El gobierno define si convoca a sesiones extraordinarias

Con un diciembre difícil para el oficialismo, el temario aplazado en el Congreso incluye más de una decena de proyectos. Régimen electoral, ley de riesgos de trabajo y mercado de capitales, entre los más resonantes.

No hay fecha cierta ni definición oficial, pero hacia un lado y otro del espectro se habla de sesiones extraordinarias. Lo cierto es que la última prórroga, decretada por el gobierno a finales de diciembre, había extendido el período ordinario hasta el 2 de enero. Aunque sin éxito.

De la veintena de proyectos originales que el Ejecutivo pretendía tener aprobados hacia fin de año, sólo tres obtuvieron sanción definitiva: la ley de presupuesto, la emergencia social y la reforma del impuesto a las ganancias.

Del resto, varios no salieron de comisión y otros tantos fueron frenados en alguna de las dos Cámaras. Y hacia allí apuntan ahora todas las luces.

El nuevo tema puesto sobre la mesa por Cambiemos se llama «régimen penal juvenil», título eufemístico para perseguir en realidad una baja en la edad de punibilidad. En cualquier caso, el debate propuesto sirvió tanto a Sergio Massa como a Margarita Stolbizer para pedir la convocatoria a sesiones antes del inicio regular el 1º de marzo. El reclamo de la renovadora Graciela Camaño fue enfático: “Sacarlo en febrero y alejarlo de toda especulación electoral”.

Aunque el gobierno no parece tener apuro. Desde Casa Rosada dicen y repiten que no habilitarán su tratamiento al menos hasta fin de año. Pero sí tienen en carpeta asuntos varios, lo que sin dudas abre vías de negociación.

Entre las prioridades del Ejecutivo, las máximas tienen cara de reforma: régimen electoral, ley de riesgos de trabajo y ley de mercado de capitales. Debajo, con menos ímpetu, se promocionan igualmente la obligatoriedad de la sala de tres años, la extinción del dominio sobre bienes provenientes del narcotráfico o corrupción, la promoción de la actividad emprendedora, el agravamiento de penas por tenencia ilegal de armas y un nuevo régimen de excarcelaciones, entre otros.

Por lo pronto, nadie duda de que el temario completo es de tratamiento imposible en febrero. Aunque al oficialismo le alcanzaría, al parecer, con adelantar cuanto antes ciertos debates y evitar así la merma de la actividad legislativa que supone todo año electoral.

La duda sobre el mejor camino es razonable en estos casos. El período pasado Mauricio Macri la resolvió apelando a los decretos de necesidad y urgencia, que luego el Congreso convalidó. Difícil creer que pueda tener otra vez esa suerte de principiante.

Federico Dalponte – @fdalponte