Télam y el debate sobre los contenidos en los medios públicos

En las últimas semanas una serie de acontecimientos en la Agencia Pública de Noticias puso en discusión los contenidos que debe o no difundir un medio de comunicación de esas características. La dirección de la agencia cuestionó a las y los trabajadores por opinar e intervenir sobre la línea editorial.

Cosas que no se dicen

El documento «Consejo de Redacción: relevamiento (preliminar) de casos» elaborado por la Comisión Gremial Interna (CGI) de Télam a mediados de enero enumeró una serie de problemas que, desde la perspectiva de las y los trabajadores de la agencia, hubo en la cobertura de distintos temas durante el año.

Como uno de los aspectos señalaron que las secciones Internacionales y América Latina fueron primero unificadas, luego separadas nuevamente y subdivididas con la creación de una nueva: Cono Sur. No obstante, «la especificidad de esta nueva sección no pudo garantizar la cobertura del funeral de Fidel Castro ni una cobertura adecuada de la visita de la mandataria brasileña destituida, Dilma Rousseff».

El informe da cuenta además de una serie de casos en los que deliberadamente se demoró la salida de distintas noticias, así como también se eliminaron contenidos producidos por las y los trabajadores.

Por ejemplo el 28 de noviembre se generó «una demora de cuatro horas» en la publicación de un cable emitido por la sección Deportes. «Lo único que le pido a Dios es que Macri llegue como presidente a cortar el pan dulce”, había declarado Diego Maradona. «El cable fue bloqueado y demorado (…) El editor de turno en la mesa alegó: ‘No podemos dar esto: sabés dónde trabajamos'», reseñó el informe. Finalmente, cuatro horas después la noticia se publicó y Télam «fue el último medio en difundir la noticia».

La detención de la dirigente social Milagro Sala, fue «sin dudas» la que «generó los mayores problemas» donde hubo «órdenes y contraórdenes, desatenciones, materiales eliminados, despistes y recortes groseros».

Cuando el 23 de noviembre la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, visitó a Sala en la cárcel, «después, dio una conferencia de prensa que, por orden de sus superiores, los corresponsales de Jujuy cubrieron», destacaron en el documento. Pero una vez realizado ese trabajo «la agencia decidió que no saliera ni una línea». «Por supuesto, todos los portales, diarios, radios y canales algo informaron sobre esta visita. Menos la agencia pública de noticias».

Otra de las noticias referidas al caso puso de relieve la doble vara utilizada por los editores. «Una de las directivas vertidas a los redactores de la sección Política es que en los temas que afecten a la actual gestión de gobierno, tanto en el plano nacional como en la provincia de Buenos Aires, no deben salir despachos ‘sin las dos campanas’”, explicaron desde la CGI.

Sin embargo, «en ocasión de la represión sufrida por diferentes diputados nacionales el 21 de diciembre pasado en las puertas del juzgado jujeño donde se llevaba adelante el primer juicio contra Sala, no primó el criterio», denunciaron. «Además de calificar en el título a la represión policial como ‘incidentes’, que en el cuerpo del despacho se definieron como ‘enfrentamientos’, ninguno de los diputados agredidos fue consultado sobre cómo vivió la situación», añadieron.

«Con diálogo, pero sin cogestión»

La respuesta a este material fue un comunicado interno en el cual el Directorio cuestionó que el «Consejo de Redacción Editorial de los Trabajadores» se atribuyó «funciones que no le corresponden» e incluso «avanzó» en observaciones y críticas apoyadas en «falsedades» y «datos incompletos».

Desde la perspectiva de las autoridades se «desperdicia» de esta manera «la oportunidad de hacer un aporte positivo a la necesaria reconstrucción de una agencia que había sido saqueada» durante la gestión anterior.

El comunicado consideró como «un problema conceptual serio» que los trabajadores participen «en la definición de los contenidos de los medios públicos». «Las autoridades de Télam no aceptarán ningún tipo de cogestión», dijeron.

«El visceral rechazo que despertó en el Directorio de la agencia Télam la existencia de un cuerpo colectivo de trabajadoras/es que se atreviera a poner en debate el estado del servicio informativo expresa en sí mismo una ideología», respondió la CGI. En ese sentido expresaron: «Pretendemos honrar nuestro oficio ejerciéndolo en forma reflexiva y autocrítica. Nunca en forma pasiva. Nunca como ejecutores o amanuenses de los dictados de un eventual jerárquico».

Desde la CGI cuestionaron «una anacrónica visión del periodista que lo posiciona como un marciano curioso que baja a la tierra y observa un acontecimiento”. Al tiempo que rechazaron «de plano ese modelo» también criticaron el “periodismo militante” al cual, aseguraron, no defienden. Pero sí consideran que el periodista de un medio público «es y debe ser un sujeto atravesado por un sistema de valores, comprometido con la pluralidad (y por lo tanto con la expresión de las minorías), cargado de una subjetividad necesariamente ideológica y abrazado al ejercicio del derecho a la comunicación».

También evidenciaron que en su comunicado, el Directorio no respondió a ninguno de los casos planteados y aseguraron que el Consejo de Redacción «seguirá funcionando». «Tenemos la convicción de que, en Télam y en todos lados, el periodismo emerge del debate, del intercambio; no de la obediencia ciega», remataron.

Sanciones por una entrevista

Finalmente, el último hecho se conoció la semana pasada cuando la Gerente del Área de Nuevas Tecnologías, Magdalena Cash, amenazó con aplicar sanciones a los periodistas y productores del programa radial Deportivo Télam. El apercibimiento llegó luego de una entrevista en vivo donde el presidente de Vélez Sarfield, Raúl Gamez, insultó al presidente Mauricio Macri.

En este caso la respuesta vino de la Asamblea de Trabajadores de Télam en su conjunto que mediante un comunicado sostuvo que, si bien se planteó que hubo «incumplimiento» de protocolos administrativos «los cuestionamientos respondían al contenido mismo de la nota, que obviamente tuvo un desarrollo imprevisible ya que el programa se emite en vivo».

«La Asamblea de Trabajadores de Télam respalda el comportamiento periodístico y laboral de los compañeros afectados y actuará colectivamente en caso de que se disponga alguna represalia», agregaron. De la misma forma que rechazaron que «los trabajadores del programa deban requerir autorización previa para realizar una entrevista, siendo ese un margen de libertad impropio» del oficio.

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El debate abierto por las y los trabajadores de Télam implica un enorme paso adelante para el periodismo argentino. Que las empresas periodísticas tengan su propio contralor interno, encarnado en quienes producen los contenidos, supone sin dudas un avance en términos de pluralidad, libertad de prensa y derecho a la información.

Santiago Mayor – @SantiMayor