Ordenan desalojar a las familias del ex Padelai

En el predio del ex Patronato de la Infancia (Padelai) ubicado en el barrio porteño de San Telmo viven actualmente 62 familias. Durante la madrugada de este miércoles está previsto que sean desalojadas. Organizaciones sociales llaman a concentrar en el lugar para evitar la resolución judicial.

La orden fue dada por la jueza María Lorenza Tula del Moral, del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo los habitantes del lugar señalan que esta decisión viola sus derechos como propietarios y acuerdos previos con el propio gobierno porteño.

Es que el edificio construido en 1887 estuvo habitado por las mismas familias que hoy lo ocupan desde 1979 hasta 2003 cuando fueron desalojadas bajo la gestión del jefe de gobierno Aníbal Ibarra. En ese entonces, como ahora, el argumento era que había un peligro de derrumbe.

Como reseñó el portal Infonews en 2009, las autoridades porteñas cedieron «el uso gratuito» del lugar «por 30 años a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España (AECID)». Como contrapartida la institución europea debía poner en condiciones la estructura e instalar un centro cultural. Sin embargo esto no se llevó a cabo.

«El 6 de mayo de 2012, atento a un acuerdo celebrado entre las familias y las autoridades españolas, y considerando que el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble a nombre de las familias, volvió a ser ocupado tras un acampe de 9 meses en la vereda», completó Infonews.

Pero ahora el Poder Judicial nuevamente ordena dejar a sus habitantes en la calle, incluidos 82 niños y niñas. Por este motivo, diversas organizaciones sociales y políticas del barrio emitieron un comunicado para convocar a frenar el desalojo.

«Exigimos una solución habitacional urgente y la consideración inmediata de la realidad que atraviesan estos vecinos. La vivienda digna es un derecho y este episodio es un atropello más por parte del gobierno porteño y nacional que no hace más que vulnerar este y otros derechos», sostuvieron.

Además denunciaron la presencia de un amplio operativo policial que incluye el vallado de la zona para impedir que las organizaciones se puedan acercar a acompañar a las familias.

Foto: Mariano Fuchila