Alegatos, incidentes y postergación de sentencia en el jucio a Milagro Sala

A casi un año de detención de la dirigente social Milagro Sala se acerca al final una de las causas por las que la Justicia jujeña la mantiene con presión preventiva, pese a los fuertes cuestionamientos de diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Este juicio es por el escrache realizado en el 2009 contra el entonces senadores nacional y auditor General de la Nación Leandro Despouy en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, que fue denunciado por el gobernador Gerardo Morales.

Los acusados de organizar el escrache en el que se arrojaron huevos contra el expositor son, además de Milagro Sala, los dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales Graciela López y Ramón Salvatierra. Los tres son acusados de “presuntas amenazas coactivas y daño agravado”, pese a que está probado que Sala ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos.

El mismo Despouy, que fue citado en calidad de testigo, reconoció no haber visto a Sala ni haber escuchado su nombre. Tampoco le consta que el escracha haya sido organizado por ella: “No me consta. He tratado durante el testimonio de no hacer conjeturas. Las respuestas debe darla la justicia. Sí escuché amenazas a Gerardo Morales vinculadas a los programas sociales y el control. Pero no escuché la palabra Milagro Sala. Ni Tupac Amaru. Tampoco que se invoque el nombre de Milagro Sala”.

En ese contexto de un juicio plagado de irregularidades, presiones sobre la Justicia y manipulación de testigos, este miércoles se escucharon los testimonios de Rubén Rivarola, diputado provincial y dueño del diario El Tribuno; del fotógrafo Juan Fernández, del mismo diario, y de Jorge Gronda, testigo presencial de los hechos. Luego se pasó a un cuarto intermedio antes de escuchar los alegatos de las partes.

Represión en las afueras del Tribunal

Cuando estaban terminando los testimonios se desató una represión policial en las afueras del tribunal contra una treintena de legisladores (nacionales y provinciales), gremialistas y periodistas que habían concurrido para presenciar el juicio público. Pese a que las listas de presentes habían sido entregadas el día anterior, la policía impidió el paso con vallados durante más de tres horas sin dar explicaciones hasta que se generaron empujones.

En diálogo con Notas, cuenta Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza: “Llegamos a la 1.15 a hacer la cola para entrar y a las 2.30 empezó a llegar gente diciendo que no dejaban pasar a compañeros que venían de Buenos Aires. Ahí se empiezan a producir gritos, reclamando poder pasar”.

La policía reprime “brutalmente”, según Pimentel, golpeando a varios manifestantes, deteniendo al presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez Alberti, e intentando hacer lo mismo, con la violencia que reflejaron las fotos que generaron escándalo en las redes, con la diputada nacional del FPV Mayra Mendoza.

Pimentel considera que el error fue del Juzgado que habilitó una sala muy chica, aún sabiendo que iba a haber mucha gente: “Hay un interés mundial en esto y había 59 lugares para familiares de los detenidos, los periodistas y el público”. El referente de APDH destaca la actitud de la gente de la Tupac Amaru de Jujuy y otras organizaciones que “se ofrecieron a dejarle su lugar a la gente que venía de más lejos”

“La represión fue advertida dentro del juzgado por la abogada defensora de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta, y el presidente del tribunal se excusó de que ellos no estaban a cargo de la seguridad exterior”, concluye Pimentel.

Alegatos y postergación de la sentencia

Luego del cuarto intermedio se sucedieron los 5 alegatos, en los que la querella (que representa a Morales) pidió 8 años de prisión, la pena máxima contemplada para el delito. La fiscalía por su parte pidió 3 años, de ejecución condicional (que no son de cumplimiento efectivo pero se suman a otras posibles condenas).

La defensa de Sala desarrolló un extenso alegato en el que solicitó la anulación de los testimonios de René Arellano y su mujer, Cristina Chauque (que son los únicos que acusan a sala de idear y organizar el escrache) por considerarlos “falaces”.

La abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, explica que también se demostró que miente uno de los testigos principales de la querella impulsada por Morales: “Pudimos presentar un informe en el que consta que desde el mes de septiembre está trabajando, ni más ni menos, que para la gobernación de Jujuy, en relación a René Arellano, el testigo que el primer día del juicio afirmó haber compartido una reunión con Sala en que la dirigente social organizó el escrache contra Morales”. Y agrega: “Pero en la audiencia ante los jueces Arellano negó trabajar para la gobernación de Morales. Algo que se corroboró contrario y que pone de manifiesto que Arellano declara a favor de su empleador porque tiene un interés particular”.

Por todo ello planteó que se absuelva a Sala “por ausencia de pruebas sobre su participación” y por no ser posible “imputarla por instigación”.

El Tribunal decidió dilatar un poco más la insostenible detención de Sala planteando: “Dada la hora y que mañana el Tribunal tiene otra audiencia en una causa por lesa humanidad vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene”. Antes de la sentencia, los tres acusados también tendrán derecho a unas palabras finales en el proceso.

Este jueves se inicia otro juicio contra la dirigente social, en el que la justicia contravencional jujeña analizará su responsabilidad en el bloqueo que la Tupac Amaru sostuvo durante 52 días, entre diciembre de 2015 y enero de 2016, frente a la Casa de Gobierno de la provincia. En este juicio están acusados Sala y la Tupac Amaru como persona jurídica. Se los imputa por infracción a los artículos 7 y 113 del Código Contravencional que refieren a ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal.