El Gobierno justifica la detención de Milagro Sala ante organismos internacionales

Luego de quedar clara la pobreza del primer argumento oficial con el que se trató de descartar el planteo de la ONU señalando que se trataba de «una simple opinión», el Gobierno se vio obligado a dar explicaciones algo más formales. A través de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno nacional respondió a los cuestionamientos internacionales con un documento que sostiene que Sala «lejos sufrir una detención arbitraria, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos».

En el material, que sostiene que «se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas», se afirma que liberar a la dirigente de la Tupac Amaru «implicaría un claro peligro» para la investigación debido a «las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa».

El documento apunta a responderle a la declaración que el Grupo de Trabajo de la ONU hizo pública hace 20 días señalando que en la denuncia acerca de la detención «arbitraria» de la dirigente social se «desatienden una serie de cuestiones fácticas esenciales para arribar a semejante conclusión». Luego concluye: «Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria».

En el documento también se invita a los organismos internacionales a visitar Jujuy, tal como el presidente Macri le había adelantado al primer ministro canadiense Justin Trudeau hace algunos días luego de que este le transmitiera la preocupación de su país por el tema, «a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada».

Según detalla La Nación, el gobierno habría adjunto a este documento de 21 páginas un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y otras 52 páginas con los fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.

La prisa del gobierno por hacer público el documento también tiene que ver con que este jueves se conoció un nuevo planteo internacional reclamando la libertad de la dirigente jujeña. El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU (CERD), con quienes se reunió el miércoles el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj , le transmitió un fuerte cuestionamiento en el sentido del respeto a los planteos de los organismos de la ONU.

Pastor Murillo, relator para Argentina del Comité, descartó los argumentos de Avruj de que Sala no está detenida en tanto representante de un grupo étnico sino “por delitos de corrupción y violencia”, planteando: “Entiendo la posición del Estado, pero cuando se presenta la detención de una líder indígena el asunto no puede leerse al margen de su rol en la sociedad. La detención está asociada a un caso de corrupción, pero puede investigarse con ella en libertad. Hay un dictamen muy acertado del grupo de Trabajo. Esa decisión tiene que ser cumplida”.

Avruj intentó zafar de los cuestionamientos con el endeble argumento del «respeto a la autonomía de la justicia provincial» desconociendo manifiestamente que el Estado Nacional es el responsable y garante del cumplimiento de los pactos internacionales sobre derechos humanos y las resoluciones de la ONU.

La reunión en la ciudad de Ginebra entre funcionarios argentinos, expertos de la ONU y ONGs tenía el objetivo de debatir sobre los derechos humanos de migrantes y pueblos indígenas, pero el tema de la libertad de Milagro Sala, que no estaba en agenda, volvió a plantearse. La lucha por la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru suma repercusiones a nivel internacional, continúa incomodando a los funcionarios argentinos y cada vez le hace pagar un costo político más alto al gobierno de Mauricio Macri.