Imputan a Macri, Peña y Prat-Gay por el decreto sobre blanqueo

La Justicia confirmó hoy la imputación del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay por haber firmado el decreto que permite que familiares de funcionarios se sumen al blanqueo.

La denuncia contra los funcionarios fue presentada por la diputada de Libres del Sur Victoria Donda y apoyada por otros diputados de su bloque y del Frente Para la Victoria, plantea que el decreto 1206/16 es ilegal e implica un claro “abuso de autoridad” de los firmantes que “viola la voluntad expresa” de los legisladores que aprobaron la ley original. También se plantea la sospecha, compartida hasta por legisladores radicales y otros aliados del Gobierno, acerca de la intención de favorecer a los funcionarios del PRO y a sus familiares investigados por cuentas en paraísos fiscales. Mucho se ha hablado de un decreto a la medida de las necesidades de Franco Macri, padre del Presidente.

El decreto con la firmas de Macri, Peña y Prat-Gay modifica la norma 27.260, la ley ómnibus conocida como de “Sinceramiento fiscal”, sancionada por el Congreso Nacional en junio de este año. El texto de la ley establecía taxativamente que los familiares directos de actuales funcionarios o de aquellos que hubieran ocupado cargos desde el 1 de enero de 2010 no podían sumarse al blanqueo de moneda o bienes “que figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les correspondiere al 31 de diciembre de 2015”.

El artículo 83 de la ley de Sinceramiento, largamente debatido en el Congreso, establece: “Quedan excluidos de las disposiciones del Título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82”. Estos incisos enumeran los distintos niveles de funcionarios que quedan explícitamente excluídos del blanqueo, desde el Presidente de la Nación hasta los agentes de inteligencia, pasando por todos los niveles del funcionariado nacional, provincial y municipal.

Sin embargo, el decreto presidencial recientemente aprobado plantea el siguiente agregado, bajo la consigna tan general como difusa de “efectuar ciertas precisiones” al texto de la ley aprobada, basándose en la “experiencia recogida” en los cuatro meses transcurridos: «Los sujetos comprendidos en el Artículo 83 de la Ley N° 27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional, dispuesta en el Título I del Libro II de la ley, exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a) al w) del Artículo 82 de la Ley N° 27.260, hubieran asumido los respectivos cargos».

Según la denuncia de Donda, finalmente impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan tras consulta del juez federal Ariel Lijo que lleva la causa, el decreto en cuestión, lejos de “efectuar ciertas precisiones que, respetando el espíritu de la normativa en cuestión, garanticen su mejor aplicación”, estaría yendo explícitamente en contra del texto aprobado con todas las de la ley en el Parlamento. Por esto se pide la imputación de los funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Según el artículo 248 del Código Penal puede corresponderle una pena de entre un mes y dos años de prisión al funcionario público que «dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».

En conferencia de prensa durante la mañana de este martes, el jefe de Gabinete intentó justificarse planteando: «Creemos que el decreto no modificó el espíritu de la ley. Tenemos tranquilidad sobre lo que hemos planteado». Por su parte, el presidente Macri en su única aparición pública del día (una visita a un hogar de menores en Guernica), evitó hacer declaraciones al respecto alegando que se encontraba «disfónico» por haber gritado demasiado los goles de Boca en el Superclásico.