La reforma migratoria de Macri está en marcha

Con la firma del decreto que crea la Comisión Nacional de Fronteras, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y la presentación del sistema de información anticipada de pasajeros (API) de este miércoles, el gobierno de Cambiemos da pasos significativos en busca de una reforma del sistema migratorio argentino, bajo el argumento de tener «mayor control de las fronteras».

La mesa de trabajo creada por decreto será presidida por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, e integrada por distintos organismos estatales. Participarán los Ministerios de Seguridad, Relaciones Exteriores y Culto, Interior, Obras Públicas y Vivienda y Transporte. También la Dirección General de Aduanas (AFIP, Ministerio de Hacienda), la Dirección Nacional de Migraciones (Interior), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Agroindustria) y la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras (Ministerio de Salud). Por parte de las fuerzas de seguridad, estarán representadas Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal.

De acuerdo al decreto 68/2017, la Comisión Nacional de Fronteras tendrá como objetivo «establecer una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales». A su vez, esta deberá establecer «las normas, sistemas y procedimientos técnicos requeridos para administrar, conservar y mantener los Pasos Internacionales y Centros de Frontera y controlar su cumplimiento».

El control de la «seguridad en los Pasos Internacionales, Centros de Frontera y Áreas de Control Integrado», según la nueva normativa, quedará a cargo de Patricia Bullrich, de Seguridad, a través de Gendarmería y Prefectura Naval.

El decreto establece también que 14 pasos internacionales cambien su estatus a «Centros de Frontera», por «su magnitud, concentración de tráfico y entidad». Según la ley 22.352, estos son definidos como complejos que reúnan «en un área delimitada y próxima a un Paso Internacional habilitado», a los organismos nacionales competentes en lo referido al «control del tránsito de personas, transportes y mercaderías, desde y hacia el país, como asimismo de todos los servicios auxiliares, playas de carga y descarga, y de estacionamiento de transportes». Plantea también como fin de la creación de estos Centros de Frontera «mejorar el desarrollo del comercio internacional y de orientar la política exterior a la integración con los países limítrofes».

Horacio García, director nacional de Migraciones, aseguró a Radio Télam que las reformas planteadas tienen que ver con «ser profundamente amplios, hospitalarios y receptivos con todos los migrantes que vienen a enriquecer al país y ser restrictivos con aquellos que vienen a delinquir». Para ellos «hay que lograr la expulsión lo antes posible», agregó. Para esto remarcó la importancia de «tener información».

Con ese fin fue que el miércoles crearon el sistema de información anticipada de pasajeros (API). Se trata de la obligatoriedad de que las empresas aeronáuticas y cruceros entreguen a las fuerzas de seguridad los listados de pasajeros antes de arribar a suelo argentino. De esta forma, planteó el funcionario, la confrontarán con todas las bases de datos de Migraciones, el Registro Nacional de las Personas y la Interpol Internacional. «API nos va a servir para construir perfiles de riesgo», sostuvo García.

«Hasta ahora los procesos para expulsar a un delincuente eran eternos», dijo también. Y agregó: «No tenemos que estar en contra del control, esos mecanismos tienen que ser bienvenidos». Además, dijo que la Argentina «tiene la autoridad moral» para decirle «a los delincuentes que no pueden ingresar». «Tenemos mucho que hacer en el sistema migratorio pero todo esto tiene que ver con la seguridad», sumó el funcionario.

Sobre el resto de las medidas sancionadas por el gobierno, aseguró: «Vamos a hacer un rediseño de los pasos fronterizos. Vamos a tener presencia institucional clara. Hace 70 años que no se habla de fronteras en la Argentina. Lo vamos a redefinir. Para nosotros eso significa mayor tecnología y mayor presencia de las fuerzas de seguridad».

Aunque todavía no se dio a conocer la nueva normativa, también trascendió que desde el gobierno preparan una modificación a la ley de nacionalidad y migraciones que habilitará detener y expulsar a migrantes en situación irregular, permitirá la revisión de todas las radicaciones otorgadas a quienes tienen causas penales -sin importar el tipo de delito o la situación procesal-, autorizará las expulsiones inmediatas y eliminará la unidad familiar y el arraigo como condiciones que pueden evitar la expulsión.

Al mismo tiempo el DNU modifica las condiciones para el acceso a la nacionalidad argentina y vuelve al criterio que impuso la última dictadura cívico-militar. Si hoy es necesario acreditar dos años de residencia en el país, a partir de esta medida será necesario que el pedido sea evaluado por un juez federal y demostrar que la residencia es legal.

Desde distintos organismos de derechos humanos que accedieron al texto del decreto aún no publicado, aseguran que «es una regresión para los derechos de las personas migrantes” y que “su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.

Más de 130 organizaciones de migrantes, de derechos humanos, sociales, eclesiásticas y académicas, mientras tanto, exigieron mediante un comunicado una reunión con el gobierno nacional para discutir la reforma migratoria que el gobierno pretende implementar. Expresaron “preocupación y desconcierto” porque la misma sea, como se difundió, llevada adelante por decreto, y aseguraron que “tendrá un impacto negativo en la vida de casi dos millones de personas que viven en nuestro país”.