El gobierno contra Highton: ¿torpeza o jugada magistral?

Por Federico Dalponte. El Ejecutivo definirá esta semana si apela el fallo que avaló la continuidad de la jueza suprema. Entre defender una causa perdida y liberar un puesto en el máximo tribunal, el incidente evidencia otra vez los zigzagueos de Cambiemos ante conflictos evitables.

Lo que pasó

El gobierno cruza golpes y crea enemigos. Impone agenda. Dedica tiempo y esfuerzo a batallas perdidas de antemano. Con mezcla de torpeza e inocencia, el último ejemplo giró en torno a la jueza Elena Highton de Nolasco.

El viernes se conoció el primer fallo que la habilita a continuar en la Corte más allá del límite de edad que fija la Constitución. El ministro Germán Garavano había definido la postura oficial y el sonoro revés fue indiscutible.

El Ejecutivo no quería que la jueza continuase más allá de diciembre, cuando cumpla los 75, pero su rechazo no encontró argumentos de peso. El gobierno adujo que allá por 2004, al asumir, Highton había aceptado el cargo “sin reparos ni reservas”, lo que incluía, naturalmente, la cláusula de edad prevista en la Constitución.

Todo al revés de lo que indica el manual de estilo. El discurso PRO se torna borroso cuando el gobierno de «la república y las instituciones» plantea que un miembro de la Corte debe irse en contra de su voluntad. Y más si lo que está en juego es la aplicabilidad de la misma doctrina que logró que Carlos Fayt se mantenga en su cargo hasta sus 97 años.

Desde el gobierno aseguran que no es lo mismo; que Fayt tenía derecho a envejecer en la Corte, pero que Highton no. Fayt sí porque había asumido bajo la vieja Constitución de 1957 -que no fijaba límite de edad-. Pero Highton no, porque lo hizo post reforma de 1994.

Aunque con todo, los expertos del Ministerio no previeron que la doctrina sentada por la Corte Suprema en los casos «Iribarren» y «Fayt» podía ser un obstáculo. Y en efecto lo es.

En el primer caso, el máximo tribunal había sentado ya como postura que se puede sin problemas jurar por una Constitución y después pedir la nulidad de alguna de sus partes. Es decir que para el caso actual no importa que Highton haya jurado por una norma que hoy impugna.

Y en el segundo caso concluyó que el límite de edad era nulo porque había sobrepasado el temario fijado por el Congreso al aprobar la necesidad de reforma. En concreto: para la Corte ese límite no existe.

Lo que puede pasar

Las probabilidades triunfantes de Highton eran enormes desde el comienzo. No sólo su planteo era técnicamente viable, sino que contaba con varios antecedentes a su favor.

Aun así, es posible que esta Corte, diferente a la que resolvió aquellos dos casos en 1999, arribe a una solución distinta y deje a la jueza sin continuidad. Pero hasta que eso suceda, apelaciones mediante, todos los magistrados de las instancias anteriores se ajustarán a la jurisprudencia vigente.

Dicho de otra manera: el gobierno inició una pelea con resultado incierto, contra una jueza suprema, en pleno año electoral y cuya resolución llegará sólo después de un largo trajín.

Para el Ejecutivo, lo mejor sería que el debate llegara a la Corte, que Highton se excusara para no resolver sobre su propia continuidad y que sus viejos compañeros, sin compasión, le pongan fin a su carrera judicial.

Como estela, sin embargo, quedaría la imagen de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz -los famosos miembros designados otrora por decreto– votando a favor de la postura del oficialismo. Ése es el mejor escenario. El peor sería que el máximo tribunal revalidara su continuidad.

Y así, otra vez la encerrona. Otra vez el drama político generado en la propia usina gubernamental. Todo parece poco para el eventual beneficio de liberar un sillón en Tribunales.

Si la inflexibilidad de la postura oficial es para poder designar en 2018 a un juez cercano, la jugada es osada pero lógica. Tal vez ése sea el plan. De esa forma Cambiemos habría nombrado a tres de los cinco miembros del tribunal supremo.

Pero si fue sólo por defender el límite que marca la Constitución, todo es más alarmante. El gobierno ya tiene un frente de conflicto abierto por el traspaso de varios fueros a la ciudad de Buenos Aires. Además, el control oficial del Consejo de la Magistratura no simpatiza a los jueces que se sienten en la mira, mientras que Elisa Carrió no ahorra insultos contra Ricardo Lorenzetti.

En ese esquema, reclamar abiertamente la jubilación de un miembro de la Corte parece un error grosero: ni cintura política ni táctica solemne. El Poder Judicial también sabe funcionar como corporación. Y por lo demás, para defensa cerrada de la letra constitucional, valdría más cuidarse de las propias violaciones, por ejemplo, en materia de decretos de necesidad y urgencia.

En cualquier caso, el ministro Garavano vuelve de sus vacaciones esta semana y tendrá que definir si apela el fallo favorable a Highton. Todavía es posible que se repita el antecedente de Enrique Petracchi, el juez que al borde de los 75 años inició una acción muy similar a la actual. En aquel entonces ganó la primera instancia y el fallo quedó firme porque el Estado nunca apeló.

@fdalponte