Córdoba: gremios se movilizaron a un año de la ley de reforma jubilatoria

En el marco del primer aniversario de la sanción de la ley provincial 10.333, la cual implicó un recalculo del haber jubilatorio en detrimento de los trabajadores pasivos, se realizó este miércoles 21 una multitudinaria movilización que además contó con una nutrida presencia policial.

La medida fue convocada por centrales y entidades gremiales como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Sindicato de Empleados Publicos (SEP), Luz y Fuerza, Sindicato Uníon Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y La Bancaria, entre otros. El reclamo pasó principalmente por la derogación de la mencionada reglamentación, el rechazo a la armonización de la Caja provincial con la nacional y la defensa del 82% móvil.

Cabe recordar que la ley 10.333 representa una de las primeras medidas legislativas perjudiciales para los trabajadores cordobeses que tuvo lugar tras la victoria electoral de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015. La relación entre ambos acontecimientos no es casual, ya que dicha legislación da cuenta del viraje en las relaciones entre el Ejecutivo provincial y nacional, que trajo consigo la resolución de reducir el déficit de la provincia de Córdoba tal como se demanda desde Casa Rosada.

El nuevo método que plantea la ley implica calcular el haber tomando como referencia el salario activo de los últimos 48 meses, menos los aportes personales. Pero en lugar de la contribución del sistema provincial (18% en la mayoría de los sectores), se aplicará la alícuota del 11% del sistema nacional. Eso implica pagar el 82% del 89% del salario, lo que equivale al 73% del sueldo activo bruto.

El constitucionalista Adonis Molina Herrera explicó que la ley 10.333 hace un recalculo del índice sobre las jubilaciones ya otorgadas y con ella busca la armonización previsional con el orden nacional. Pero advirtió: “En realidad, esto es mentiroso por que le quita al jubilado todo reconocimiento que tenia, es decir sus derechos adquiridos”. Según aclaró el abogado: “La ley 10.333 no solo legisla retroactivamente, lo cual está prohibido, además, saca derechos ya adquiridos”.

El dictado de las normativas legislativas acordes a los intereses del gobierno nacional -que incluye en estos días una reforma electoral provincial que contiene entre sus puntos la implementación del voto electrónico- fue correspondido por la administración de Macri con partidas más cuantiosas para la provincia mediterránea. De cualquier modo, la remisión de dichos recursos a las arcas cordobesas no se tradujo en un mejoramiento de la situación de las y los trabajadores.

El gobierno provincial no sólo no aplicó algún tipo de mecanismo que redistribuya las partidas obtenidas sino que incluso implementó políticas restrictivas para los asalariados. Un ejemplo de ello se dio en las paritarias que este año cerraron en torno a un 30%, por abajo de la inflación. El gobernador Juan Schiaretti incumplió el acuerdo establecido con el gremio docente según el cual si la inflación superaba el aumento conferido por la provincia se reabriría la discusión salarial. Una vez producido dicho acontecimiento el gobierno se negó a cumplir con lo pautado.

Para 2017 el panorama no parece más alentador. Voceros del gobierno sostienen que se va a negociar con los gremios un acuerdo de paritarias en torno al 18%, en base a la proyección inflacionaria confeccionada por el Ministerio de Hacienda Nacional y estipulado en el presupuesto. De producirse este acuerdo los asalariados cordobeses no recuperaran el poder adquisitivo que perdieron este año, instalándose así la posibilidad de que la pérdida del salario real se acentúe.

En este marco general se sostuvo la iniciativa de los gremios provinciales exigiendo la anulación de ley 10.333. Dicha acción culminó frente al Palacio de Justicia, dado que el repertorio de la acción incluyó interpelar al Tribunal Superior de Justicia de la provincia para que se pronuncie de forma más expedita sobre los recursos presentados por distintos gremios para que la legislación sea declarada inconstitucional.

Marcelo Cañas, desde Córdoba.