En plena feria, Macri firmó el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad

El acuerdo celebrado entre los gobiernos nacional y porteño requiere ahora el aval de los legisladores. Afectará sólo a una parte del fuero penal, pero se prevén más cambios en el futuro. Tanto los jueces como los trabajadores ya se manifestaron en contra.

“¿Se animarán los jueces a ir a la guerra?”, se preguntó el miércoles Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados porteño.

El malestar entre los funcionarios de la «Justicia Nacional» es evidente. La sola posibilidad de pasar a funcionar como tribunales locales ya había generado respuestas meses atrás, cuando la Asociación de Magistrados consideró que existían “sólidas objeciones de orden constitucional a un eventual traspaso”.

Pero no hubo freno. Al menos no hasta ahora. En plena feria judicial, el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta firmaron este jueves el traspaso de una parte del fuero penal a la órbita de la Ciudad.

Se trata en concreto de los 54 cargos vacantes que existen en el fuero, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías. En total, casi medio millar de personas afectadas, entre funcionarios y trabajadores. Misma suerte correrán a su turno, aunque en un futuro incierto, los tribunales laborales, comerciales y civiles.

“Necesitamos una justicia más eficiente, cercana y con respuestas”, justificó el presidente. Y ése, en efecto, es el argumento central del gobierno: por su condición de local, un juzgado penal porteño permitiría -se supone- “acelerar los tiempos para denunciar delitos y asistir a las víctimas de una manera más personalizada”, tal como aseguró Rodríguez Larreta.

Según la Asociación de Magistrados, ello implicaría sin embargo “un mero cambio de membrete”. El “colapso funcional” de los tribunales nacionales, aseguran, no variará en sustancia.

Con esa postura coinciden los miembros de la Asociación Compromiso Judicial, para quienes “no se advierte justificación válida para la transferencia, ni la incidencia que ella pudiera tener en relación al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad”.

Pero con todo, la última palabra no está dicha. El convenio celebrado por los Ejecutivos nacional y local tendrá que ser refrendado ahora por el Congreso y la Legislatura porteña. Según los cálculos del oficialismo, el trámite en la Ciudad será fácil, al igual que en el Senado nacional. La duda, claro, está puesta en Diputados, donde el Frente Renovador de Sergio Massa continúa siendo decisivo para formar mayorías.

En el medio, claro, los trabajadores, quienes temen un desguace de la Justicia Nacional, con eventuales recortes de todo tipo, fiel al estilo macrista.

En cualquier caso, la firma del convenio inaugura apenas una etapa más de un conflicto que no está cerca de cerrarse. En pleno año electoral se escucharán las voces de los gremios judiciales, de los legisladores opositores y de los propios jueces, quienes insisten que la afectación de su estatus a través de una ley resulta inconstitucional.