Entre grúas y parquímetros, un nuevo ataque oficial contra los porteños

El mismo día en que se aprobó el presupuesto para la Ciudad, la Legislatura porteña le dio el visto bueno a otro polémico proyecto que tendrá impacto directo en la vida de miles de habitantes de la ciudad: una nueva ley de parquímetros que lleva los espacios tarifados de la ciudad del 1,2% a casi el 27%. También se aumentaron los costos de acarreo con grúa, favoreciendo nuevamente a empresas oscuras con las concesiones vencidas desde 2001.

El PRO, con la adhesión de los radicales de Suma+, logró aprobar un proyecto que autoriza a la Secretaría de Transporte y Tránsito a aplicar un nuevo sistema de estacionamiento medido que tendrá presencia en 14 de las 15 comunas porteñas. El proyecto apunta a que a partir de ahora el 45% de las calles de la ciudad cuenten con espacios de estacionamiento tarifado. 

Actualmente hay instalados unos 4 mil parquímetros en la Ciudad, especialmente en los barrios de Recoleta, Palermo y San Telmo, pero con el nuevo proyecto se pasará a 87 mil “terminales multipropósito”, con lo que se estaría cobrando por un 27% de las plazas de estacionamiento del total disponible en la ciudad  (334.654 existentes). Uno de cada cuatro lugares será pago.

Según el legislador Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, además hubo graves problemas de forma en el proceso de aprobación de la ley. Para Abrevaya, los 31 votos que apoyaron el proyecto serían insuficientes para la Constitución de la Ciudad que establece que «para concesiones de más de cinco años, para disponer del espacio público o de bienes del espacio público, como es el caso”, sean obligatorios dos tercios de la Cámara (40 votos) y no una mayoría simple. “Esto termina en un escándalo jurídico”, anticipó el legislador.

El conjunto de los legisladores que no votaron la ley denunciaron además que el objetivo principal del plan, lejos de un intento de «ordenamiento» del tránsito, tiene que ver con un auténtico afán recaudador por parte del Gobierno de la Ciudad, que con calculadora en la mano espera los dividendos de un aumento del 2000% en los sitios pagos. Paula Penacca, legisladora del Frente para la Victoria, sostuvo: “La extensión que se le da en este proyecto que propone Rodríguez Larreta es abusiva. La única comuna que va a quedar exenta de tener espacios tarifados es la Comuna 8. Pasan de 4 mil a 87 mil lugares donde se va a pagar. Esto llega a todos los barrios por supuesto lugares donde la gente vive y deja el auto en la puerta de su casa”.

La respuesta oficial al planteo es una segmentación de los espacios tarifados. Los no «residentes» deberán abonar una tarifa sencilla para dejar su auto en zonas de baja densidad de tráfico, pero pagarán incrementos escalonados para las zonas 1 y 2, más comerciales o con mayor afluencia de tránsito. Los residentes podrán usufructuar sin costo alguno el espacio para sólo un vehículo por casa (cuando en muchos hogares porteños hay más de uno) en un radio de 200 metros del domicilio, siempre que el auto se encuentre registrado en esa dirección. Esto es válido para las zonas de tarifa sencilla o progresiva zona 2. En la progresiva zona 1 los residentes de todos modos deberán abonar el estacionamiento medido, aunque con un 50% de descuento en la tarifa. La tarjeta de residente deberá revalidarse mensualmente en los Centros de Gestión y Participación porteños, sumando un engorroso trámite mensual al propietario de un auto.

El impacto de la nueva ley no será sólo para los titulares de vehículos. La Cámara de Garages porteña estimó que gracias a las nuevas medidas unos 2500 garajistas deban cerrar.

Pero a esta verdadera invasión de parquímetros debe sumarse el aumento de las multas por acarreo, que se multiplicaron por ocho desde 2007, muy por encima de cualquier incremento inflacionario. En aquel entonces la tasa de acarreo y remoción que había que pagar para poder retirar el vehículo del playón era de 92 pesos, mientras con la nueva ley será de 780 pesos. Y aquí sí que no se puede explicar el aumento por la voracidad recaudatoria de la Ciudad ya que ese dinero queda absolutamente en manos de las dos empresas encargadas del acarreo, que apenas pagan un ínfimo canon de 55 mil pesos mensuales a CABA.

Las dos empresas que se reparten el acarreo en la ciudad son Dakota S.A. (Viamonte hacia el norte) y BRD Saicfi (Viamonte hacia el sur), nacidas durante la intendencia de Carlos Grosso y con sus contratos de licitación vencidos hace 15 años pero que siguen operando irregularmente desde entonces gracias a oscuros vínculos políticos.

El canon que en teoría pagan, además, nunca se registra como ingreso para la Ciudad porque, por otro lado, las dos empresas reciben numerosos subsidios. Además de destinar la mitad de los 1500 agentes de tránsito a acompañar a los vehículos remolcadores (que además son sujetos de presiones por los conductores de las grúas para llevar incluso vehículos que no están en infracción), la Ciudad se hace cargo de las multas impagas de los vehículos acarreados y de un adicional a los afiliados a Camioneros, además de pagarle cifras millonarias al año en concepto de «alquiler de camiones» por las grúas. Se estima que desde 2008 ambas empresas se han llevado 260 millones en subsidios.

Un informe publicado en el mes de noviembre por la Auditoría General de la Ciudad (AGC) informa que “no se estaría verificando el correcto señalamiento (tanto horizontal como vertical) de los lugares prohibidos de estacionamiento dentro de las zonas asignadas a las empresas concesionarias”. Trampas para automovilistas destinadas a favorecer a las grúas. Todo un combo completo de situaciones irregulares que claramente apuntan a beneficiar a dos empresas sin que la Ciudad de Buenos Aires perciba ingresos ni ejerza ningún tipo de control.

En 2011 se aprobó la ley 4003 que establecía que de no resolverse la situación irregular de las grúas en el término de un año, el servicio de acarreo debía estatizarse. Pero aquella ley quedó en agua de borrajas y el nuevo proyecto sigue beneficiando a las viejas concesionarias. A causa de estas tan numerosas como permanentes irregularidades la AGC de Cecilia Segura concluye su informe denunciando que “el Estado porteño delega de forma escandalosa el poder de policía a empresas privadas”.