Grabois: “El salario social complementario es un nuevo derecho”

Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), fue entrevistado por Llevalo Puesto (FM La Tribu) después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de Emergencia Social. La iniciativa contó con 227 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Declara la emergencia hasta diciembre del 2019 y reconoce a los trabajadores de la economía popular. Ahora deberá ser ratificado en el Senado.

– ¿Cuál es la importancia de la media sanción que le dio la Cámara de Diputados al proyecto de Emergencia Social? ¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto?

– Hay dos temas para destacar. Por un lado el tema de las partidas destinadas a los programas laborales que es significativa: más de 30 mil millones de pesos en tres años. Por supuesto esperamos que aumente pero son partidas adicionales a las que ya figuraban en el presupuesto. Y que, en los valores de hoy, significan 250 mil nuevos puestos de trabajo.

Y por otro lado el reconocimiento legal del concepto de economía popular y la figura del salario social complementario. Este salario hay que entenderlo como un nuevo derecho de la seguridad social que se incorpora al marco de protección para los trabajadores argentinos. Y que abreva en un sector que, por lo general, es desconocido por las instituciones.

En Argentina hay trabajadores asalariados y trabajadores independientes. Los asalariados pueden ser del sector público o privado, pueden estar correctamente registrados o registrados de manera irregular o pueden estar en negro. Los trabajadores de la economía popular no tienen patrón, no tienen salario y, por lo general, no están registrados -salvo aquellos monotributistas- y trabajan de manera individual o asociada en cooperativas o asociaciones civiles. Este sector no cuenta ni con licencias, ni con vacaciones pagas, ni con aguinaldo, ni con ninguno de los derechos conquistados por la clase obrera industrial de mediados del siglo veinte. Entonces, el salario social complementario es una forma embrionaria de reconocimiento a los trabajadores de la economía popular.

– ¿En qué se podría plasmar concretamente el salario social complementario?

– Para dar un ejemplo que afecta a los medios populares: una radio comunitaria, por ejemplo, como las 250 o 300 que hay en todo el país, no tiene empleados; tiene voluntarios y algunas personas que se ganan algunos pesos de la pauta. Y que además no están agremiados porque, por lo general, los sindicatos no aceptan a los trabajadores independientes que no cotizan a través de los aportes patronales. Estos trabajadores por cuenta propia, entonces, se inscribirían en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular y deberían pasar una evaluación de vulnerabilidad social que, si bien es una barrera muy injusta, tiene que ver con las restricciones presupuestarias.

Entonces, una vez que se atraviesa ese proceso y se hace la inscripción en el Registro se puede obtener esta contraprestación que es el salario social complementario. El valor se va a ir discutiendo rama por rama. Comunicación popular podría ser una rama. Agricultura familiar podría ser otra. Y ese monto está pensado para que, junto a su ingreso, el compañero pueda redondear un salario mínimo, vital y móvil.

– El mecanismo parece ser un poco complicado para que los trabajadores puedan acceder al salario social complementario.

– En realidad no es muy diferente a otros beneficios del ANSES. Es el mismo mecanismo que se utiliza para cobrar la Asignación Universal por Hijo y, de hecho, las condiciones son similares. Desde luego todo esto se va a hacer desde una ventanilla oficial del Estado. Porque entendemos que no nos corresponde a las organizaciones sociales ser las proveedoras de los recursos sino que somos la representación colectiva de los compañeros frente al Estado. Y que esto sea así nos da transparencia y nos da fuerzas. Porque de otra forma se podría llegar a situaciones donde los compañeros participan por una cuestión de coacción económica -aunque sea de forma involuntaria- y esas situaciones no son lo que queremos. Nosotros logramos salir de eso y nuestras manifestaciones son multitudinarias, a pesar de que todos nuestros compañeros están bancarizados y cobran directamente sus ingresos a través de una tarjeta de débito personal. La implementación de este proyecto tiene que ser exactamente igual. Y la ley es muy clara en este sentido.

Lo que vamos a tener después es un problema de cupos que no sabemos cómo vamos a resolver. Creemos que la demanda va a superar con creces el presupuesto asignado y esto también puede significar un problema para el sistema. Pero calculamos que entre la sanción de la ley y el mes de marzo vamos a ir viendo cómo funciona.

– En los últimos días se debatió que las organizaciones piqueteras iban a controlar su propia obra social. Pero también se discutió sobre los trabajadores que no acceden al sistema de obras sociales sindicales. ¿Qué posibilidad hay de construir un sistema de salud para los trabajadores de la economía popular?

– Nosotros hicimos una petición formal el mismo día que nos dieron la personería sindical. Esto fue el último día del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa resolución terminó invalidada porque no fue publicada en el Boletín Oficial. Tuvimos que empezar de cero y volver a presentar todos los papeles.

La realidad es que ahora los monotributistas sociales -que es la categoría más baja de la escala- pagan su aporte y ese aporte representa unos 3 mil millones de pesos anuales. El Estado dice: «Elija la obra social que usted quiera». Y el compañero, con toda la ilusión, se anota. Pero cuando va a la obra social le dicen: «No, señor. Usted es monotriburista social y acá no tiene nada que hacer». Frente a esta situación lo que hicimos -a modo de parche- fue firmar un convenio con algunas obras sociales chicas para que los compañeros puedan acceder al servicio. Es provisorio y sólo pudimos afiliar 30 mil compañeros en todo el país, porque el mecanismo tiene muchas complicaciones administrativas.

Nuestro planteo, entonces, es que cualquier organización con personería social con determinado piso de cinco mil afiliados -que es, en definitiva, una especie de personería gremial para trabajadores informales- tiene la posibilidad de conformar una obra social sindical como cualquier otro gremio. Porque de otra forma esos 3 mil millones de pesos, que son el aporte de nuestros compañeros, se pierden cuando podrían destinarse a tener una cobertura en tratamientos médicos, medicamentos, odontología, internación, etc. Lo que se conoce como el Plan Médico Obligatorio.

La otra alternativa que propusimos es que se cree una obra social única como sería IOMA o PAMI con un directorio mixto que sea estatal pero que haya participación de las organizaciones sociales y que prestaría cobertura a todo este universo de trabajadores. Lo que no podemos seguir tolerando es que esos aportes desaparezcan como por arte de magia y solo el 10% de los monotributistas sociales tenga acceso a una obra social.