Empezó el debate oficial para bajar la edad de imputabilidad

El ministro de justicia Germán Garavano dio inicio formal a la ronda de consultas que prevé converger en un proyecto de «ley penal juvenil» consensuado.

El gobierno buscará de esta forma poner el tema en agenda y sostenerlo durante todo 2017. Dilatando, en definitiva, su remisión al Congreso hasta después de las elecciones.

Pero además, en plan estratégico, intentará llegar a fin de año con un texto respaldado por diversos actores políticos y sociales: el único camino para evitar que la iniciativa sea frenada por la oposición.

En cualquier caso, el ministro señaló, cauto: “La baja en la edad de imputabilidad será el último punto que abordaremos en esta serie de debates que vamos a sostener a lo largo de este año”.

Sucede que aquél es el núcleo controversial del debate. Un decreto-ley del dictador Jorge Rafael Videla puso en 1980 el límite a los 16 años, y ésa es la norma que rige en la actualidad.

Convergen así en la discusión aquellos que pretenden el juzgamiento de niños y adolescentes como si fuesen adultos y, por otra parte, aquellos que denuncian que el régimen actual contiene una lógica autoritaria.

Entre ellos, Eugenio Raúl Zaffaroni. Distante de la postura alentada por el gobierno nacional, el magistrado continental sostiene desde hace años que en la Argentina, respecto a los menores, “se aplican penas sin proceso penal”. Esto, en rigor, significa que se les impone un régimen tutelar que los priva de derechos, incluyendo, en muchos casos, el de la libertad, sin posibilidad de defensa alguna.

Según un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Universidad de Tres de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, un tercio de los establecimientos que funcionaban a finales de la década pasada con fines de detención eran gestionados por instituciones no especializadas, como la policía o personal penitenciario. Además, como si fuera poco, el 85% mantenían un régimen cerrado, comprobándose serias dificultades para el acceso a derechos: por ejemplo, el 21% de los detenidos no tenían ni siquiera DNI.

Desde esta lógica, el régimen actual es a las claras perjudicial, aunque más lo sería procesar a los jóvenes como si fuesen adultos. Y allí, entonces, la cuidada y maquillada propuesta del gobierno: “Queremos poner el acento en la prevención, contención y en medidas alternativas al encierro”, manifestó Garavano para distanciarse del discurso punitivo.

A lo que la ministra de seguridad Patricia Bullrich agregó, en consonancia: “Lo que pretendemos es frenar el delito un paso antes de que se produzca con diversas alternativas de contención. Debemos reformar los mecanismos de encierro y producir mecanismos alternativos como puede ser la reparación de los daños”.

Alternativas de contención, resume el gobierno con insistencia. Aunque vale decir, faltará para ello la intervención en el debate de los titulares de las carteras de Educación y Desarrollo Social, hasta ahora llamativamente ausentes. Tampoco, por lo demás, hay académicos en la lista de invitados.

“¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar, la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?”, insistió por ejemplo el abogado, jurista y sociólogo Roberto Gargarella, la semana pasada, a modo de reflexión.

Sea como sea, pese a que se desconoce el criterio, los convocados parecen ya definidos. Lo que surja de ello será presentado dentro de varios meses. Si la reforma es para garantizar derechos o para violentarlos, se sabrá a fin de año.

Aunque con maciza claridad, hacia el final de su intervención, el ministro Garavano sostuvo que había que “castigar” a los que violasen la ley. Un desliz, al pasar, nada alentador.

Federico Dalponte, abogado – @fdalponte