«Los bancos todos deben pagar, el gobierno no debe interferir»

Sergio Palazzo, secretario General de la Asociación Bancaria, compartió ayer a última hora de la tarde una serie de tweets dando cuenta de apoyo de la Cámara Nacional de Apelaciones a la medida cautelar planteada por los bancarios ante la negativa del Ministerio de Trabajo a homologar el acuerdo salarial logrado con las diversas cámaras empresarias del sector.

Desde su cuenta @SergiOPalazzo, el dirigente comenta: “Queridos compañeros: Gracias a todos por la confianza de siempre. Durísimo fallo contra el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó a todos los bancos a pagar el acuerdo salarial, aún a los que no firmaron. Y, lo más importante, ordena al Presidente de la Nación, es decir Poder Ejecutivo Nacional a no interferir en la paritaria bancaria. No nos vencieron. No nos doblegaron!!!”

Los bancarios se mantenían en estado de alerta y movilización desde que la cartera de Jorge Triaca anunciara que no iba a homologar el acuerdo alcanzado por el gremio con las más importantes cámaras del sector, a pesar de que el mismo había sido firmado en la sede del Ministerio de Trabajo con el aval del mismísimo ministro.

En un comunicado emitido este miércoles bajo el título de “No nos han doblegado”, la Bancaria plantea que el acuerdo se había ido respetando «hasta el exabrupto de no pagar el anticipo salarial promovido por los bancos extranjeros con la participación del Ministerio de Trabajo, que antes supervisó la redacción del mismo”. Y agregan que consideran el fallo judicial como muy “oportuno” ya que los trabajadores bancarios, “ante la barbaridad de un hato de sinvergüenzas que pretenden voltear un acuerdo libremente suscripto por las partes, debían acudir a medidas de acción gremial en ejercicio de sus derechos constitucionales”.

El acuerdo salarial había sido firmado por las cámaras patronales ADEBA (bancos privados nacionales) y ABAPPRA (bancos públicos), mientras que ABE (bancos chicos, especializados) y ABA (bancos extranjeros) se negaron a suscribirlo. El lunes 23 de enero Banco Nación consultó a Trabajo en nombre de ABAPPRA si el acuerdo pactado el 23 de noviembre con el gremio estaba vigente. La respuesta de la cartera de Triaca fue que “el acuerdo en cuestión no se encuentra ratificado ante esta Cartera de Estado y tampoco se ha efectuado el control de legalidad para proceder a su homologación”.

El acuerdo, incumplido por la mayoría de los banqueros, obligaba al pago de un adelanto a cuenta de las próximas paritarias de 10% de las remuneraciones más un plus de 2 mil pesos. Además se establecía el pago de una suma no remunerativa de entre 8 y 12 mil pesos (para compensar el impacto inflacionario en los salarios, según las distintas categorías).

Frente a este desconocimiento de lo acordado, el viernes los bancarios se declararon en estado de alerta y movilización, difundieron un durísimo comunicado responsabilizando al ministro de Trabajo por “el conflicto que el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, conducta pusilánime y doble standard ha generado” y presentaron una medida cautelar a la Justicia, que finalmente fue aceptada este día lunes por la Cámara Nacional de Apelaciones.

El fallo de la Cámara dispone hacer lugar a la cautelar “estableciendo la obligatoriedad de las cláusulas del acuerdo firmado al ámbito empresarial de representación comprendido en el convenio de la actividad y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que no interfiera en el cumplimiento del acuerdo mientras el mismo se encuentre en conocimiento judicial (artículo 109 de la Constitución Nacional)”. El “ámbito de representación empresarial” involucra a todas las Cámaras y bancos del país, incluido el Banco Central.

El fallo se ubica en la particular coyuntura en la que “se estaría por producir el cobro de los salarios de los trabajadores comprendidos por el acuerdo cuyo contenido se encuentra en disputa” y plantea: “En este sentido, la inacción del Poder Judicial importa colocar al país frente a un conflicto de proporciones que, en el marco de sus atribuciones debe evitar pues, en tanto poder constituido debe, como los demás poderes, cumplir la manda del constituyente de afianzar la justicia y consolidar la paz interior”.

El fallo también se destaca que primera parte del acuerdo tuvo principio de ejecución por parte del empleador y que la conflictividad está vinculada a la falta de homologación del Ministerio de Trabajo. Respecto de la homologación se explica que debe operar debe operar en dos sentidos: como control de la representatividad de los firmantes (“de lo que no caben dudas”, plantea el comunicado bancario) y como control de las cláusulas capaces de afectar la libre competencia o la economía en general (“extremos imposibles si se tiene en cuenta que se trata de un acuerdo cuyas pautas generales abarcan a una actividad que tiene fabulosas ganancias”, añaden).

Desde Notas, dialogamos con Federico Dalponte, abogado laboralista, quien consideró que el fallo constituye “un importante llamado de atención para la discrecionalidad de las homologaciones del Ministerio de Trabajo”. También destaca el hecho de que la Cámara haya ratificado lo planteado por el gremio: “como los empresarios ya habían empezado a pagar, se los hace cargo de continuar con su cumplimiento sin importar la indefinición del Ministerio”.

Finalmente, Dalponte agrega: “El fallo, además, es relevante por tratarse precisamente de una cautelar: significa que mientras se debate el fondo de la cuestión, los empleadores deben cumplir el acuerdo que firmaron”. Y concluye: “La Cámara dispone además que es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores, incluso para los que no lo firmaron. Esto, que implica darle un efecto general y vinculante al acuerdo, es lo que debería haber hecho el Ministerio y no hizo”.

El comunicado de los bancarios festejando el fallo de la Cámara de Apelaciones de todos modos confirma que el gremio se mantiene en “estado de alerta”, ya que el fondo de la causa sigue en instancia judicial. Y concluye: “Los bancos todos deben pagar, el gobierno no debe interferir. No nos han doblegado, es hora de que empresas y Poder Ejecutivo se atengan a respetar la ley y los acuerdos que firman”.