Huelgas de hambre en las cárceles bonaerenses en rechazo a las leyes Blumberg

El lunes 12 de diciembre el Centro Universitario de la cárcel de Devoto (CUD) se declaró en huelga de hambre en rechazo a la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa impulsada por Luis Petri (UCR – Cambiemos) avanza sobre derechos constitucionales como las salidas transitorias y la libertad condicional.

A partir de esta iniciativa, muchas Unidades Penitenciarias de la provincia de Buenos Aires adhirieron a la causa, visibilizando las condiciones de encierro en la provincia. Las Unidades 47 de San Martín, 31 de Varela, 1 de Olmos,  9 de La Plata y cinco pabellones de población de la 33 de mujeres de Los Hornos, se sumaron a la huelga de hambre. Como expresión pacífica de resistencia, estas huelgas significan la organización y lucha por los derechos de las personas privadas de su libertad, y pueden implicar costos como represión, traslados arbitrarios, suspensión de actividades, entre otras.

«El reclamo que estamos llevando a cabo se direcciona a lograr que se constituya una mesa de diálogo con referentes de todas las Unidades que están en huelga de hambre en el Servicio Penitenciario Bonaerense», explica un comunicado del Centro de Estudiantes de la Unidad 31 de Varela. El mismo también exige la participación de los tres Poderes para comprometerse con cumplir las leyes de ejecución de la pena y condiciones de encierro; que se disponga un tope máximo de alojamiento a personas detenidas en la Provincia; que se regularicen las condiciones laborales, con seguridad social y salario digno; y que se disponga a evitar posibles traslados arbitrarios, entre otros reclamos.

En el año 2015, el número de personas privadas de su libertad llegó a un récord histórico. Este encarcelamiento masivo no sólo no disminuyó el delito sino que agravó las condiciones de encierro. Así, la protesta en las cárceles hace hincapié en que desde la gobernación no han existido políticas que modifiquen estos elementos, por lo que el aumento del encarcelamiento se ve también reflejado en el hacinamiento, en la superpoblación, entre tantos fenómenos que contribuyen a un empeoramiento de las condiciones de vida de quienes habitan las cárceles.

En la provincia de Buenos Aires, más del 70% de las personas privadas de su libertad con prisión preventiva -sin condena firme o sin la certeza de “haber sido culpables” de un delito- lo que es contradictorio con el mito de la “puerta giratoria”, uno de los argumentos que se utilizan como forma de denunciar la inseguridad.

Después del paradigmático caso Blumberg, con un incansable esfuerzo del padre de la víctima por “cobrar justicia”, se buscó poner en el centro de la escena a quienes “sufren” el delito desde el lado de víctimas, a través del discurso de inseguridad social; y además se motorizó una serie de reformas del Código Penal que se aprobaron en el Congreso de la Nación.

El año 2004, entonces, significa un punto de agudización de la mano dura y la justicia en la Provincia de Buenos Aires, a partir de la modificación de leyes  y artículos del Código Penal que implicaron un agravamiento de las causas, eliminación de garantías de progresividad de la pena en determinados delitos, entre otras, que significaron la obstaculización de derechos para muchos detenidos. Para Blumberg, el verdadero impulsor de estas iniciativas, fue una victoria: la gran mayoría de los puntos que escribió en el petitorio consiguieron más de 2 millones de firmas y se convirtieron en ley.

El miércoles 14 de diciembre organizaciones de trabajo en cárceles, de derechos humanos, de familiares de detenidos y cooperativas de liberados, movilizaron a Plaza Congreso para rechazar estas reformas. Algunos de los reclamos fueron que el Estado intervenga en la problemática del delito de manera integral; y que las salidas transitorias, la libertad condicional y todos los elementos que hacen a la progresividad de la pena, sigan siendo considerados derechos constitucionales que responden a los tratados internacionales a los cuales adhiere el país. Además, las organizaciones reclamaron ser incluidas en el proceso de debate en un acto de reconocimiento al trabajo cotidiano y el conocimiento en la temática.

Según el comunicado de la Unidad 31 de Varela, esta articulación entre distintas cárceles bonaerenses continuará hasta lograr un compromiso con la transformación de las pésimas condiciones de encierro: “Para mejorar las condiciones del colectivo de personas privadas de la libertad ambulatoria debemos solidarizarnos, unirnos y acompañarnos hasta el final”.