Nacionales

22 noviembre, 2016

Carrió denuncia penalmente a tres funcionarios del Ministerio de Energía

La diputada de la Coalición Cívica denunció a tres funcionarios del Ministerio de Energía de Aranguren, planteando posibles «negociaciones incompatibles con la función pública». Se trata de José Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile, ex empleados de petroleras que podrían haberlas beneficiado con una serie de decisiones sobre el mercado del gas licuado envasado.

De poco sirvió la cena de hace algunos días en Olivos entre la diputada Elisa Carrió y el presidente Macri para «limar asperezas». Si bien Lilita acordó «darle tiempo» a Daniel Angelici y no insistir en el corto plazo con las denuncias en su contra, parece que la diputada funciona como una caldera de denuncias que se arriesga a estallar si no canaliza judicialmente algunas de sus indignaciones.

En esta ocasión las víctimas del fuego amigo de Carrió, en este caso más que justificado, fueron tres funcionarios del Ministerio de Energía comandado por Juan José Aranguren. En horas de la mañana de este martes, la diputada presentó una denuncia penal sobre ellos para que se investigue el posible delito de «negociaciones incompatibles con la función pública».

Los denunciados son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda, el subsecretario de Refinación y Comercialización Pablo Popik y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo Luis Barile. La denuncia fue presentada en la Cámara Federal y el sorteo determinó que la causa 16819/2016 recayera en el juzgado federal Nº 11, encabezado por el juez Claudio Bonadio.

denunciaCarrió ya había cuestionado hace algunos meses al mismo Aranguren por su carácter de accionista de Shell, por lo que no podía «lanzar una licitación para comprar gas y adjudicárselo a una empresa donde tiene acciones». «Eso es conflicto de interés acá y en China», afirmó la diputada en su momento.

El actual planteo contra los subordinados de Aranguren pide a la Justicia que «determine si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la función pública; afectando la ‘imparcialidad’ y ‘fidelidad’ en el desempeño de sus funciones».

Según detalla la denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, entre 1995 y 2015 Sureda fue vicepresidente de ventas de Pan American Energy (PAE), la mayor productora de crudo del país. Popik, por su parte, trabajó para Repsol YPF y luego ocupó cargos en Exxon y Axion Energy, entre 2012 y 2015. La Dirección de Gas Licuado a cargo de Barile, que trabajó para Exxon entre 2009 y 2014, es la responsable de definir los cupos de gas propano a ser envasados por las grandes fraccionadoras y de fijar las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento, con lo que se definen los beneficios de cada empresa «en el marco del mercado de las garrafas sociales», explica la denuncia.

En ese contexto, la denuncia de Carrió plantea que las resoluciones del 7 de junio y del 2 de agosto «habrían beneficiado directa y/o indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican Sur S.A., eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor», situación en la que la estatal ENARSA debió cubrir los faltantes. Las justificaciones de las empresas apuntan a supuestas alteraciones en la calidad de gas proveniente de Bolivia.

El escrito que se encuentra ya en manos de Bonadío plantea que los tres funcionarios denunciados «han estado directamente vinculados a las beneficiadas durante años hasta inmediatamente antes de ocupar los actuales cargos; por lo que se encontrarían legalmente inhabilitados para intervenir en las actuaciones administrativas que concluyen con tales beneficios, entendiendo esta intervención como cualquier tipo de gestión y/o interés; aunque la rúbrica final pudiera haberse delegado en el propio ministro, para -de este modo- burlar la manda judicial». Los funcionarios no pueden intervenir en asuntos vinculados a sus empresas de procedencia hasta pasados por lo menos tres años de su desvinculación absoluta. «La imparcialidad debe ser absoluta y real», agrega la denuncia.

También se explica que el posible «vaciamiento» de la Dirección de Gas Licuado de Petróleo apunta a diluir el poder del Estado en cuanto a sus tareas de fiscalización del fraccionamiento que medianas empresas nacionales hacen del fluido provisto «por grandes pulpos como la Pan American Energy», a quienes así se estaría beneficiando con subsidios

Carrió solicita se requieran al Ministerio de Energía los contratos con PAE, Panamerican Sur y Refinos y que se cite a sus representantes a declarar. Además, exige que la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso remita «toda actuación administrativa que pudiera involucrar a los denunciados».

 

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