¿Qué se propone el gobierno con la reforma de la ley de migraciones?

El gobierno nacional quiere modificar la política migratoria. Para eso piensa utilizar un decreto de necesidad y urgencia que modificará dos leyes nacionales (la de migración y la de nacionalidad). Los organismos de derechos humanos que accedieron al proyecto de DNU denuncian que “el texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes” y que “su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.

Los cambios permiten detener y expulsar a migrantes en situación irregular, habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas a quienes tienen causas penales -sin importar el tipo de delito o la situación procesal-, autoriza las expulsiones inmediatas y elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que pueden evitar la expulsión.

Al mismo tiempo el DNU modifica las condiciones para el acceso a la nacionalidad argentina y vuelve al criterio que impuso la última dictadura cívico-militar. Si hoy es necesario acreditar dos años de residencia en el país, a partir de esta medida será necesario que el pedido sea evaluado por un juez federal y demostrar que la residencia es legal.

Desde el espacio que encabeza Mauricio Macri se entiende esta medida como parte de la política de seguridad. El mismo presidente afirmó que “por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir”. Sin embargo las estadísticas desmienten esta preferencia. Menos del 5% de la población carcelaria es extranjera.

Si bien como política de seguridad el proyecto es débil, puede ser leído como una reforma que busca endurecer el control contra quienes cometen delitos menores o ilegalismos (como la venta callejera).

Para explicar el carácter punitivo y regresivo de la medida, los organismos de derechos humanos utilizaron un caso hipotético. A partir del nuevo escenario, una persona migrante -tenga residencia legal o no- que subiste de la venta callejera estará en grave riesgo de expulsión si existe una denuncia penal en su contra. Ya sea por su actividad económica o por resistir un desalojo -como se vio hace unos días en el las calles de Once- los jueces y fiscales intervinientes deberán notificar a la Dirección Nacional de Migraciones de la existencia de las causas penales. A partir de ahí se iniciará el trámite de expulsión o la revisión de las residencias otorgadas. De quedar firme el procesamiento en una causa penal que prevea penas privativas de libertad, el migrante podrá ser expulsado del país.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reclamó al gobierno argentino en diciembre del año pasado que no adopte medidas regresivas respecto al marco normativo migratorio. Y remarcó “la falta de un diálogo fluido y regular con las asociaciones de migrantes».

El proyecto de reforma se agrava por las condiciones en las que planea realizarlo el gobierno, prescindiendo de la discusión en el Congreso y desconociendo los compromisos internacionales que Argentina asumió en el tema. El documento de los organismos explica que, de llevarse adelante la reforma, el gobierno “lo hará por una vía contraria a la Constitución, ya que regulará sobre una materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos”.

En el documento conjunto, firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina, la Red Nacional de Líderes Migrantes y OTRANS Argentina, también se advierte que “la ley de migraciones 25.871 fue producto del consenso alcanzado a partir de un amplio debate iniciado en el año 1999 por diferentes actores, en ámbitos sociales, académicos y legislativos, que permitió la revocación del decreto ley de migraciones, denominada “Ley Videla”.

Evo Morales y la ciudadanía sudamericana

Mientras el presidente argentino intenta alcanzar la reforma migratoria por DNU, el primer mandatario boliviano anunció este domingo que uno de sus objetivos de gestión es impulsar la ciudadanía sudamericana.

Ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, Evo Morales afirmó: “En nuestra gestión tenemos el desafío de concretar la ciudadanía sudamericana, con la visión de lograr la ciudadanía universal”. Y recordó que ya existe un proyecto en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para construir esa nueva ciudadanía.

En el mismo discurso Morales se mostró conmovido por la persecución a las personas migrantes: “en estos tiempos, siglo XXI, ningún ser humano puede considerarse ilegal ¿Cómo podemos ser ilegales? No entiendo”.

Foto: Red de Migrantes