios de inteligencia. Este es otro de los grandes problemas: la confusión entre el rol de la inteligencia y la investigación criminal. Los servicios de inteligencia no tienen por qué hacer investigación criminal, para eso está la inteligencia de la Policía Federal, etc. No se puede confundir.

Y después órganos de contralor que funcionen, lo cual es casi una panacea en cualquier órgano del Estado. Pero cuando hablamos de la inteligencia el único contralor previsto en la ley es la Comisión Bicameral. Es muy pobre la capacidad ciudadana de controlar. Incluso las reuniones de la Bicameral son consideradas secretas. Desde la ICCSI intentamos conseguir y nos costó horrores el reglamento de funcionamiento de esa Comisión. Si el secreto es la ley, incluso en los órganos de contralor, estamos en problemas.

Estoy muy de acuerdo con las declaraciones de la diputada Juliana Di Tullio después de la reunión del jueves pasado en la que fue recibido Gustavo Arribas (nosotros desde la ICCSI impugnamos su designación y la de Majdalani al frente de la AFI), en donde pidieron que esa reunión, en la cual Arribas fue a dar explicaciones sobre la cuestión transferencias, fuera pública. Lo plantearon en minoría. No hay ahí ninguna cuestión de seguridad nacional que justifique el secreto de esa reunión, sin embargo fue secreta.

El presidente puede usar a la inteligencia a su arbitrio sin importar lo lesivo que sea para derechos de terceros. Ningún gobierno democrático ha podido controlar efectivamente los servicios de inteligencia.