Ex director de un penal salteño procesado por autolesiones de personas a su cargo

El juez consideró que las heridas autoinflingidas fueron el último recurso de una serie de reclamos por las condiciones de detención y los abusos del personal penitenciario. Por esto procesó al ex director del Instituto Federal de Varones en el Complejo Penitenciario Federal III de Güemes, Salta, entre 2014 y 2015. Los cargos son por incumplimiento de los deberes de funcionario público. También lo embargó por 150 mil pesos.

Pablo Matamala era el responsable del Instituto Federal de Varones ubicado en la localidad de Güemes, Salta. Durante su gestión 180 hombres privados de libertad se infringieron lesiones. El juez federal Miguel Antonio Medina consideró “evidente que muchas de las circunstancias que llevaron a diferentes internos a autolesionarse tenían origen en la falta de respuestas por parte de aquellos que tenían la obligación de velar por su seguridad”.

El fiscal Eduardo Villalba había solicitado el procesamiento en marzo del 2015. Se basó en un estudio interdisciplinario que realizó la Procuraduría contra la Violencia Institucional que arrojó como resultado que el Complejo Penitenciario Federal III tenía la tasa más alta de personas encerradas que se autolesionaban. Durante el año 2013 se registraron 66 hechos de violencia dentro Complejo. De ellos 32 fueron autolesiones (en seis casos, mujeres privadas de libertad). Esa cifra se superó en tan solo seis meses del 2014. Durante el primer semestre hubo 34 autolesiones.

El juez analizó que «los reclamos por parte de los internos alojados en el Complejo NOA III, muchos de ellos canalizados a través de hábeas corpus, en donde se hacía mención a la arbitrariedad en el manejo del horario de visitas, retrasando la entrada y reduciendo el tiempo de encuentro de los detenidos con sus seres queridos, la inflexibilidad en el control de la documentación de familiares procedentes de otras provincias o países, la falta de asistencia médica y los malos tratos, por mencionar algunos de los más frecuentes». Y observó que «no aparecen como hechos casuales y conducen inevitablemente a preguntarse si se crea de parte de los agentes del Servicio Penitenciario un cuadro de situación propicio que actúa como disparador de una situación que se sabe va a suceder: las autolesiones».

El magistrado Medina también basó su decisión en un informe psicológico de la licenciada Olguín Rufino, quien afirmó que «el corte», «la huelga de hambre», o cualquier otro modo de protesta era «la última instancia de reclamo ante la falta de recepción de las peticiones y solicitudes que efectuaron los internos a diario».

El 3 de febrero de este año el ex director Matamala prestó declaración indagatoria. Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, el funcionario declaró que “los internos no comprendían con claridad que hay cosas que el reglamento no permite”. El ejemplo que se le ocurrió fue el pedido de ingresar teléfonos celulares. Ante la negativa, explicó Matamala, las personas privadas de libertad se autolesionan “como una manera de presionar al personal penitenciario para lograr sus objetivos”.

Su jefe, Luis Mario Psasnik, fue el director del Complejo Penitenciario Federal III en el mismo período. Si bien el fiscal Villalba pidió su procesamiento, Ptsanik murió el 18 de agosto de este año. Pero llegó a declarar en la indagatoria. Ahí explicó que: “en todos los casos y siempre que se tomaba conocimiento que un interno realizaba un determinado acto contrario a las normas de convivencia, de inmediato se realizaban los informe correspondientes y cada sector ordenaba los estudios, atenciones médicas, traslados y cualquier otra diligencia tendiente a normalizar el diario convivir», «y sobre todo para evitar malestar entre la población carcelaria».

Las 180 personas privadas de libertad que llegaron a autolesionarse indican que Ptsanik y Matamala no sólo no escucharon los reclamos de las personas que tenían a cargo, sino que decidieron hacer política de los oídos sordos.