Brasil: la masacre de Manaos revela el colapso del sistema penitenciario

Al menos 60 presidiarios fueron asesinados durante del motín que tuvo lugar el 1° de enero en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) ubicado en Manaos, en el Estado de Amazonas. El motín comenzó en la tarde del domingo 1° de enero y culminó en la mañana del lunes 2, extendiéndose por más de 17 horas.

Sin embargo, la cifra definitiva de muertos aún no fue confirmada y se estima que podrían ser más, debido a que la Policía Militar había anunciado la muerte de al menos 80 personas.

De acuerdo a las investigaciones oficiales, el motín se originó por un enfrentamiento entre carteles del narcotráfico que habitan dentro del penal. Se trata del Primer Comando de la Capital (PCC), con base en São Paulo, y la Familia do Norte (FDN), que controla las cárceles del estado de Amazonía y es aliado del Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro.

Sergio Fontes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas, afirmó que «todo indica que fue un ataque de una facción mayor contra una menor para eliminar la competencia». De acuerdo con el funcionario, una facción del FDN asesinó a un grupo de supuestos integrantes del PCC y a otros presos comunes. El FDN no tuvo bajas.

Asimismo, doce trabajadores de una empresa tercerizada del Compaj fueron tomados como rehenes y liberados a las 7 de la mañana de este lunes.

“Lo que aconteció en el Compaj es un capítulo más de una guerra que el narcotráfico impone en este país y demuestra que este problema no puede ser enfrentado por los Estados”, dijo Fontes. “No se trata de un problema del sistema penitenciario o de un caso aislado en el país. Es algo mucho más grande, ya que la disputa dentro de los penales es una extensión de la guerra que tiene lugar fuera de ellos”, afirmó el secretario de Amazonas.

Durante el motín actuó un comando de la Tropa de Choque de la Policía Militar que ingresó en el complejo mientras que la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) -colegio de profesionales- intermedió en las negociaciones para liberar a los rehenes.

«Infelizmente estamos delante de la mayor y más horrible masacre dentro de las cárceles de Brasil», dijo Epitácio Almeida, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OAB en Amazonas.

En efecto, el episodio constituye la segunda mayor matanza dentro del sistema penitenciario brasileño, detrás de la Masacre de Carandirú que tuvo lugar en 1992 y que dejó un saldo de 111 muertos. En esa ocasión, la Policía Militar invadió el penal y asesinó a los presidiarios. Hasta la actualidad, no hubieron condenados por los hechos sangrientos.

Luego del motín del Compaj se produjeron al menos dos más en el estado Amazonas en menos de 24 horas. Horas antes de la masacre, alrededor de 80 presos se fugaron del Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), a tan sólo 5 kilómetros del primero. En el Centro de Detención Provisional Masculino (CDPM), que también se encuentra en la misma área, se mantenía un motín hasta adentrada la noche del lunes 2 de enero. El CDPM tiene capacidad para 568 presos, aunque en la actualidad registra 1.568 internos.

El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, viajó hasta Amazonas donde se reunió con el gobernador José Melo de Oliveira. Tras la reunión, las autoridades del Estado Amazonas anunciaron públicamente su solicitud de ayuda al gobierno federal para reforzar la seguridad en las prisiones estaduales y combatir el narcotráfico. No obstante, las autoridades federales anunciaron que la situación se encuentra bajo control.

El presidente de la OAB a nivel nacional, Claudio Lamachia, dijo a Agência Brasil que la masacre en el Compaj confirma la brutalidad del sistema penitenciario brasileño que ya se “tornó rutinaria” y que este caso no es inédito, ya que eventos similares ocurrieron en los últimos meses en Maranhão, Pernambuco y Roraima, ubicados en el nordeste del país. “El Estado brasileño debe cumplir su obligación de resolver este problema con la rapidez y la urgencia necesarias, sin paliativos que solamente enmascaran la cuestión”, afirmó.

Lamachia señaló que la reciente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema de Brasil) de permitir la ejecución anticipada de la pena antes de agotar el proceso judicial, “ciertamente agravará la situación de los penales con el encarcelamiento de ciudadanos inocentes, especialmente quienes son menos favorecidos, y aumentará la población carcelaria y el tenso clima que ya existe en las cárceles”.

Para evitarlo, sugirió mayor celeridad procesual por parte de los tribunales superiores y “prioridad absoluta” a las presentaciones de habeas corpus y recursos similares, con el objetivo de evitar condenas injustas.

Brasil, que mantiene la cuarta población carcelaria más grande del mundo, enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento en las unidades del sistema penitenciario y el incumplimiento de los derechos humanos de los detenidos.