Derechos Humanos

20 noviembre, 2016

Violencia institucional: prácticas ilegales sistemáticas

Manuel Tufró es coordinador del Área de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En entrevista con Código de Radio habló sobre la violencia institucional, en el marco de la segunda Marcha de la Gorraque se realizará en Mar del Plata. Será este lunes 21 de noviembre, bajo la consigna: “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”.

Manuel Tufró es coordinador del Área de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En entrevista con Código de Radio* habló sobre la violencia institucional, en el marco de la segunda Marcha de la Gorra que se realizará en Mar del Plata. Será este lunes 21 de noviembre, bajo la consigna: “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”.

El CELS divide su trabajo de estudio en diversas áreas. Manuel Tufró, quien coordina la de Violencia y Seguridad, explicó que entienden a la Violencia Institucional como todas aquellas situaciones donde esta es ejercida e involucra a funcionarios del sistema penal, fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y Poder Judicial; incluso en institutos de encierro de salud mental. Ello, sin desconocer la posibilidad de que puedan existir otros supuestos.

Tufró aclaró que en los últimos tiempos se dan distintos fenómenos que están torciendo esa definición de violencia institucional: casos donde no hay participación directa de funcionarios del Estado, que implican la necesidad de revisar la categoría.

Como paradigma de ellos menciona los homicidios que involucran a bandas criminales que operan con algún tipo de tolerancia, connivencia o incluso regulación policial. Es decir, que no podrían existir sin el amparo de la policía en ese territorio. Al respecto, sostiene que para quienes están acostumbrados a exigir y culpabilizar al Estado por los hechos de violencia institucional, en estos casos “hay que hacer una construcción más compleja de la demanda”.

Otro supuesto de estas características son los que se están dando dentro de las unidades penitenciarias entre personas detenidas: “Hay una delegación de la violencia por los funcionarios y también de funciones. Hay detenidos que cumplen funciones que debería cumplir el servicio penitenciario y la violencia queda en manos de esas personas detenidas y la participación del servicio penitenciario queda en parte invisibilizada”, explicó.

El integrante del CELS aclaró que la violencia institucional existe desde que existen las instituciones. Sin embargo, reconoce un quiebre en esas prácticas en el período de la última dictadura militar; tiempo en el que surge la agrupación de derechos humanos que integra. Identificó que ese tiempo dictatorial “provocó cambios cualitativos en la policía y se impusieron algunos patrones de violencia que después subsistieron con otras lógicas, no ya respondiendo a un plan de exterminio, sino como parte de la actividad cotidiana de las fuerzas de seguridad y del sistema penal en general”.

Como contracara, otros aspectos de la violencia institucional han ido mutando. Ejemplo de ello son las víctimas de dicha violencia, que en los últimos años raramente son jóvenes de la clase media, lo que era moneda corriente durante los ochenta y principios de los noventa (por ejemplo, casos como el de Walter Bulacio). “El control estaba extendido sobre la población mucho más, cuando hoy se encuentra estrictamente sobre los jóvenes pobres. Los jóvenes de la clase media en la actualidad no tienen contacto con la policía, mientras que los jóvenes pobres tienen contacto permanente y sufren esa violencia”, agregó Tufró.

Frente a la persistencia de estas prácticas y la imposibilidad de los gobiernos de ponerle un freno, el especialista rememoró el concepto de “doble pacto” desarrollado por Marcelo Esaín, por el cual la autoridad política delega la administración de seguridad y del delito en la policía, sin involucrarse en el monitoreo de su accionar, a cambio de que le garantice porcentajes mínimos de conflictividad social.

Tufró prefiere hablar de prácticas que son sistemáticas -por lo reiteradas- pero no legalizadas, “porque ello implicaría una decisión muy consciente o de planificación” y lo que se percibe es simplemente una falta de voluntad de meterse en desarmar las formas del funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

A ello le sumó el funcionamiento corrupto de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario “que muchas veces recurren a la violencia como códigos mafiosos dentro del funcionamiento de los mercados ilegales”.

Opinó también que, para poder cambiar esas prácticas, tiene que haber un nivel de consenso muy fuerte; no solo de quienes ocupan el gobierno sino también de la oposición porque, si bien muchas veces la cuestión puede llegar a dificultar la gobernabilidad, es una modificación que a corto plazo puede traer consecuencias riesgosas y recién efectos positivos a largo plazo, lo que genera poco atractivo para los partidos políticos.

Remarcó que la zona más complicada en este tema es la provincia de Buenos Aires y, principalmente, el conurbano, lo que no quiere decir que no haya casos muy graves de violencia institucional en otras provincias.

Entre otras cuestiones, comentó que la provincia de Mendoza tiene casos de policía muy violenta; Chubut, una sucesión de desapariciones forzadas como la de Iván Torres y asesinatos que involucran a la policía y el poder político; la ciudad de Comodoro Rivadavia índices de homicidios altísimos; y las provincias de Córdoba y Santa Fe casos graves de connivencia con el narcotráfico.

Dentro del área, el CELS ha trabajado recientemente un informe titulado “Violencia Institucional. Hacia la implementación de políticas de prevención”. Entre las conclusiones sobre la provincia de Buenos Aires, su coordinador destacó que en la actualidad persisten muchas prácticas conocidas, pero que la diferencia está en la presencia policial en los barrios. En algunos hay una presencia permanente de fuerzas de seguridad; inclusive de fuerzas federales o policías locales, que antes no estaban o entraban solamente para realizar algún allanamiento violento o alguna acción ilegal.

“Esto ha dado lugar a otras formas de accionar, de conflictividad y de abuso como lo son el hostigamiento centrado en la interceptación, el verdugueo y la imposición de autoridad en la calle. Antes se centraba en la detención por averiguación de identidad que implicaban traslado a comisarías. Ahora la cuestión se juega mucho más en la calle”, afirmó Tufró.

Por otro lado, el proyecto del CELS pudo relevar otras situaciones menos frecuentes pero más graves en sus consecuencias, que son las relaciones extorsivas que la policía establece con ciertos jóvenes a los que se les arman causas, se los utiliza y se los descarta para dar una solución a alguna causa penal. “Tiene que ver ya con una regulación del delito”, expresó.

Sobre las policías locales, el investigador indicó que han terminado por reproducir las lógicas de la Bonaerense, fuerza que las creó. Entre sus falencias, identificó que tienen problemas por escaso tiempo de formación, incluso mal uso de armas de fuego -hasta accidentales- y un uso de la violencia que se ha intensificado en los últimos meses.

“En sus primeros meses fueron ninguneados por la misma Policía de Buenos Aires o personas de distintos barrios, como si fuesen una fuerza de seguridad de menor envergadura y eso creo que en lo posterior ha llevado a una exacerbación de la violencia como modo de imponer autoridad. Quizá una fuerza como la Bonaerense que esta hace tanto tiempo en el territorio no lo necesita”, concluyó Tufró.

Lucía Banus – @luciabanus

* Código de Radio se emite los miércoles de 21 a 23hs en FM De la Azotea 88.7, Mar del Plata. También se retransmite por algunas emisoras comunitarias de la Red AMARC Argentina –@codigoradiomdp

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