Amnistía y “fast track” para continuar el proceso de paz en Colombia

Luego de que el Congreso colombiano aprobó el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas de la República de Colombia (FARC) el pasado 24 de noviembre, la Corte Constitucional avaló el proceso de “fast track” mediante el cual fue sancionado.

El “fast track” fue el procedimiento legislativo especial utilizado para sancionar el acuerdo de paz. Esta herramienta permite acortar el trámite para la sanción de leyes, reduciendo de ocho a cuatro los debates necesarios en el Congreso previos a la aprobación de este tipo de legislación. Según lo previsto por la Constitución, este mecanismo debe ser posteriormente refrendado en las urnas, cosa que no sucederá en esta ocasión según informó el presidente Santos, haciendo uso de sus prerrogativas presidenciales.

El proceso de aprobación del acuerdo de paz -que contienen al menos seis ejes consensuados- ya se refrendó en lo general. Ahora el Congreso deberá tratar el paquete de leyes necesarias para su implementación, punto por punto. Para ello incorporó la figura de “fast track” o mecanismo rápido.

Pero los opositores al acuerdo, como el ex presidente Álvaro Uribe, expresaron su descontento con este procedimiento y acompañaron una demanda presentada por María Victoria Calle el pasado lunes 28 de noviembre para anular la aprobación. Por este motivo, la Corte Constitucional debió analizar el procedimiento implementado por el Congreso y el Ejecutivo para la aprobación, para juzgar su constitucionalidad.

Sin embargo, el martes 13 la Corte Constitucional falló a favor del proceso de refrendación, que se pondrá en marcha durante los próximos días. Con ocho votos a favor y uno en contra, avalaron el “fast track” y el Congreso podrá convocar a sesiones extraordinarias para tratar las leyes necesarias para implementar el acuerdo.

Tanto las autoridades gubernamentales como los miembros de los partidos a favor del proceso de paz habían alertado sobre los riesgos humanitarios que implicaba aletargar el proceso de paz si este procedimiento rápido no era aprobado, sobre todo cuando las tropas de las FARC ya se encuentran en proceso de desmovilización y desarme.

Hace algunos días, el jefe de la delegación de paz del gobierno, Humberto de la Calle, había dicho que «el fast track no es un capricho, no es un deseo de poner contra la pared a quienes se oponen, sino que es un necesidad». En esa línea, agregó que las FARC «no van a estar un año sentadas esperando a ver qué pasa».

Próximo paso: ley de Amnistía

Un día después de conocerse el fallo de la Corte Constitucional, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, informó que el próximo lunes 19 se realizará una sesión extraordinaria para tratar la Ley de Amnistía. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 13 de diciembre.

Esta ley tiene como objetivo brindar las condiciones para que los miembros de las FARC puedan reincorporarse a la vida civil. Lizcano informó además que el tratamiento del paquete de leyes necesarias para la implementación de los acuerdos demorará, al menos, seis meses.

La Ley de Amnistía es el mecanismo más urgente y necesario para el fin de la guerra. En todo proceso de pacificación esta es una de las etapas esenciales para dar fin con el enfrentamiento armado.

El aval de la Corte Constitucional al proceso de «fast track» es lo que permitió que esta ley comience a discutirse. Semanas atrás, Humberto de la Calle había explicado que si no había «fast track«, «la Jurisdicción Especial de Paz va a empezar a funcionar a finales del año próximo”. Esto significaba que la Ley de Amnistía no iba a poder ser tratada, lo que en los hechos implicaba que el Acuerdo de Paz sólo se quede en papel. “La Amnistía está concebida sobre unos casos que son llamados ‘casos difíciles’ que exigen establecer en la realidad, la conexidad o no de determinadas conductas y eso lo tiene que ajustar la jurisdicción. Sin jurisdicción la Ley de Amnistía no se va a poder cumplir”, explicaba De la Calle.

Esta tiene como finalidad perdonar los delitos cometidos en el marco de un enfrentamiento político armado. En el caso de las FARC, se trata del delito de rebelión y aquellos vinculados a la lucha contra las instituciones del Estado colombiano, como puede ser el porte de armas o de uniformes militares.

En el caso de los delitos de narcotráfico, en cada caso se evaluará si el lucro generado fue para el sostenimiento de la tropa o el enriquecimiento personal. En el segundo caso, no se otorgará el beneficio de la Ley de Amnistía. Quedarán también por fuera de la amnistía los delitos delitos atroces o de lesa humanidad, como el secuestro de civiles o la violencia sexual. Con la aprobación de esta ley, el cese al fuego bilateral que se implementa hace meses, más de un año en el caso de las FARC, quedará consolidado.