Macri, los derechos humanos y la correlación de fuerzas

Por Juan Mattio. Evaluar la política en derechos humanos del gobierno supone plantear una hipótesis. No alcanza con decir «retrocedimos», aunque sea cierto. La hipótesis que planteamos es modesta: Cambiemos intenta imponer una nueva lectura de la historia. Pero, como todos sabemos, esa lectura es producto de la correlación de fuerzas. Por eso vale evaluar qué hizo el gobierno pero también qué y cómo se le opuso.

Los primeros pasos

El primer signo llegó antes de la asunción. Se trataba de los nombre que Macri pensaba incluir en su gobierno: volvían los Massot, los Blaquier, los Martínez de Hoz, los Aguad y los Prat Gay. Y volvía, en forma de presidente, una de las familias empresarias que más se habían beneficiado con el gobierno militar.

El editorial de La Nación del 24 de noviembre -un día después de que Cambiemos ganara la segunda vuelta- se constituía en programa: “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”. Y pedía, en principio, la prisión domiciliaria para todos los represores.

A esa primera demanda, los propios trabajadores del diario respondieron: “Rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa, al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad, con los castigos a presos comunes y con una cultura de la venganza”.

Sin embargo, la voz persistió a lo largo del año. Y la decisión que tomó el Servicio Penitenciario Federal este diciembre, de trasladar a 125 represores presos a la cárcel militar de Campo de Mayo, puede leerse como conclusión de aquél editorial. El cambio de criterio en la justicia federal para otorgar prisiones domiciliarias, también.

El aniversario del golpe

El 24 de marzo sirvió de escenario para saber qué posición tomaría el gobierno de Macri frente a las políticas de memoria, verdad y justicia. Y si bien garantizó el acto como había prometido a los organismos de Derechos Humanos, también es cierto que invitó al presidente de los Estados Unidos al Parque de la Memoria el mismo día. Por eso, cuando se anunció que el próximo 24 de marzo sería considerado feriado turístico no hubo mayor sorpresa.

Y sin embargo, es necesario recordar, que a 40 años del golpe cívico-militar se reunieron en Plaza de Mayo cientos de miles de personas para recordar a los 30 mil desaparecidos y para enviar un mensaje al gobierno: no nos han vencido.

El negacionismo y la renuncia de Loperfido

Todavía era enero cuando el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se reunió con integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una ONG que levanta la teoría de los dos demonios. El presidente, por su parte, todavía no había recibido a Abuelas, Madres o Hijos.

Su compañero Darío Lopérfido fue más claro. En enero dio una charla pública y declaró: “No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada». El repudio de los organismos no se hizo esperar. La presión de los artistas para que renuncie, tampoco. Actores, músicos y escritores iniciaron campañas para que el ministro de Cultura de la Ciudad fuera removido y en julio Lopérfido tuvo que presentar la renuncia.

El desfile de los represores y la vuelta de los escraches

El 9 de julio sirvió, entre otras cosas, para que Macri le pidiera disculpas al rey de España por la independencia argentina. Lo hizo en la casita de Tucumán y entre el público se vieron algunos carteles que pedían: “Honor a los héroes del Operativo Independencia”. También sirvió para volver a ver un desfile militar con represores incluidos: Aldo Rico y Emilio Nani, entre ellos. Los dinosaurios volvían a las calles con su ropa de fajina y algunos los aplaudían.

Pero si ellos, los represores, volvieron a mostrarse en público después de mucho tiempo, también es cierto que este diciembre trajo a la escena política un viejo recurso del campo popular. El escrache a Alfredo Omar Feito, torturador del centro clandestino de detención El Olimpo, pareció marcar el retorno definitivo de los organismos de derechos humanos a la disputa de sentido en la calle. Unos días antes la Marcha de la Resistencia y el festival por los 33 años de democracia en Plaza de Mayo ya habían anunciado el estado de movilización que se proponían.

Milagro Sala, presa política

La detención de Milagro Sala el 16 de enero fue un golpe al corazón de la organización popular. Las causas penales insostenibles y la arbitrariedad del Poder Judicial jujeño fueron las herramientas del gobernador radical, Gerardo Morales, para disciplinar a una organización histórica de la provincia.

Y lo cierto es que Milagro Sala sigue presa. Pero no sin costo. A la movilización popular se sumaron la intervención de organismos nacionales e internacionales. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, pasando por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas e incluso la Organización de Estado Americanos. Todos pidieron por su liberación. A todos el Estado argentino les respondió con tibieza y argumentos confusos.

Cuando el 5 de agosto el juez Martínez De Giorgi declaró a Hebe en rebeldía y envió fuerzas policiales a la Universidad Popular de las Madres, pensamos que la historia de Milagro se repetía. Los reflejos, esta vez, estuvieron a la altura de la situación y un escudo humano no solo impidió que la llevaran presa sino que garantizó la presencia de Hebe en la ronda de ese jueves.

Hacer memoria, hacer política

La memoria, como se sabe, no es recordar una cosa. Por lo menos no la memoria en sentido político. La memoria es la disputa por una narrativa. Que los desaparecidos existen, que son asesinados cuyos cadáveres han sido escondidos, no es algo que hace veinte o treinta años fuera evidente. En la calle se dio una pelea dura, difícil, persistente para que esa verdad saliera a la luz. Y con esa potencia llegó a ser política pública. Ahora el Estado vuelve a la carga con su versión de la historia. Será en la calle, nuevamente, donde se dirima quién tiene el poder de la palabra. Será el campo popular quien que vuelva a levantar a sus caídos, o será la derecha la que los vuelva a desaparecer.

@juanmattio