Todo el poder a la cárcel: el Senado discute una ley para endurecer las penas

Este miércoles el Senado de la Nación debatirá una ley que ya tiene media sanción para modificar la actual legislación sobre ejecución de la pena. Promovida por el radical mendocino Luis Petri y con apoyo de Cambiemos, se propone empoderar al Servicio Penitenciario y obstaculizar el acceso a derechos de los reclusos.

Mientras en varias cárceles del país cientos de personas privadas de su libertad llevan adelante una huelga de hambre contra la reforma regresiva, Notas dialogó con Karina Valobra, asesora de Remo Carlotto, diputado del Frente para la Victoria y militante del movimiento de derechos humanos.

En la Argentina el sistema penal se enmarca en el concepto de progresividad, tal como lo establece la Constitución en su artículo 18 cuando dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los condenados. Desde esa doctrina se para la actual ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad: el objetivo del sistema penitenciario debe ser la reinserción social.

“El encierro en sí mismo no resocializa a nadie. Endurece las condiciones en las que esa persona ingresa”, aseguró a Notas Karina Valobra. Y contrapuso que “el principio de progresividad busca que los condenados tengan formas de autorregulación, aún en los contextos de encierro”.

En la actualidad son los juzgados de ejecución penal quienes hacen un seguimiento de la condena y, en función de cómo se va desempeñando el condenado dentro del penal, a partir de un tiempo determinado tiempo les permite acceder a determinados derechos, para poder ir avanzando en un régimen progresivo”. Estos seguimientos pasarán, si el Senado acompaña la ley votada en Diputados, a manos de las penitenciarías para llegar sólo en última instancia a los juzgados.

“Hay toda una gama de posibilidades que de alguna forma funcionan como incentivo de los condenados para ir reinsertándose en la sociedad”, agregó y explicó que, por ejemplo, trabajar o estudiar mientras las personas están privadas de su libertad es algo que los juzgados a cargo de la ejecución de la pena consideran como positivo en el camino hacia la resocialización. Y que ejercer esos derechos es algo que permite, por ejemplo, tener posibilidades de salidas y libertades.

Para Valobra, la ley que se discutirá este miércoles “tiene que ver con el endurecimiento de la pena” y lleva “en el corazón” la búsqueda de restricción de las salidas anticipadas.

Por otro lado, alertó sobre los peligros de darle más poder al sistema penitenciario. “Es el gobierno de la cárcel sobre las políticas públicas. El acceso a derechos va a pasar por un filtro previo del propio carcelero antes de llegar a un juzgado”, advirtió. Además, sumó que se fomentarán mayores niveles de corrupción dentro de las cárceles: “Dentro de la cárcel funciona todo un sistema de toma y daca entre los miembros del servicio penitenciario y los presos. Y esto lo va a fortalecer. Porque va a pasar por el poder del servicio penitenciario la posibilidad de la concesión de una salida, de algún beneficio”.

Según la especialista -que también integra la Asociación Civil Juguete Rabioso que ofrece patrocinio gratuito a chicos privados de la libertad- los resultados de la reforma que plantea el oficialismo son necesariamente negativos. Además de lo ya mencionado, “va a generar mayor retención de los condenados dentro de la cárcel”. Y convertirá a las áreas sociales de las prisiones en dependencias con “un montón de funciones burocráticas y obstaculizantes para que las personas no accedan a los juzgados, en vez de hacer un trabajo en territorio para la reinserción: búsqueda de trabajo, armado de una red social de contención, cuestiones de salud, etc”.

Además, “nadie sabe bien en qué cárceles se va a cumplir” porque el sistema penitenciario “ya está colapsado”, dijo Valobra.

Por otro lado, Elizabeth Gómez Alcorta, presidenta del Movimiento de Profesionales de los Pueblos (MPP) afirmó que el proyecto “se vota sin discusión seria y a las apuradas”. Según expresó en su cuenta de Facebook, se trata de una reforma que “otorga facultades discrecionales y represivas al Servicio Penitenciario”, creada “al calor de los discursos de ‘ley y orden’ que parte de la dirigencia política sostiene refiriendo falsamente a la ‘puerta giratoria’, circunstancia falsa, que es corroborada por el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento en todas las jurisdicciones del país”.

Además, indicó que el proyecto “pretende ampliar la brecha de exclusión social una vez más. Una reforma seria de la política penitenciaria debe, ante todo, ser respetuosas de los derechos humanos”.

Este miércoles desde las 17 distintas organizaciones de derechos humanos se movilizarán al Congreso para rechazar la reforma promovida por Cambiemos.