El chivo migratorio

A pesar de que las personas extranjeras representan menos del 5% de la población carcelaria en nuestro país, no son nuevos los esfuerzos de medios hegemónicos y sectores políticos por vincular arbitraria (y voluntariamente) migración y delincuencia. Lo explicitó el polémico Sergio Berni en su momento, levantó la misma bandera el xenófobo Miguel Ángel Pichetto no hace mucho y el macrismo volvió a poner en agenda el tema, impulsando un centro de detención para “combatir la ilegalidad de los migrantes” y, según la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), también multiplicando los operativos  para  identificar a los “culpables”.

Este año también se reprodujeron los casos donde fuerzas de seguridad detuvieron a personas de distintas nacionalidades, avalados por un fallo de la Justicia porteña que intenta volver a legitimar la práctica persecutoria de que la policía pueda exigir el DNI cuando considere a alguien sospechoso de algún ilícito.

Durante 2016 el “mejor equipo en los últimos 50 años” abordó la problemática con un carácter punitivo, entendiendo la irregularidad de los migrantes como una situación “a combatir” y no como una falta administrativa del Estado Argentino, que tiene la obligación de facilitar la gestión de la documentación correspondiente.

Bajo esa nueva premisa actuó con dos hechos muy concretos. Por un lado, en agosto anunció un acuerdo entre el Ministerio de Justicia de CABA, el de Seguridad Nacional y la DNM para crear un Centro de detención de migrantes. Para eso, se escudaron en una lectura aislada de un artículo de la Ley de Migraciones (25.871) de 2004 que señala que jamás se puede detener a las personas vinculadas con cuestiones administrativas en lugares de retención donde permanecen otros casos que sí están caratulados dentro del Código Penal.

Por otro, la actual gestión desfinanció y terminó cerrando dos programas fundamentales: el llamado “Patria Grande”, por el cual más de 400 mil personas habían obtenido su residencia permanente en el país, y “Abordaje Territorial”, que iba a los barrios para ofrecer información a las personas que en muchos casos desconocen los pasos a seguir.

En primera persona

El tratamiento de este tipo de noticias poquísimas veces incluye las voces de los principales afectados. Por eso, desde Notas quisimos ponerle nombre a las historias que hay detrás de este nuevo intento por estigmatizar y criminalizar a la migración.

Niurka nació en República Dominicana. Llegó a la Argentina hace poco menos de tres años porque le dijeron que en el Garraham iban a poder atender a su hija que debía ser operada por un problema óseo severo. Desde su llegada, pasó por las peores situaciones a las que puede someter una sociedad machista a las mujeres de bajos recursos, más aún si son extranjeras.

Primero le prometieron un trabajo en una provincia y terminó siendo víctima de trata durante nueve meses. Luego conoció a un hombre mayor, titular de una firma de abogados que la sometió sexualmente cuando ella le contó que había resuelto su DNI por sus propios medios. Se lo otorgaron por cuestiones humanitarias, por pedido expreso de su hija, a quien todavía no pudo traer al país porque implica una cantidad de dinero que no puede costear sola. Cuando le preguntamos cómo terminó legalmente el episodio con el “hombre” en cuestión, me dice: “Violaron todos mis derechos, incluso cuando me presenté a declarar en la Comisión de la mujer, en Mar del Plata, la persona que me tomó la declaración después puso todo a favor de este señor”.

Douglas es de La Paz, Bolivia. Pero vive en Buenos Aires hace 14 años y trabaja como tallerista. En marzo pasado estaba yendo a un seminario de formación política en Once, donde funciona la sede del Frente Patria Migrante. Combinó la E con la H del subte y fue interceptado por un policía de la Metropolitana que lo acusó de haberle robado $50 a una señora que muy segura le decía por lo bajo: “Ay, estos con su carita, vienen acá a delinquir”. Jamás le dieron muchas explicaciones ni utilizaron las cámaras de seguridad como prueba, que era lo que Douglas exigía. Pasó la noche en una comisaría de Boedo, lo soltaron 16 horas después y desde ese entonces lo pasean de juzgado en juzgado para resolver la causa que le inventaron. Le consultamos si cree que lo que le pasó es algo aislado. Convincente y sereno responde: “Es algo que lamentablemente se repite en nuestra sociedad. Yo creo que ellos están enojados con nuestra presencia acá y quieren inventar una excusa para sacarnos del país”

Julián es de Cali, República de Colombia y hace su vida en esta ciudad desde 2007. Fue uno de los tantos protagonistas que este año se dieron a conocer por las redes sociales porque un efectivo de las fuerza de seguridad intentó detenerlo por “portación de cara”. Le pidió documentos y como el domicilio que Julián declaró no coincidía con el que figuraba en su DNI, el oficial se lo quiso llevar. Intervino otra mujer que pasaba por allí, lo cual hizo que el agente comenzara a ponerse incómodo. A tal punto que, cuando él le pedía explicaciones de por qué debía llevárselo, la autoridad sentenció: “No está en su país, ¿sabe?”

Tres historias que son sólo una muestra de lo que sucede con la inmigración en nuestro país. Un fenómeno que nada tiene que ver con lo anunciado por los agoreros de un nuevo “aluvión”, que no es tal porque la población migrante -según datos de la ONU de 2015- representa el 4,6% de la total en Argentina y ese porcentaje no se ha modificado significativamente en los últimos 10 años.

La detención migratoria puede ser caracterizada como una práctica judicial discriminatoria porque, entre otras cuestiones, se trata de una parte de la sociedad que es tratada de otra manera respecto de la libertad. La ley establece que solo se puede ordenar la detención -siempre con intervención de un juez- cuando existiera una orden de expulsión firme, consentida, y cuando la persona se haya negado a abandonar el país.

Más allá de las cuestiones jurídicas, detrás de esas columnas del pensamiento xenófobo existe un interés real por crear un chivo migratorio que construya un otro distinto del “nosotros los ciudadanos de bien”, anclado en ese lugar común que sentencia que el problema de la inseguridad se desprende del “descontrol migratorio”. Detrás de toda esa cortina de humo hay historias, están Nuirka, Douglas, Julián y tantos otros que exigen ser respetados como cualquier otro ciudadano o ciudadana de nuestro país.

Federico Piva – @fedep81