América Latina

19 diciembre, 2016

Curuguaty: multaron al abogado defensor de los campesinos

El abogado Amelio Sisco deberá enfrentar el pago de 3 mil dólares por supuesto mal comportamiento en el juicio que condenó a 11 campesinos, por los hechos que tuvieron lugar el 15 de junio de 2012 en Paraguay y que se conocieron como la Masacre de Curuguaty. “Buscan amedrentar a los defensores de luchadores populares”, reflexionó el abogado de los campesinos durante una entrevista con Notas.

El abogado Amelio Sisco deberá enfrentar el pago de 3 mil dólares por supuesto mal comportamiento en el juicio que condenó a 11 campesinos, por los hechos que tuvieron lugar el 15 de junio de 2012 en Paraguay y que se conocieron como la Masacre de Curuguaty. Aquel día, fueron masacrados 11 campesinos y 6 policías. Esa fue la antesala de la destitución del ex presidente Fernando Lugo. La fiscalía sólo investigó la muerte de los uniformados. “Buscan amedrentar a los defensores de luchadores populares”, reflexionó el abogado de los campesinos durante una entrevista con Notas.

La Masacre de Curugaty todavía conmueve a Paraguay. Revuelve esa tierra colorada que es en parte virtud y en parte drama. Es virtud porque es considerada una de las más fértiles del mundo. Su color indica la presencia de distintos elementos que resultan beneficiosos para la producción agropecuaria, como el hierro.

Es ahí, también, donde descansa la tragedia. Una tragedia que deriva de la excesiva concentración de grandes extensiones en pocas manos. Según datos oficiales, el 2,6% de los propietarios retienen el 85% de la tierra cultivable del país.

Estas cifras son producto de una decisión política. Si bien existía un modelo regresivo en estos términos, la acumulación originaria tiene un inicio (o, al menos, un punto de aceleración): 1954. En aquel entonces, Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado que privó de libertad, torturó y desapareció, durante 35 años.

El amo juega a la política

Lejos de ser una tiranía que se sostuvo de manera exclusiva entre uniformes, Stroessner hizo pie sobre una estructura judicial, política y religiosa que ya funcionaba. Y que siguió funcionando en democracia. Cabe aclarar que el principal pilar de apoyo para el dictador llegó desde el Partido Colorado. El mismo partido que se mantuvo en el poder durante casi medio siglo. Hubo una breve irrupción, pero el escollo duró poco. Fernando Lugo fue destituido tras un juicio político tan rápido como ilegítimo. Hoy el gobierno de Horacio Cartes es colorado, otra vez.

La caída de Stroessner no significó que cese la represión contra los campesinos, el sector más castigado del país. Según un informe elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), desde la salida del dictador hasta agosto de 2013 fueron asesinados 115 campesinos por fuerzas de seguridad o por sicarios que respondían a grandes terratenientes. El motivo, el de siempre, el drama paraguayo: la excesiva concentración de la tierra. El mismo texto señala que entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000 de hectáreas.

Bang, bang, campesino

La Masacre de Curuguaty terminó por desnudar esta tragedia. Un grupo de campesinos reclamaba el lugar desde hacía años. Aquella extensión de terreno había sido incorporada a la reforma agraria que, supuestamente, Lugo iba a hacer avanzar. Sin embargo, aquel sitio era reclamado por el  fallecido caudillo del Partido Colorado Blas N. Riquelme. El mismo que ordenó a la Justicia la desocupación.

Por eso, el 15 de junio de 2012 cientos de uniformados, encabezados por Erven Lovera, jefe del GEO (muerto ese mismo día), llegaron al lugar sin órdenes para desalojar. Sin embargo, lo hicieron. Durante el juicio, que se desarrolló este año, se habló de un enfrentamiento. Aunque la mayoría de los cuerpos tenían proyectiles que fueron disparados a corta distancia. En su mayoría, los sobrevivientes hablan de fusilamientos. Nada de esto tomó dentro de su hipótesis el fiscal Jalil Rachid. Al contrario, el representante del Ministerio Público Fiscal, de probada amistad con la familia Riquelme, planteó que los uniformados fueron las víctimas. No había nada más por hablar.

Cuando más alto trepa el monito

El juicio, como no podía ser de otra manera, terminó con la condena de 11 campesinos con penas que llegan hasta los 30 años. Por esto, Rachid fue premiado. Hoy es viceministro de Seguridad Interna y encargado del Despacho del Ministerio del Interior. En cambio, el abogado que defendió a los campesinos deberá hacerle frente a una multa por supuesto más desempeño durante las audiencias.

“La condena no está firme. Por lo tanto hay presunción de inocencia. Y nosotros demostramos que los acusados no tuvieron participación en la muerte de los policías. Las muertes pudieron ser por negligencia o por el fuego cruzado de los uniformados”, explicó Amelio Sisco durante una entrevista con Notas.

Para Sisco, durante el juicio la defensa pudo comprobar que los campesinos no estuvieron en ningún episodio que pueda cuadrar en el interior las caratulas que se les endilgaron desde el Ministerio Público Fiscal: tentativa de homicidio, homicidio e invasión de inmueble ajeno, entre otras.

“Tanto la fiscalía, como las pruebas y los peritos no pudieron llegar a una conclusión fehaciente de que los acusados tuvieron una participación. No obstante, la sentencia está ahí y se espera la apelación”, sumó Sisco que, en los últimos días fue notificado por una multa que deberá enfrentar por una supuesta actuación irregular. “Esto representa una especie de lección que busca que renunciemos. También es para que todos sean ceremoniales en las audiencias. Es una contradicción, porque el tribunal puteó en algunas ocasiones”, remarcó.

Según Sisco, el objetivo principal que tiene la medida es generar miedo en los defensores de luchadores populares en un país sumamente castigado por la falta de acceso a la Justicia, la concentración de tierras y la represión. Solo de esta forma se consigue sostener un sistema de producción agropecuario que descansa sobre la base de la explotación campesina. Por todo esto, la Masacre de Curuguaty y sus consecuencias, como el juicio, siguen siendo el laboratorio de pruebas de todo aquello que determinados sectores están dispuestos a hacer cuando están en peligro sus intereses.

Leandro Alba – @leanalba

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