Condenaron a Milagro Sala por el acampe en la gobernación de Jujuy

El Juzgado Contravencional de la provincia de Jujuy dictó en la noche del jueves 29 su veredicto contra la dirigente social, acusada de ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal en una causa por el acampe llevado a cabo por la Tupac Amaru entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

Milagro Sala fue inhabilitada por tres años para ser integrante de asociaciones sociales y recibió una multa por 3780 pesos. Se trata de una causa contravencional, a diferencia de por la que fue juzgada anteriormente, que tenía carácter federal.

“El derecho constitucional a la protesta no tiene preminencia sobre el resto de los derechos y, como todos, puede ser regulados. El acampe que realizaron es ilegítimo por la forma en que se ejerció. Por más de 50 días días obstruyeron la plaza principal, calles importantes, la zona del Hospital y la Catedral. Fue desproporcionado”, dijo uno de los representantes del Departamento Contravencional, Rodolfo Retamozo a Clarín. Se trata de un antecedente peligroso en clave de judicialización de la protesta social.

Fue durante el acampe que la dirigente de la Tupac fue detenida en su casa, un mes después de la asunción de Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy, acusada de «instigación a cometer ilícitos y tumulto». Aunque luego la excarcelaron en el marco de esta causa, le dictaron prisión preventiva por otra, vinculada a «asociación Ilícita, fraude a la administración pública y extorsión», cuestión por la que aún no fue juzgada.

Vale mencionar que el Código Contravencional jujeño fue creado en enero de 2016, mientras transcurría la medida de fuerza que la Tupac y otras organizaciones llevaban a cabo.

Este miércoles se había conocido la sentencia en el primero de los juicios contra Sala. Allí fue encontrada culpable de instigación a daños, por un «escrache» realizado a Morales en el que ella no participó y condenada a tres años de prisión «en suspenso». Además, el Tribunal determinó prescripta la otra acusación, por amenazas, y fue demostrado que los testigos que presentó la fiscalía mintieron durante el proceso judicial.

«Esta condena habilita la criminalización de la protesta, que cualquier dirigente político pueda ser condenado por protestar, es un gran retroceso de la democracia», dijo la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta a Radio 10. También afirmó que este fallo el demuestra «la tremenda persecución» que existe contra la dirigente de la Tupac y diputada del Parlasur.

«Les pido, señores jueces, que no se dejen apretar por el poder político, dicten lo justo», había pedido Milagro Sala previo a la lectura del veredicto.