Masivas protestas en Rumania contra el gobierno y la corrupción

Desde el martes la capital rumana y las principales ciudades del país balcánico son escenario de masivas y crecientes movilizaciones en rechazo a un decreto del gobierno que despenalizaba la corrupción si el delito cometido era por un monto menor a 48 mil euros. Aunque las autoridades dieron marcha atrás el sábado, el domingo salieron a la calle medio millón de personas.

El martes el primer ministro rumano Sorin Grindeanu, del Partido Socialdemócrata (PSD) decretó la despenalización de los actos de corrupción, la prohibición de encarcelación y la posibilidad de su indulto, en caso de que los perjuicios fueran menores a 45 mil euros. Las protestas se desataron inmediatamente.

Es que, más allá de la medida en sí cuestionable, la sociedad percibió un intento de amparar al líder de su partido, Liviu Dragnea. El mismo, que no pudo candidatearse a primer ministro por una condena de dos años en suspenso acusado por fraude electoral, está implicado en una causa por corrupción cometida cuando era gobernador de una provincia rumana, con pérdidas estimadas para el Estado en 24 mil euros.

El sábado, en una reunión especial de gabinete, el gobierno definió derogar el decreto. Pero de todas formas, aproximadamente medio millón de rumanos y rumanas se movilizaron en Bucarest y las principales ciudades del país el domingo, con fuertes críticas a Grindeanu y exigiendo su renuncia.

El primer ministro descartó renunciar y sostuvo en una entrevista televisada, que tiene «una responsabilidad hacia la gente que votó» por su partido en las elecciones legislativas del 11 de diciembre, donde el PSD se impuso con el 45% de los votos.

Desde 1989 y la caída del gobierno comunista de Nicolae Ceaucescu, Rumania vive en constante inestabilidad política. En 2015, el primer ministro del PSD, Victor Ponta, fue forzado a dimitir tras un incendio en un club que causó 48 muertes, rodeado de irregularidades, y fuertes jornadas de movilización, menos masivas que las actuales, que denunciaban la corrupción en el gobierno.

Vale recordar, que como muchos países parlamentaristas europeos, Rumania cuenta con un presidente (elegido cada cinco años por voto popular y con escasas atribuciones políticas) y un primer ministro (que ejerce el Poder Ejecutivo) designado por éste y la mayoría parlamentaria. En la actualidad, el presidente es Klaus Iohannis, del Partido Nacional Liberal y Grindeanu ocupa el cargo de primer ministro desde principios de este año, cuando reemplazó al independiente Dacian Cioloș.

El PSD se impuso en las elecciones de 2016 con promesas de aumentos de sueldo y mayor gasto social. En Rumania el salario medio es de 420 euros y una cuarta parte de la población vive bajo la línea de pobreza.