Lesa humanidad: exigen juicio político para el fiscal general de Mar del Plata

Organismos de derechos humanos presentaron un pedido de juicio político contra el fiscal Fabián Fernández Garello. Lo hicieron ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

El pedido fue firmado por la Comisión Provincial por la Memoria, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina.

El documento afirma que Fernández Garello participó en “la estructura represiva como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) al menos entre los años 1978 y 1981”.

Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y profesora de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, explicó a los medios locales unos días atrás que se encontró documentación que demuestra el espionaje que hizo el ahora fiscal general como agente de inteligencia. “Entre ellas, la infiltración en una reunión que tuvieron las Madres de Plaza de Mayo creo que en el año ’79 con la Conferencia Episcopal Argentina donde él está como un agente infiltrado, esto fue en San Martín, una zona de influencia de la delegación”, contó.

A partir de los documentos encontrados ahora se sabe que Fernández Garello tenía rango de subinspector de Dippba y que desarrolló tareas de espionaje político, gremial e infiltración en organismos de derechos humanos. Su participación en crímenes de lesa humanidad podría juzgarse en dos causas: la que investiga el secuestro y asesinato de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores, Ana María Martínez y la que investiga el secuestro y tortura de tres militantes comunistas detenidos en julio de 1981.

“Lo que se ha demostrado -explicó Raggio- y la jueza ha corroborado a partir de la documentación de la Dippba es que efectivamente la Agencia de Inteligencia de la Bonaerense trabajaba mancomunadamente con el grupo de tareas de Campo de Mayo, en todo lo que fueron los últimos años de la dictadura militar». Esto es algo que la jueza de San Martín que interviene en la causa de Martínez «ha corroborado». «Hemos encontrados 17 documentos que dan cuenta de la infiltración y del espionaje de Fernández Garello, todas orientadas a la persecución de lo que se denominaba el delito terrorista y la lucha antisubversiva. O sea que la delegación de San Martín fue muy activa en todo lo que fue la persecución, secuestro y posterior asesinato de Ana María Martínez”, apuntó la directora general de la CPM.

El documento que pide juicio político y está firmado por Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto y Nora Cortiñas -entre otros referentes- argumenta que “la continuidad y permanencia en sus cargos de funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de ‘blancos’ para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas, debe ser revisada con celeridad”.

El secretario de la CPM Roberto Cipriano García había declarado en entrevista con Página/12 que “este funcionario dirige en la actualidad la política criminal en Mar del Plata, y durante estos años los casos de violencia policial y penitenciaria nunca fueron investigados por los fiscales, no cumplían con la acordada que establece que en casos de personas muertas por policías o penitenciarios no puede intervenir la policía sino directamente los fiscales, ni tampoco se cumplía con la disposición de la Procuración que ordenaba investigar todas las muertes ocurridas en contextos de encierro”. En tal sentido, agregó que Garello “claramente protegía el accionar policial ilegal, nunca generó políticas destinadas a perseguir esas violencias”.