Mundo Gremial

5 febrero, 2017

ART: presentaron el primer amparo contra el DNU de Macri

Con la firma del presidente de los abogados porteños, se entabló la acción que busca frenar el nuevo régimen de riesgos laborales. Además, como medida cautelar, se pidió al juez la suspensión inmediata del decreto.

El régimen de riesgos de trabajo parece destinado a pasar por Tribunales. Desde su creación por Carlos Menem, incluyendo los cambios que le siguieron, siempre fue objeto de debate judicial.

Esta vez, a instancias del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la disputa será en torno a la validez del decreto dictado hace dos semanas por Mauricio Macri. “No existía la necesidad y no existía la urgencia”, concluye el escrito presentado. “El Poder Ejecutivo -agrega-, en una insólita actitud de invasión a la división de poderes, se atribuye facultades expresamente vedadas”.

En ese sentido, argumenta además que “obligar al trabajador víctima de un infortunio laboral y a su abogado patrocinante a someterse al arbitrio de una junta médica para resolver un conflicto legal, importa una clara e indiscutible denegación de justicia”. Según los cálculos del CPACF, el sistema de revisiones médicas podría retardar hasta un año el acceso del trabajador a los tribunales, en franca sintonía con el objetivo oficial de «bajar el nivel de litigiosidad».

Así entonces, el planteo tendrá que convencer a Rita Ailán, titular del juzgado contencioso administrativo federal Nº 4, quien en octubre de 2015 tuvo casualmente una intervención con los mismos actores. Fue respecto a la Ley 27.145 sobre designación de jueces subrogantes. Aquel año, ante un pedido del CPACF, suspendió su vigencia durante seis meses.

Esta vez, sin embargo, todo parece más complejo. Si bien los argumentos en torno a la carencia de urgencia y a la afectación de derechos laborales resulta evidente, el amparo, para proceder, tendrá que centrarse en el perjuicio que el decreto le genera en particular a los abogados litigantes. Así lo exige la ley que regula este tipo de acciones.

El escrito presentado asegura que existe un “perjuicio actual y manifiestamente arbitrario” contra los matriculados. Aunque habrá que ver si es suficiente. Pareciera fácil aducir la inconstitucionalidad del decreto; lo difícil es, en todo caso, que la Justicia admita que esa defensa la encabecen los abogados.

Por lo demás, los letrados porteños tienen razones para sentirse confiados. En un antecedente poco común, el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la última reforma del Consejo de la Magistratura lleva incluso el nombre de su presidente. Es frecuente que el CPACF entable amparos de estos casos: su suerte dependerá ahora de la jueza Rita Ailán y de lo que el gobierno pueda esgrimir en su defensa.

Federico Dalponte – @fdalponte

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