5 mitos sobre la baja de las cargas patronales

Instalada como una política decisiva de su gestión, el gobierno nacional propone ahora reducir las contribuciones a cargo de las empresas. Sin embargo, apela para ello desde hace meses a una serie de premisas que, a la luz de la experiencia, no tienen ningún tipo de asidero.

Las cargas son demasiado altas

“Tenemos los impuestos al trabajo más altos del mundo”, dijo a principios de diciembre Mauricio Macri, y sorteó de un solo paso un debate instalado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1966 sobre la comparabilidad de este tipo de estadísticas.

En Dinamarca, por ejemplo, la prestación por desempleo contempla una duración de dos años por un valor máximo equivalente al 90% de lo que solía cobrar el trabajador. Mientras que en nuestro país el seguro dura la mitad de tiempo y el monto es inferior al salario mínimo.

En México, por su parte, las contribuciones en general son sustancialmente más bajas que en Argentina, pero allí los trabajadores gozan del efectivo derecho a participar de las ganancias empresariales.

Sucede que las comparaciones siempre son odiosas y más cuando se las utiliza para justificar medidas regresivas.

Crea más trabajo

“Macri me pidió que baje los impuestos al trabajo para aumentar el empleo”, dijo el flamante titular de hacienda Nicolás Dujovne. Aunque no todos en su equipo están de acuerdo.

Según un estudio presentado en 2010 por el nuevo viceministro Sebastián Galiani, “el principal argumento para justificar el recorte de impuestos introducido entre 1995 y 1999 en la Argentina (a saber, que menores costos laborales incrementarían el empleo) no fue respaldado por los hechos”. En rigor –señala el documento–, las estadísticas “apuntan a la ausencia de cualquier efecto significativo en el empleo”.

Impacta sobre el impuesto al trabajo

“Los impuestos gravan rentas, patrimonios y consumos”, explica el tributarista Jorge Damarco. Y eso se sostiene, agrega, “porque a través de ellos se exterioriza el bienestar económico de un individuo.”

Las cargas patronales, en ese sentido, son cualquier cosa menos un impuesto. No se calculan sobre la base de las ganancias del empresario, ni sobre el valor de sus propiedades, ni sobre sus consumos.

Hablar entonces de “impuesto al trabajo” en vez de “cargas patronales” esconde una intención ideológica, una suerte de protesta implícita. Y por lo demás, una invertida asignación de culpas: es correcto forzar al trabajador a resignar parte de su salario en concepto de impuesto a las ganancias, pero no así obligar al empresario a contribuir a la seguridad social. Curioso.

No menoscaba los ingresos del trabajador

Entre otras cosas, la Ley 20.744 dice que las cargas patronales son una “obligación contractual”. No son una opción. No se elige. Los fondos destinados a la seguridad social forman parte del pago al trabajador por el desempeño de sus tareas –aunque no se abonen en efectivo–.

El trabajador, por tanto, es acreedor del todo: del salario de bolsillo, pero también de las demás cargas. Y por ello las contribuciones no son un “costo” del empleador, sino parte de la retribución del obrero. Tal es así que, de manera nada casual, la OIT denomina “salario diferido” a tales prestaciones.

En ese sentido, cuando un Estado recorta las contribuciones patronales, naturalmente beneficia al empresario, pero lo hace disminuyendo sin tapujos las acreencias del trabajador.

Favorece el trabajo registrado

“Los impuestos al trabajo (…) fomentan las informalidad”, sostiene el ministro Dujovne. Y soslaya, por cierto, cualquier evaluación semejante sobre la correlativa evasión fiscal: si hay un 35% de trabajo no registrado, hay también un 35% de la economía empresarial no declarada.

Según el grupo de expertos en relaciones laborales constituido en 2006 para asesorar al Ministerio de Trabajo, “para que los llamados costos laborales dejen de ser la única variable de acomodación relativa, se hace necesario implementar políticas sumamente activas en materia de control de la evasión impositiva”.

Pero Dujovne no se detiene en eso. Tampoco en la escasa presencia sindical en las empresas o el débil mecanismo de reclamo individual previsto por las leyes. Su explicación exclusiva acerca de la informalidad laboral es que los empresarios no registran las relaciones “porque hay algunos sectores que no pueden enfrentar la carga tributaria”.

Sin embargo, según señala Julio Godio, hacia fines del segundo mandato de Carlos Menem, luego del recorte de las cargas patronales, sólo uno de cada diez nuevos puestos creados tenían garantizados una indemnización en caso de despido: señal clara de inestabilidad. El resto eran contratos basura. Cortos y baratos. Pocos –muy pocos– aprovecharon la baja de las contribuciones para ofrecer trabajos dignos.

Federico Dalponte – @fededalponte