Abogada de Milagro Sala: «El Estado está incumpliendo sus compromisos internacionales»

Una de las abogadas de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, analizó en diálogo con Notas el reclamo de los distintos organismos internacionales -entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado viernes- por la detención irregular de la dirigente de la Tupac Amaru. Calificó la respuesta del gobierno como “un escándalo jurídico internacional”.

El viernes 2 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó al Grupo de Trabajo contra las detenciones arbitrarias de la Organizaciòn de Naciones Unidas (ONU) y al presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro en su demanda al Estado argentino de dar una «pronta respuesta» a la encarcelación de Milagro Sala.

Los posicionamientos de los organismos internacionales son, para la abogada, “absolutamente fundamentales” en la causa, más aun teniendo en cuenta “que aún queda pendiente de resolver una medida cautelar en la Comisión”.

Gómez Alcorta afirmó que el posicionamiento de la CIDH “pone en blanco sobre negro” en que, que más allá de la obligación que tiene el Estado de responder ante cualquier hecho, “la detención es arbitraria”, y allí es donde se centran las resoluciones. Según explicó, el Estado “incumple en una serie de compromisos que asumió con la comunidad de las naciones”. “No alcanza con que un juez dicte una orden de detención, se requiere un piso más. Esto tiene que ver con un avance de la comunidad internacional respecto a los derechos y garantías que tienen todos los ciudadanos”, explicó.

“Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante la comunidad de las naciones entendió que era necesario dictarse, entre los distintos Estados, ciertas normas que regule los compromisos sobre el respeto a los derechos básicos de los ciudadanos”, historizó Elizabeth Gómez Alcorta. De acuerdo a la abogada, en las últimas tres décadas en Argentina y en Latinoamérica en general el respeto internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional empezó a ocupar “un lugar central”, sobre todo con la ratificación de los tratados de la CIDH, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales.

En este sentido, el sistema interamericano –conformado por la CIDH y la Corte Interamericana- empezó a tener “una gravitación central en el cumplimiento de las resoluciones y en el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos de todo Latinoamérica”. Lo mismo pasa, completó Gómez Alcorta, “con el sistema universal, aquellos grupos de trabajo, comité y relatorías de Naciones Unidas”.

“El impacto que tiene la resolución de la CIDH es central, o debería serlo”, afirmó la abogada, integrante del Movimiento de Profesionales de los Pueblos. Y subrayó que “el Estado está incumpliendo sus compromisos internacionales”.

De acuerdo a Gómez Alcorta, como el Estado formó parte tanto ante el procedimiento ante Naciones Unidas como la Comisión Interamericana, tuvo posibilidad de expedirse y de aportar pruebas. “No puede”, concluyó, “una vez que la resolución es contraria a sus intereses decir que no las va a cumplir. Es un escándalo jurídico internacional”.