Azucareros: jornada de 12 horas, viviendas indignas y muertes evitables

Un informe elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma expone las graves condiciones de trabajo que deben enfrentar los trabajadores del azúcar. Desde enfermedades laborales, salarios en negro y abusos de precios, hasta muertes por hantavirus.

El (mal) ejemplo del ingenio San Isidro

Si tomáramos al ingenio San Isidro como ejemplo de las condiciones generales de esta industria la muestra sería terrible. Las condiciones descriptas en denuncias, informes y testimonios no son, sin embargo, excepcionales. Pueden verse en muchos de los 22 ingenios que hay en el país.

San Isidro se encuentra en la provincia de Tucumán y pertenece a la multinacional Grupo Gloria. Emplea a unos 700 trabajadores. Y para comprender sus condiciones de trabajo podemos recurrir a un informe presentado por el sindicato para pedir que se legisle la jubilación anticipada por “agotamiento precoz”.

En ese informe se relevan las enfermedades encontradas entre los trabajadores del ingenio. La lista incluye: “Alergias, conjuntivitis, queratitis, patologías del raquis o de las extremidades, politraumatismos, hernias, lesiones lumbares, infecciones de piel, diarreas, patologías del tracto gastrointestinal y de la via hepatobiliar, broncopatías, rinitis y neumopatías, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, hipertención, daño auditivo, insolaciones, varices, dengue, hanta virus, herpes” entre otras.

A su vez San Isidro compra caña para procesar a pequeños productores. En el caso de la Finca Darío Arias sus nueve trabajadores viven en el mismo predio donde trabajan. Muchas veces son trasladados por días o semanas a otros campos de los mismos dueños para cosechar granos, porotos o chías.

La jornada de trabajo de la Finca Darío Arias por lo general llega a durar 12 horas. Sin embargo los recibos de sueldo dicen ocho. Esas horas extras se pagan en negro aunque también se le descuenta el 20,5% que corresponde a los aportes de seguridad social. El salario mensual registrado ronda los 6 mil y 7 mil pesos.

Los trabajadores están obligados a pagar por los machetes, los guantes y las sogas. La empresa solo aporta la ropa, las botas y los anteojos. El descuento por los otros elementos se hace mes a mes sobre el jornal.

Sus trabajadores no tienen licencias. Si un trabajador enferma, la empresa no acepta los certificados de la sala de salud municipal. Les dicen: “No vamos a reconocer los certificados médicos de la salita porque ese puede ser tu amigo y firmarte cualquier cosa”. Por su parte, las aseguradoras de riesgo en el trabajo habitualmente envían a los trabajadores de nuevo a la tarea incluso cuando reconocen oralmente que todavía no están dadas las condiciones.

Algunos trabajadores viven dentro de la finca. Las condiciones de las viviendas son tan precarias como el resto de su vida en el ingenio: humedad, cableado en malas condiciones, goteras en los techos, dinteles podridos electrificación de paredes. La mayoría de los arreglos los hacen los mismos trabajadores. Si no lo pueden hacer y lo reclaman a la empresa, ésta lo descuenta del salario.

Cuando los trabajadores tienen que trasladarse a otros campos para hacer su tarea, la empresa contrata un cocinero y compra mercaderías con sobreprecios que luego son también descontadas del salario. Un trabajador lo explica así: “La mercadería la compran en el supermercado al que ellos van, ellos facturan y es caro, yo no sé qué arreglo tendrán pero sale como el doble”.

La situación de la Finca Darío Arias no es excepcional. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro denuncia que las mismas situaciones se encuentran los trabajadores en otras fincas.

Ledesma: el ingenio más grande del país

La empresa más grande del sector es Ledesma en Jujuy con un 16,3% de la producción total de azúcar. Lo sigue el ingenio Concepción en Tucumán que concentra un 13,9% y tercero queda San Martín del Tabacal en Salta con un 8,7%.

En Ledesma las condiciones no pueden considerarse mejores que en San Isidro, a pesar de que su dimensión es mayor y su producción de caña de azúcar en campos propios le permite extraer alcohol, azúcar y elaborar papel con los residuos. Y aunque también posee siembras de fruta y elaboración de jugos, sus 7.500 trabajadores enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad.

En una denuncia realizada por el sindicato de este ingenio en noviembre del 2015 se afirma que “las viviendas tienen techo de chapa y no cielo raso lo que, considerando la región climática donde está emplazado, generan la desprotección del trabajador y su familia frente a excesivas temperaturas, que oscilan entre los 40 y 55 grados de sensación térmica, no cuentan con división de ambientes, lo que obliga a niños, mujeres y hombres a vivir en un estado de hacinamiento, no solo no preservando su dignidad ni intimidad sino, afectando el desenvolvimiento de los niños y las personas con capacidades especiales, no se efectúan eficaces trabajado para combatir plagas, insectos…”

Y si bien los niños que viven en los lotes pueden ir a la escuela primaria que está instalada allí mismo y es financiada por el Estado, no hay alternativa educativa para los adolescentes que cursan la secundaria. Por lo general se trasladan varios kilómetros diariamente para poder completar sus estudios.

Además, en los últimos meses, el sindicato denunció cuatro muertes de trabajadores jóvenes. Los síntomas eran idénticos a los que se describe para enfermos de hantavirus. Pero la imposibilidad de contar con estudios médicos confiable hizo imposible comprobarlo. La empresa, a su vez, culpabilizó a los trabajadores argumentando que el contagio había ocurrido durante actividades extra laborales.

Estas condiciones de trabajo permiten el sometimiento y la explotación no sólo sobre el trabajador del azúcar sino también sobre toda la comunidad. Los pueblos azucareros están atados a la vida del ingenio. La vida de familias enteres dependen de ellos. Y el control económico de estas comunidades se traduce en control político.

En un próximo artículo daremos cuenta de la situación de los sindicatos que desde hace unos años han logrado revertir en parte algunos de los abusos. Y, también, han sufrido persecución gremial en una alianza entre el poder político, los patrones y el poder judicial.