4 diciembre, 2016
Colectivos sin convenio
El martes 29 los choferes de las líneas 176, 448 y 510 efectuaron una sorpresiva medida de fuerza. La empresa “Metropolitana” pretende imponer un convenio colectivo que atenta contra los derechos y leyes laborales existentes. Los parámetros del actual modelo neoliberal legitiman a las empresas para proceder de un modo injusto e ilegal con sus empleados.

El martes 29 se conoció la sorpresiva medida de fuerza efectuada por choferes de las líneas 176 y 448, que unen la Ciudad de Buenos Aires con Pilar y Escobar y la línea 510, del partido de Pilar. Los trabajadores se oponen a la implementación de un nuevo convenio colectivo impuesto por la empresa concesionaria “Metropolitana”. El mismo va en contra de los derechos y leyes laborales existentes.
Hace unas semanas, mediante la presentación de quiebra de la compañía Expreso General Sarmiento, el servicio pasó a manos del monopolio que es ya dueño de otras 25 líneas de colectivos que funcionan a lo largo del conurbano bonaerense. Se pretende imponer a los más de 800 trabajadores un nuevo convenio que consiste en desconocer la antigüedad de los choferes, pagarles en negro las horas extras, otorgar sólo cuatro francos mensuales de los seis que les corresponden e incorporar la opción de trabajar hasta 16 horas diarias, de las cuales sólo la mitad serían pagadas en blanco. Además, se busca implementar cinco días de suspensión a aquellos trabajadores que falten a su puesto laboral, aunque lo hagan con previo aviso.
Por otro lado, los trabajadores también denuncian que, en el caso de la línea 176, solamente se puede utilizar la mitad de la flota de 140 coches. La mayoría se encuentran en muy mal estado y sin embargo no se realizan las inversiones necesarias para repararlos.
Injusticia laboral, resultado de un proyecto de gobierno
A lo largo de este año, Mauricio Macri fue explicitando sin inconveniente alguno su proyecto de profundizar la flexibilidad del mercado de trabajo, planteando que habría que “modificar las relaciones laborales”. En sintonía con ello es que se pretende aprobar una nueva ley de ART que demanda más exámenes y requisitos para impedir que los trabajadores y trabajadoras inicien juicios por accidentes laborales.
En cada acto llevado a cabo en fechas importantes como el 1 de mayo y el Bicentenario de la Independencia, realizó ataques a los gremios y críticas a toda búsqueda de resistencia y avances en los derechos del pueblo trabajador. Incluso hace unos días -y luego de la multitudinaria marcha por la Ley de Emergencia Social-, en el acto de lanzamiento de un programa de marketing digital, aprovechó la oportunidad para hablar de la necesidad de “analizar y discutir los convenios colectivos”. Su propuesta es “adaptarlos al siglo XXI” para no correr el riesgo de “debilitar” los puestos laborales existentes. Algo que dicho al pasar para algunos puede parecer lógico y, sobre todo, si se contempla también la “sugerencia” del presidente de “renovar” las cúpulas sindicales.
El resto de los funcionarios del gobierno no se queda atrás en esto de “sugerirles” a los gremios: ya en enero durante la negociación de paritarias, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, recomendó a los sindicatos analizar “hasta qué punto arriesgar empleos a cambio de salarios”, mientas que en agosto el titular de la cartera de Producción, Francisco Cabrera, expresó firmemente que “hay que bajar el costo del empleo”.
Sin embargo, todo esto que puede sonar lógico otorga legitimidad a las empresas como la Expreso General Sarmiento y su concesionaria Metropolitana para proceder de forma tan injusta como ilegal con sus empleados.
Un retroceso que sólo recae en los trabajadores
“La empresa quiere que trabajemos gratis”, señaló a Notas uno de los choferes de la línea 176 (cuyo nombre preferimos preservar). “Todo esto empezó porque a los más viejos en la empresa, a los que les faltan dos años más o menos para jubilarse, los quieren hacer retirar dándoles 50 mil pesos”, relató. Además mencionó que pese a los reclamos que vienen realizando por el mal estado de los coches, se los obliga a salir igual “hasta con la rueda pinchada”.
“Los responsables si pasa algo y a quienes les hacen juicio, somos nosotros. Si tenemos que suspender el viaje porque se rompe un coche a la gente les tenemos que explicar nosotros”, agregó.
Evitando pagarles en blanco la totalidad de sus horas, estableciéndoles suspensiones de cinco a diez días por faltar, aunque sea con aviso previo y por enfermedad, haciéndoles perder el presentismo y por lo tanto una gran parte del sueldo, las empresas se desentienden de sus responsabilidades y avasallan los derechos de sus empleados.
Los choferes, mientras tanto, debatirán durante esta semana posibles nuevas medidas de fuerza para defender sus derechos laborales.
Mariela Di Francesco – @maridifran
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