Nacionales

4 enero, 2017

Laura Alonso denunció a Emilio Pérsico por presunto enriquecimiento ilícito

La Oficina Anticorrupción presentó este martes más de 20 denuncias contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista por no haber presentado las declaraciones juradas de bienes del año 2015. Laura Alonso se encuentra investigada por este mecanismo de «denuncia selectiva» ya que al mismo tiempo hay más de 20 mil funcionarios de Cambiemos que tampoco cumplimentaron el trámite.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), presentó este martes 25 denuncias contra ex funcionarios de tercera línea del kirchnerismo por “enriquecimiento ilícito” por no haber presentado sus Declaraciones Juradas de bienes en el año 2015. Entre ellos se cuentan Pablo D´Elía y Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y ex secretario de Agricultura Familiar.

Pérsico ocupó el cargo desde la elevación del rango de la ex Subsecretaría, en junio de 2015, hasta fines de 2015. La denuncia de la OA contra Pérsico, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Daniel Rafecas, solicita se investigue si la omisión del dirigente social puede encuadrarse en el artículo 268/3 del Código Penal que estipula una pena de entre 15 días y dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua a quien «estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo».

Rafecas habría autorizado a la fiscal Paloma Ochoa para que evalúe si se requiere la apertura de la investigación o si se desestima la denuncia. Otras de las 25 denuncias presentadas por Laura Alonso recayeron en el juzgado de Sebastián Ramos.

Frente a la denuncia, Pérsico declaró: “Cometí un error, una torpeza, pero no tengo nada que ocultar. Mi patrimonio es casi nulo, una cuenta sueldo y un vehículo usado que vendí. El último año (2015) pensé que no la tenía que presentar más, porque dejaba de pertenecer a la administración pública. Di de baja en el banco mi calidad de funcionario, y el trámite llegó hasta ahí. En las próximas horas acomodaré los papeles y los presentaré como corresponde”. Luego agregó: “Lamento que muchos compañeros se preocupen por este tema. Es ridículo que armen este circo”.

Las denuncias de Alonso contra Pérsico y otros ex funcionarios tensionaron la relación que el gobierno había pretendido establecer con los movimientos sociales, a través de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, particularmente después de la firma de la ley de Emergencia Social. Desde el ministerio de Stanley negaron absolutamente haber avalado esta avanzada judicial contra Pérsico, pero no deja de ser significativo que se produzca apenas iniciado el año, después de haber logrado pacificar el históricamente conflictivo mes de diciembre.

Pero la avanzada de la OA también confirma otra tendencia histórica del organismo a cargo de Alonso, que ya le ha costado una denuncia penal y una investigación en curso: su tendencia a la “denuncia selectiva”. En noviembre de 2016 la Sala II de la Cámara de Casación Penal solicitó se la investigue para establecer si “elige en cuales causas intervenir y en cuales desiste arbitrariamente de participar”.

Es recordado el prejuzgamiento automático (“no hay delito”) que hizo Alonso respecto de las denuncias derivadas de los Panamá Papers sobre las cuentas de Mauricio Macri en paraísos fiscales, pero además es notoria la diferencia entre su activa participación en las denuncias de corrupción vinculadas a ex funcionarios del kirchnerismo con el rol prescindente que decide tomar en las más de 50 causas en curso vinculadas a irregularidades de funcionarios de la actual gestión. Resulta particularmente contrastante con las 25 denuncias de este martes el hecho de que existen decenas de miles de funcionarios de la Alianza Cambiemos en la misma situación, que no son objeto de planteo alguno.

En julio de 2016 la OA informó que apenas el 52% de los funcionarios de la administración nacional habían cumplido con la obligación de hacer su declaración jurada de bienes. Sobre el universo de 47.329 personas obligados por ley, sólo 24.933 habían cumplimentado con el trámite. Las universidades nacionales, el Ministerio de Cultura y Cancillería registraban un porcentaje de declaraciones menor al 25%. El grado de incumplimiento llegaba casi al 100% en organismos vinculados a fuerzas de seguridad: en Policía Federal presentaron su declaración 2 de 1425 obligados, en la Prefectura Naval 2 de 1068 y en la Gendarmería Nacional 7 de 3830.

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