Hostigados: Argentina triplica la media en cantidad de policías cada 100 mil habitantes

Las prácticas que pueden reunirse bajo el nombre de «hostigamiento policial» son múltiples. Todas ellas tienen como núcleo en común la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Desde prefectos que detienen a dos jóvenes y los amenazan con tirarlos al Riachuelo hasta gendarmes que, ametralladoras en mano, ordenan a los adolescentes de un barrio a no salir de casa después de la diez de la noche.

Detenciones reiteradas, amenazas, insultos, maltrato físico, robo de pertenencias, armado de casusa panales. En algunos casos las fuerzas de seguridad llegan al abuso físico, a las torturas, a las lesiones. Las víctimas son, casi siempre, jóvenes, varones y pobres.

El clamor mediático para terminar con la inseguridad es una de las claves para entender el escenario de esta violencia. Porque montados en ese discurso que los funcionarios transfiere cada día más poder a las fuerzas. Solo en la provincia de Buenos Aires, entre 2005 y 2015, los efectivos pasaron de 45 mil a 90 mil.

La estrategia de la saturación

Argentina triplica la tasa de agentes de seguridad cada cien mil habitantes. Mientras que el promedio registrado por Naciones Unidas es de entre 250 y 300 efectivos, en el año 2014 nuestro país llegó a 749,9.

La pregunta es qué tan efectiva es la estrategia de saturación para resolver problemas de inseguridad. Y la respuesta, en parte, la da el propio ministerio de Seguridad cuando informa que los “operativos sorpresa” implementados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en los primeros tres meses de este año dieron como resultado 150 mil personas interceptadas, de las cuales solo 450 fueron detenidas. Es decir, el 0,3% de los casos.

Los números de la ciudad de Buenos Aires no son mucho mejores. Entre 2012 y 2014 se registraron 7.458 detenciones por averiguación de identidad. Solo el 2 por ciento derivó en una causa penal. El 98% restante fue liberado sin que se encontrara delito.

La ineficacia de estas medidas se debe, en parte, a la historia reciente de nuestro país. Según el informe publicado por el CELS, “las fuerzas de seguridad, en términos generales, no atravesaron un proceso de democratización y profesionalización al finalizar la última dictadura cívico-militar”.

A esto se suma que el Estado argentino nunca cumplió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Walter Bulacio en 1991. El fallo obligaba a nuestro país a tomar medidas para evitar que se repitieran los hechos que llevaron a la muerte de Walter. Entre ellos el paso por una comisaría sin orden judicial.

El olfato policial

“Con la experiencia uno se da cuenta, cómo miran, cómo caminan, vos te das cuenta”, contó un policía de la provincia de Chaco. Y un ex comisario mendocino se extendió en la misma lógica: “El 80% de los delitos son cometidos por personas que pueden identificarse por determinadas características en la forma de vestir. Por ejemplo: gorra, zapatillas deportivas. En los autos en los que se desplazan: autos modificados, con vidrios polarizados”.

Sin ninguna formación para prevenir delitos, la arbitrariedad policial es una herencia que pasas de generación en generación. Los efectivos más viejos trasmiten a los recién llegados todos sus prejuicios, sus protocolos particulares, su «olfato».

“Cuando interceptamos a una persona lo hacemos en base al olfato policial. Les pedimos documentos y procedemos a revisarlos… la elección surge del hecho de que si pasaron dos veces por el mismo lugar y está la persona en actitud sospechosa, si cuando ellos pasan los miran y se persiguen”, explicó un integrante del Comando de Prevención Comunitaria de La Plata.

Averiguación de antecedentes

Tener antecedentes penales, como todo el mundo sabe o debería saber, no es un delito. Sin embargo es una de las herramientas preferidas del hostigamiento policial. Entre 2013 y 2014 el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia entrevistó a 600 jóvenes de entre 14 y 24 años. Todos ellos de sectores bajos y medios de la ciudad de La Plata.

El 28% dijo que alguna vez los paró la policía. El porcentaje crece a 35% si se hace foco en los sectores populares. Entre ellos 38% había sido demorado más de dos veces. El 11% de esos chicos fueron golpeados durante la detención y un 10% fueron extorsionados: libertad a cambio de plata u objetos.

En Mar del Plata la situación es similar. De 808 jóvenes, el 36% fue interceptado alguna vez por fuerzas de seguridad. Un 29% dijo que había sido maltratado verbalmente y un 14% que recibió maltrato físico.

En Mendoza la situación es peor. En una encuesta sobre 155 jóvenes de escuelas secundarias, el 50% de los chicos que vivían en barrios populares dijo que había sido detenido entre 5 y más de 10 veces. En los sectores medios la cifra baja a 11%.

Condenado a prisión perpetua por una causa armada

Uno de los instrumentos del hostigamiento policial es la construcción de causas penales. Su matriz es utilizar testimonios de personas ligadas a las fuerzas de seguridad. Estos informantes proveen información que la policía califica como denuncias anónimas. Por lo general no se trata de testigos presenciales. Lo que dicen es lo que “circula” en el barrio, lo que “se sabe» o “lo que todos saben”. En tanto prueba, es muy débil. Por eso no pueden existir sin la complicidad de fiscales y jueces.

El caso de Antonio puede ser ejemplar. Tenía 18 años en 2013 y vivía en Villa Palito, La Matanza. Era conocido por los policías de la comisaría 1° de San Justo porque ya había sido detenido de forma arbitraria. La noche del 22 de noviembre cuatro jóvenes armados subieron a un colectivo y robaron a los pasajeros. Entre ellos, un policía al que robaron su arma reglamentaria. Antes de escapar, mataron al chofer.

El jefe de calle tomó la investigación. No esperó al fiscal y entrevistó al policía robado. Fueron juntos a Villa Palito. Hicieron “tareas de inteligencia con la gente del lugar”. Alguien señaló a Antonio. No hay constancia de quién fue. Al policía que había sido robado le mostraron fotos de los chicos del barrio. Estaban guardadas en la computadora de la comisaría. Dijo reconocer a Antonio.

Fue condenado a prisión perpetua. Los otros tres chicos, al ser menores de edad, fueron absueltos por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza. El Tribunal tomó la decisión basado en las graves irregularidades cometidas por la policía en el curso de la investigación.

Antonio es uno entre muchos otros que están dentro de las estadísticas de este informe. Hay otros: Luciano Arruga, Ivan Navarro, Miguel Bru, la familia Laínez. Muchos. Tantos más. Y el hostigamiento es el nombre que reúne todas las violencias cotidianas que esos jóvenes soportan cuando las fuerzas de seguridad saturan sus barrios.

Foto: Nahuel Alonso