Schiaretti y Macri abren las puertas de la obra pública en Córdoba a Odebrecht

En el marco de las denuncias sobre la vinculación del titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, con las coimas pagadas por la multinacional Odebrecht en la obra pública del país, el gobernador de Córdoba inauguró junto al presidente Mauricio Macri una obra que ejecutará esa misma constructora.

El gasoducto

El pasado 11 de enero, Macri inauguró junto a Juan Schiaretti la primera obra del proyecto de los gasoductos troncales en La Calera que estará a cargo de la constructora Odebrecht. La obra, que demandó una inversión de 18 millones de pesos, tiene por objeto reducir la presión del fluido entre el gasoducto de entrada y salida de la estación -de 25 bar a 1,5 bar-, convirtiéndose en el primer paso para llegar a la red de distribución domiciliaria.

A su vez, se informó que la planta reductora «es el primer tramo que se inaugura del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas». El proyecto consta de 10 sistemas y Odebrecht es adjudicataria de seis de ellos.

Si bien el punto más polémico de la obra está signado por la multinacional mencionada, otros datos sobre brindan un panorama más completo. Por un lado, el gobernador decidió volver a licitar los primeros tramos de cuatro sistemas en el interior debido a demoras en la entrega de préstamos solicitados a bancos chinos. Por otro lado, desde el gobierno provincial se admitió que el presupuesto de los gasoductos troncales aumentó un 45% en casi dos años, llegando actualmente a 12.480 millones de pesos mientras que en abril de 2015, según información oficial, el costo era de 8.600 millones de pesos en total.

Desde la provincia aseguraron que este incremento es acorde a la inflación anual -superior al 40%- por lo tanto la suba de los costos en el porcentaje mencionado en dos años, según los funcionarios, “es una buena noticia para las arcas públicas”. Es curioso que desde el gobierno cordobés se reconozca que la inflación fue del 40% ya que durante todo el año ante la exigencia del sector docente de reabrir las paritarias se afirmó que la inflación era mucho menor a ese valor. Caso contrario el Gobierno tenía que cumplir con la cláusula de reapertura de la negociación salarial. Inconsistencias en el discurso oficial.

Odebrecht y el poder político en Córdoba

El principal cuestionamiento respecto a la obra inaugurada está puesto sobre la continuidad de contratos del Estado para la realización de obra pública con una empresa que reconoció haber pagado coimas por 35 millones de dólares en la Argentina entre 2007 y 2014. El nuestro no es el único país donde se llevó adelante esta práctica vinculada a la obra pública. Odebrecht obtuvo contratos en todo el mundo por 12 mil millones de dólares entre los años 2001 y 2016, esto incluye a países como Brasil, Angola, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

A esto se le suma el reciente escándalo encabezado por Gustavo Arribas, actual titular de la AFI. Según revela una investigación encabezada por un equipo de periodistas de Perú, Arribas habría recibido un total de 594.518 dólares a una cuenta en Suiza mediante cinco giros realizados por Leonardo Meirelles en el mes de septiembre de 2013 desde una cuenta bancaria en Hong Kong en nombre de una «empresa de fachada» utilizada para el pago de coimas, lavado de activos y evasión. Meirelles brindó documentación e información respecto a la actividad de la empresa Odebrecht en el marco de la investigación sobre Lava Jato bajo el régimen de “delación premiada”.

Al respecto, se abrió en la provincia un debate que fue ganado por el oficialismo, ya que la obra fue adjudicada a pesar de las críticas de algunos sectores de la oposición. Por un lado la legisladora de Córdoba Podemos Liliana Montero afirmó que solicitaron en nueve oportunidades al fiscal anticorrupción que gire un exhorto a Brasil para obtener información sobre las implicancias del caso en nuestro país.

Por su lado, el legislador juecista Juan Pablo Quinteros solicitó que se investiguen los posibles vínculos del ex gobernador José Manuel de la Sota con la causa por pago de coimas por las licitaciones que ganó Odebrecht durante su gestión y por su relación con João Santana, quien fuera asesor durante sus campañas electorales y hoy se encuentra detenido.

En este sentido, el actual embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, otrora intendente de la ciudad de Córdoba y candidato a gobernador de la provincia, también se expresó al respecto. El actual funcionario de Cambiemos afirmó que De la Sota posee una relación “antiquísima» con la firma Odebrecht y que es de público conocimiento que el ex mandatario provincial “logró su primera gobernación financiado por capitales brasileros, con aportes paulistas en su primera campaña electoral, y que la misma empresa Odebrecht terminó bancándole a su consultor estrella». Cabe señalar que una investigación publicada por un medio periodístico reveló los presuntos sobrenombres de 18 políticos ecuatorianos que recibieron sobornos de la constructora brasileña.

En la provincia existe un acuerdo en la necesidad de la realización de obras que permitan garantizar a más cordobeses el acceso a los servicios básicos como el gas, la luz y el agua. Son numerosas las zonas en el interior provincial y Gran Córdoba las que requieren de políticas públicas que prioricen el derecho al hábitat. Si evaluamos las numerosas irregularidades presentes en las licitaciones y adjudicaciones a lo largo de nuestro país podremos analizar que la motivación para avanzar en la obra pública no reside en las necesidades de las grandes mayorías sino los intereses económicos de los sectores concentrados del poder político y económico.

María Ordoñez, desde Córdoba.